“El exterminio físico y cultural del pueblo awá avanza”: Camawari clama por la protección de los indígenas

La población indígena de Colombia sigue llorando a sus muertos. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), entre 1958 y 2019, 5.011 integrantes de las diferentes comunidades étnicas del país perdieron la vida a manos de actores armados en el marco del conflicto. En 2022 esta población fue la más afectada por la violencia con 42 de sus líderes asesinados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Ahora, en 2023, la situación de orden público continúa y sigue afectando a las comunidades indígenas. La violencia la han sufrido en gran medida los resguardos indígenas que pertenecen al Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), en Nariño. Desde febrero de 2023 ya se han registrado cuatro asesinatos de miembros de la organización, según denunció en Infobae su coordinador actual, Miguel Caicedo.

El último caso ocurrió el 28 de junio en el resguardo de Magüi. De acuerdo con información que recibieron en el Cabildo Mayor, la víctima fue asesinada cuando iba de camino a la comunidad. Todavía no se tiene claridad sobre los actores armados responsables del homicidio, pero, según el coordinador de Camawari hay por lo menos dos grupos al margen de la ley que delinquen en el territorio y que están en constantes disputas: el grupo armado organizado residual (Gaor) Urías Rendón y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Esto en realidad preocupa, el exterminio físico y cultural del pueblo awá avanza en estas comunidades. Eso acompañado de los desplazamientos, de los enfrentamientos entre grupos armados. Esto ha generado más riesgos, incluso de amenazas a líderes, a gobernadores”, explicó Miguel Caicedo.

Los demás asesinatos que se han registrado este año no han sido esclarecidos hasta el momento. Además, hay casos sin resolver desde 2020, cuando Miguel Caicedo fungió como gobernador. “Masacraron a tres compañeros indígenas, mataron a otros del mismo resguardo y no, ni siquiera las autoridades responsables de este tema se han pronunciado frente a esto, desconocemos los avances de las investigaciones”, aseguró el coordinador a este medio.

Actualmente, Camawari está integrado por los resguardos Vegas Chagüi Chimbuza, Integrado Cuaiquer Viejo, Isipu Integrado La Milagrosa, Pialapi Pueblo Viejo, Palmar Imbi Medio, Alto Cartagena, Ramos Mongón, Nulpe Medio Alto Río San Juan, Cuascuabi Paldubi, Gualcalá, Cuchilla El Palmar, Cabildo Libertad Telembí y Magüi.

“Los resguardos más afectados son Vegas Chagüi Chimbuza, que están ahorita concentrados, han tenido que dejar sus parcelas para salir, por defender la vida. El resguardo también del Integrado La Milagrosa, los cabildos de Esperanza, Isipú, Cuchilla El Palmar, Cuascuabí. En su gran mayoría han tenido que salir porque ha habido presencia de grupos armados y en algunos, pues también ha habido confrontaciones entre estos grupos. Entonces, por el miedo, la gente ha tenido que salir, por responder la vida”, enfatizó Caicedo.

De acuerdo con el líder indígena awá, por lo menos 1.300 familias han tenido que desplazarse de manera forzada, debido a la inseguridad de sus territorios y a la instalación de minas antipersonas que grupos armados han sembrado, que ya han dejado una víctima en el resguardo de Vegas.

Los niños, niñas y adolescentes indígenas que buscan estudiar también se han visto afectados por la presencia de grupos armados en los diferentes resguardos. Según Miguel Caicedo, han tenido que solicitar a los profesores que estén en los puntos de concentración para no desatender el aprendizaje de los menores.

La organización no se ha quedado quieta; ha hecho varios llamados al Gobierno nacional para que haga frente a la situación y garantice la protección de los pueblos indígenas del municipio.

“Desde la organización hemos venido llamando al Gobierno Nacional para que se encargue de todo el tema de garantizarnos el derecho es a la seguridad en el territorio. Producto de esto, pues se ha tenido un acercamiento con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en donde se han tenido varias reuniones en el Ministerio del Interior, con algunas ONG, las cuales van a ser parte de algo que le denomina el Gobierno: Misión Paz”, explicó Caicedo a Infobae.

Mientras tanto, han sido las propias comunidades las que han tenido que reforzar sus labores de autocuidado y proteger a los suyos. El papel de la guardia indígena ha sido esencial para ese trabajo.

“La guardia ha sido la que se ha encargado del tema de velar por los compañeros y compañeras que están en las comunidades, por estar pendiente, pues, de todo lo que sucede en las comunidades. Además de eso, han tenido que apoyar todo el tema logístico de la cocina, recolección de alimentos”, detalló el coordinador de Camawari.

Miguel Caicedo y la organización a la que representa ven con esperanza los diálogos que se están adelantando con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quienes se pactó un cese al fuego bilateral que empezará a regir a partir del 3 de agosto y con quienes ya se declaró una pausa en las acciones ofensivas, como parte de la etapa de alistamiento del cese.

“[El Gobierno] ha sido muy generoso con decirle a los grupos armados que está con la disposición de dialogar, ¿no? Entonces sí, al Gobierno también se le ha dicho: mire, hay dos salidas; la primera es la del diálogo, pero si estos grupos no están dispuestos tampoco a respetar la vida de nuestras comunidades, pues será también la fuerza del Estado la que tiene que llegar a estas comunidades”, precisó el coordinador de la organización indígena awá.

En ese sentido, considera que es posible una salida política del conflicto armado que actualmente involucra a varios actores armados y no solo al ELN, como por ejemplo, las diferentes disidencias de las extintas Farc y bandas criminales. Pero, para ello, pide que las comunidades indígenas, campesinas y afro tengan un papel más activo en la mesa de diálogo.

Ellas son las principales afectadas con los hostigamientos y enfrentamientos de los actores armados y, en esa medida, están en la capacidad de plantear posibles alternativas al cese de la violencia. “En este caso, el pueblo awá es el epicentro de desplazamientos, asesinatos, amenazas. Entonces creemos que si se tiene en cuenta las comunidades que han sido afectadas por el conflicto, sí, este proceso puede dar buenos resultados”, puntualizó Caicedo.

Diferentes líderes indígenas de Camawari han sido blanco de amenazas, entre ellos está Miguel Caicedo. Desde 2017 han querido contactarse con él y con otros miembros de la organización. “Hemos venido recibiendo amenazas por los distintos grupos armados. La última amenaza, pues, es que por parte de algunos grupos armados han estado insistiendo en llamados, en que quieren hablar con esta coordinación. Pues yo la verdad me he negado porque existe el temor de que vayan a asesinarnos”, aseguró Caicedo para este medio.

Frente a la posibilidad de entablar conversaciones con actores al margen de la ley, el coordinador de Camawari fue enfático en decir que un escenario de ese tipo solo será posible cuando el Gobierno nacional les brinde un puesto en la mesa de negociación.

“En el marco de la legalidad, nosotros podemos hablar. Si el gobierno nos invita a la mesa donde estén los diferentes grupos, pues ahí estaremos, pero de lo contrario, pues no tenemos por qué hablar e interlocutar con un grupo armado, a no ser que el Gobierno Nacional esté adelantando este tipo de situaciones”, señaló el líder indígena.

De acuerdo con Caicedo, su labor en la defensa del territorio y de los derechos humanos se configuran como las razones por las cuales están siendo atacados. “Eso ya se ha convertido como un tema para todas las autoridades y los líderes que estamos acá poniendo el pecho, pues es un tema de riesgo, pero no tenemos otra alternativa. Tenemos que seguir luchando por nuestros niños, por nuestros compañeros que están en las diferentes comunidades”, concluyó el coordinador de Camawari.