Tuluá sigue inmersa en una preocupante ola de violencia. El asesinato de John Jaiber Hincapié, agente de tránsito del municipio del Departamento del Valle del Cauca, es el tercer homicidio relacionado con las autoridades de movilidad, que se registra en menos de una semana.
El agente de tránsito perdió la vida cuando se desplazaba en una motocicleta, junto con una colega de su trabajo, cuando hombres armados, que también iban en moto, lo interceptaron y le dispararon en inmediaciones del barrio Bicentenario, cerca de la plaza de mercado de esa comunidad, informó el periódico regional El País de Cali.
Ante estos crímenes, que afectaron directamente a los funcionarios de Movilidad del municipio, su alcalde, John Jairo Gómez Aguirre, se encargará temporalmente de las funciones del Departamento Administrativo de Movilidad.
“La Administración municipal de Tuluá rechaza y repudia el hecho violento ocurrido en las últimas horas, el cual le costó la vida al agente de tránsito John Jaiber Hincapié”, indicó el mandatario en un comunicado.
Este asesinato se suma a los de Alejandra Guatapi Franco, directora del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial, y Katherine Toro, contratista de la misma dependencia, que fueron ultimadas dos días antes.
La secretaria de Movilidad de Tuluá, identificada como Yuri Alejandra Guatapi Franco, fue asesinada en medio de un atentado sicarial cuando se movilizaba en un vehículo particular.
La secretaria iba acompañada de otra funcionaria identificada como Katherine Toro, quien también falleció debido a la gravedad de sus heridas. El hecho ocurrió en el barrio Palo Bonito, centro de la ciudad.
Por los asesinatos de Alejandra Guatapi, Katherine Toro y John Jaiber Hincapié, la Administración Municipal ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que lleve a la captura de los responsables del hecho y decretó tres días de duelo.
“La administración municipal está entregando una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos lleve a esclarecer estos tristes y lamentables hechos”, anunció el alcalde Gómez Aguirre en las primeras horas del domingo 9 de julio.
Desde Bogotá fue enviado el general Carlos Humberto Rojas, jefe Nacional del Servicio de Policía, quien lidera las indagaciones por estos homicidios.
“No vamos a descansar hasta lograr la captura de las personas que cometieron este lamentable hecho. Venimos acompañados de un equipo especializado de investigación criminal, de inteligencia policial. Activamos a nivel nacional una línea contra el crimen 3143587212″, informó el alto oficial.
Entre tanto, en redes sociales se hizo viral un supuesto comunicado atribuido a una estructura criminal que se denomina como la “Oficina de Tuluá” en el que señalan que cometieron el crimen del agente de tránsito y el de otro hombre, porque eran los directos responsables del asesinato de las dos funcionarias de la entidad de Movilidad municipal.
“La persona que se le dio de baja ayer en Agua Clara y este agente de tránsito tienen que ver en los hechos donde perdieron la vida estas dos honorables y trabajadoras femeninas, el cual nuestra organización rechaza y está tomando medidas correctivas como se debe con las personas que cometieron este atroz crimen”, aseguraron.
Adicionalmente, en el mismo texto, amenazaron con más asesinatos porque todavía habría más personas implicadas a las que les aplicarían ese ‘correctivo’.
“Aquí dejamos un mensaje claro para todas esas personas que les gusta prestarse para: (prestar su casa o que escondan gente que no sea de nuestra organización y hagan cosas sin permiso y dan datos de personas para hacerles daño a otras personas sin permiso de nuestra organización), ya saben cuál es el correctivo (...) No vamos a parar hasta que no demos con el último que participo en estos hechos (sic)”, finalizaron la amenaza.