Destinan $2.500 millones para reducir hacinamiento en centros transitorios de detención en Quindío

A partir de fallos de tutela e incidentes de desacato, la Procuraduría General de la Nación realizó la gestión en la que las autoridades del Quindío comprometieron $2.500 millones para garantizar la ubicación en condiciones dignas de las personas que en la actualidad se encuentran privadas de la libertad en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata del departamento.

El compromiso fue asumido ante la Procuraduría por los alcaldes de 12 municipios del departamento, incluyendo Armenia, así como por la gobernación. Lo anterior se dio luego de varias reuniones de seguimiento y visitas a esos lugares por parte de los procuradores judiciales penales del Quindío, adscritos a la delegada del Ministerio Público para Asuntos Penales, donde verificaron las graves condiciones de hacinamiento sufridas por las personas privadas de su libertad, que a mayo llegaba al 430%.

La intervención y gestión de los procuradores judiciales penales fue adelantada en los últimos tres años, tiempo en el cual radicaron acciones legales como tutelas e incidentes de desacato en las que pidieron la adopción de medidas para reducir los índices de hacinamiento, así como garantizar los derechos a la salud, a una vida digna y acceso a los servicios básicos.

Como resultado de esa labor, los alcaldes y el gobernador se comprometieron a aportar recursos, para la adecuación de un predio de propiedad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en el que se construirá un pabellón con capacidad para 280 personas, señaló la Procuraduría.

Asimismo, Néstor Iván Osuna, ministro de Justicia y del Derecho, indicó que comprometió una partida de $18.000 millones de pesos para adelantar, la construcción de un pabellón que amplíe la capacidad de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, cuyos trabajos ya fueron iniciados, además de otras obras. Lo anterior se dio en una reunión sostenida con representantes de las entidades territoriales del Quindío.

Ese proyecto ha tenido tres aumentos de presupuesto desde la primera vez que se planteó. Primero se hablaba de un total de $10.500 millones, de los que el Gobierno nacional desembolsaba $8.000 millones de pesos, pero en 2021 no había ningún resultado. Para febrero del año 2022, la secretaria del Interior, Magda Inés Montoya Naranjo, aseguró que se estaba trabajando con un presupuesto de $12.000 millones. Sin embargo, no se agilizaba.

“Todos son conocedores de que se viene trabajando en un proyecto muy grande que gestionó el Gobierno Departamental de 12.000 millones de pesos aproximadamente, para desarrollar el módulo en la cárcel Peñas Blancas, pero en este momento y para colaborar con el trabajo que viene realizando la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, se ha gestionado el traslado de estos condenados y sindicados; con esto damos cuenta del trabajo que queremos realizar, garantizando los derechos humanos de los privados de la libertad”, aseguró la funcionaria para medios locales en su momento.

El director regional del INPEC, Juan Carlos Navia Herrera, indicó que el eje cafetero está en el mismo porcentaje a nivel nacional, por lo que continúan planteando estrategias como el reciente convenio interadministrativo, con el fin de brindar colchonetas y kits de aseo para el mantenimiento de sindicados que están en los establecimientos penitenciarios. Fue claro que la institución tiene toda la disposición para generar los convenios y fortalecer la atención a las personas detenidas.

Por su parte, el alcalde del municipio de Calarcá, Luis Alberto Balsero, reconoció que la situación es delicada por eso evidenció la importancia de generar las mesas con el Gobierno nacional que permitan solventar dicha afectación. Dijo que analizan convenios con Inpec para que la capacidad en la permanente local no supere los 50 internos que a hoy es de 68. También establecerán el seguimiento para que el proceso de articulación entre las autoridades sea exitoso.