El Comité Autónomo de la Regla Fiscal puso la lupa al Marco Fiscal de Mediano Plazo, que el Gobierno de Gustavo Petro publicó el 14 de junio, e hizo algunos reparos, comentarios y recomendaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la financiación de las reformas sociales que el Ejecutivo tramita en el Congreso. Y si bien señalan que el MFMP se construyó con supuestos macroeconómicos “realistas y consistentes con lo que los analistas y los mercados esperan”, hay algunos elementos que preocupan.
En el informe de la Carf: Llamado a la prudencia en el gasto para cumplir con la Regla Fiscal, se advierte que el Gobierno no habría tenido en cuenta los gastos adicionales que provocarían —de aprobarse— las reformas a la salud y la pensional, lo que podría llevar al incumplimiento de la regla fiscal:
“El CARF estima que los costos que son medibles y que serían adicionales a los recursos contenidos en el MFMP, que se derivarían de la implementación de la reforma a la salud ascenderían a 6,7 billones de pesos, en promedio, por año. Esto es 0,4% del PIB adicional en las erogaciones inflexibles anuales. Este cálculo supone un crecimiento de los gastos en servicios ambulatorios y hospitalarios especializados equivalente al del PIB real, supuesto conservador al no tener en cuenta el envejecimiento poblacional”
Sobre la reforma pensional, las estimaciones del Carf orbitan en torno a que anualmente las erogaciones serían cercanas a los 5 billones de pesos, que representa el 0,3% del PIB.
También señala que, los gastos provocados por las reformas sociales del Gobierno nacional “se estima que asciendan en conjunto a 0,7% del PIB” y que el Ejecutivo no ha revelado “cuál es la estrategia para financiarlas en cumplimiento de la Regla Fiscal”.
Además, estima que la reformas, en el corto plazo, pueden representar un gasto mayor al 0,7% del PIB: “Dado que la senda de gasto propuesta por el Gobierno no deja ningún margen, este gasto incremental no tendría espacio fiscal dentro de la programación, y, en consecuencia, la aprobación de dichas iniciativas requeriría la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos estructurales”.
También hacen reparos frente a los cálculos que el Gobierno podría hacer de cara al presupuesto de 2024, pues señalan que de programarse el presupuesto “con un tope de gasto como el previsto en el MFMP, se estaría dando pie a un eventual incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal, al no cumplirse la correspondencia entre gastos e ingresos estructurales”. Y cuestionan que se estén teniendo en cuenta ingresos adicionales sobre los que no se tiene seguridad, como los recaudados por gestión de la DIAN, equivalentes a 1,3% del PIB.
Señala que dada la incertidumbre que afecta el escenario macroeconómico y fiscal y el contexto global, no es prudente hacer una programación fiscal sin ningún margen de maniobra ante eventuales eventos adversos como podrían ser menores precios o producción de petróleo, una mayor desaceleración económica, una depreciación del peso o una inflación persistentemente más alta.
“En consecuencia, el país se ha quedado sin espacio para hacer política fiscal contra cíclica de manera prudente o para acomodar el mayor gasto público resultante de las reformas propuestas por el propio Gobierno. El Carf hace un llamado para que el Presupuesto General de la Nación de 2024 se programe con un techo de gasto que asegure el cumplimiento de la Regla Fiscal, teniendo como base los ingresos estructurales de la Nación”
El Carf también prevé que para 2024 habrá un deterioro, tanto del déficit fiscal como de la deuda neta del Gobierno, pues, a pesar de haberse aprobado dos reformas tributarias en los últimos dos años que aumentaron de forma importante los ingresos de la Nación. Y advierten que este marco normativo genera presiones fiscales considerables, ya que estiman que por cada peso que se recaude por la reforma tributaria de 2022, se deben destinar más de 0,4 a mayor gasto en el mediano plazo.
Mientras que en 2024 serán 0,07 pesos; 0,16 en 2025; 0,26 en 2026 y 0,38 pesos de 2027, en adelante, los que entren al Sistema General de Participaciones.
“Lo anterior resta margen de maniobra a la programación fiscal y obliga a que otros rubros deban ajustarse más que proporcionalmente para cumplir con el tope de gasto, independientemente de las necesidades de esos sectores. Esta lógica de tener gasto atado al ingreso genera un sesgo hacia el aumento estructural del gasto, que pone en riesgo la consolidación fiscal del país”.
En el informe de la Carf también ponderan las decisiones del Gobierno nacional para cerrar la brecha entre el precio regulado y el precio de referencia de los combustibles, que busca disminuir la acumulación del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)
El informe completo se puede leer a continuación:
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