Luis Fernando Velasco afirmó que el Gobierno no está para darle garantías a las bandas criminales

Con el objetivo de sostener reuniones con las autoridades regionales del Chocó, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, visitó este departamento donde desde hace cinco días se presenta un paro armado del ELN.

A la salida de una de las reuniones, Velasco habló con la prensa y manifestó que “hay dos tareas distintas, el poder de la palabra, el poder de sentarse a hablar, el poder negociar, se ha negociado un cese al fuego, queremos que se cumpla y que se respete con la población civil. Pero que nosotros estemos en el marco de unas conversaciones, no significa que hemos renunciado al deber constitucional de darle garantías a los ciudadanos, si hay acciones delincuenciales, tanto el Ejército como la Policía tienen que responder”.

Ante la pregunta sobre la publicación de un comunicado de prensa donde las bandas criminales aseguran que el Gobierno nacional no les ha dado garantías para ellos, el ministro respondió: “Una banda criminal lo que le tiene que pedir al Gobierno no son garantías, sino un cupo ante un fiscal para hacer sometimiento a la justicia. El Gobierno no está para darle garantías a las bandas criminales, se le debe entregar garantías a los ciudadanos”.

Un cese al fuego con ataques directos a la población civil no parece un buen cese al fuego. Evidentemente, el alto comisionado de Paz, como parte de los diálogos que tiene con esta organización, ha asumido esa actitud, está preguntando y queremos resolver. No solo en el ejercicio del diálogo, sino también de la acción de fuerza pública”, dijo Velasco.

La presencia del ministro del Interior en el Chocó también tiene que ver con la queja que había presentado la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre 66 puestos de inscripción de cédulas que no habían podido comenzar labores debido a los problemas de orden público presentados en ese departamento y en Nariño.

El registrador nacional, Alexander Vega, había dicho que “hay un paro armado en municipios como Istmina, donde no hemos podido iniciar en los puestos la inscripción, pero también con la firma del cese bilateral con el ELN confiamos plenamente en que esta organización tampoco interfiera en el proceso electoral”.

Del mismo modo, la Misión de Observación Electoral (MOE) había advertido que, debido al paro armado indefinido en el Chocó, funcionarios vinculados a las Registradurías municipales de Nóvita, Sipí, Istmina, Medio San Juan, Río Iró y Litoral de San Juan no habían podido acceder a los puestos de votación del área rural para iniciar el proceso de inscripción de cédulas que, de acuerdo con el calendario electoral, debía iniciar el 5 de julio.

Ante esto, Velasco respondió que “hemos tomado una serie de decisiones para permitir que en los 52 puestos de votación de los 66 que en Colombia han tenido dificultades sean cubiertos y así lo vamos a hacer en los próximos días. Nosotros vamos a abrir todos los puestos de inscripción de cédulas en el Chocó”.

Sin embargo, advirtió que las elecciones también cuentan con otro tipo de amenaza: “Está la amenaza del dinero, la que yo llamo, la amenaza Odebrecht, o sea la plata que le meten a las campañas en todos los niveles nacional y local, lo estamos trabajando y para que tengamos dimensión de lo que queremos es que el gran órgano de inteligencia financiera del Estado nos colabore para detectar en donde hay movimientos irregulares de dinero en vísperas del proceso electoral para poder entender qué pasa y cómo intentan, con dinero, dañar las elecciones”.

Confirmó que está dentro de las prioridades que desde Presidencia de la República se señale una fecha para gobernar desde el Chocó como lo hizo Gustavo Petro desde La Guajira. Velasco informó que la próxima movilización de despacho desde un territorio va a ser en el sur del Pacífico ya sea en el departamento del Cauca o de Nariño