Condenan a cabecilla de Los Pelusos por el asesinato de una lideresa social y otros homicidios

Jan Carlos Ramírez Núñez, alias Chochi, quien fungía como el cabecilla de la estructura criminal Los Pelusos, fue condenado a 17 años y 2 meses de prisión por haber participado en el asesinato de la lideresa social y contratista de la Alcaldía de Ocaña (Norte de Santander), María del Carmen Flórez. El homicidio ocurrió el 16 de mayo de 2019.

Ese día, la víctima fue atacada por hombres armados; cuando ella se movilizaba en una moto por vía pública, le dispararon y le ocasionaron la muerte.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) logró que el sujeto en cuestión aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad por el asesinato de la lideresa y otros homicidios que fueron perpetrados en Ocaña y Sardinata (Norte de Santander).

En total son siete eventos delictivos los que se le adjudican al hoy condenado, los cuales ocurrieron entre 2014 y 2019. Entre ellos está el asesinato de un familiar de un reincorporado y el ataque con un arma a un hombre, quien resultó gravemente herido.

Ramírez Núñez fue capturado agosto de 2022, en el barrio Simón Bolívar, en Ocaña. En una diligencia de registro y allanamiento realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) y la Policía Nacional se logró su detención. Ahora, estará en prisión por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; y concierto para delinquir agravado.

La Fiscalía General de la Nación también informó sobre la detención de dos presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (Gaor) E-10, Frente Martín Villa, que hace presencia en el departamento de Arauca.

Se trata de Diego Luis Gutiérrez Muñoz y Arístides Jaimes Castellanos, alias El Profe, quienes presuntamente participaron en la compra y adquisición de material de guerra, que, al aparecer, quedaría en manos del grupo residual.

Además de eso, los procesados son señalados de cobrar de extorsiones a diferentes gremios de diferentes municipios del departamento. “Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía como interceptación de líneas telefónicas, declaraciones, entrevistas y testimonios, entre otras, permitieron establecer que los procesados al parecer ejercían su accionar delictivo en los municipios de Arauca, Arauquita, Tame y Saravena (Arauca)”, explicó el ente acusador.

Las capturas de los dos sujetos se llevaron a cabo en Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá el cuatro de julio de 2023, en medio de procedimientos adelantados por personal de la Policía Nacional.

Según la entidad, se desarrollaron audiencias preliminares en las que comparecieron varios investigados. Ocho de ellos no aceptaron los cargos por los cuales fueron imputados.

La detención de estos dos sujetos se une a la puesta en evidencia de una red delincuencial de 13 personas que fueron capturadas y judicializadas por presuntamente alterar medicamentos para tratar el cáncer, el VIH, la artritis y enfermedades raras o huérfanas.

“La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una red que habría constituido un entramado ilegal para adquirir, alterar y comercializar medicamentos de uso institucional o los catalogados como vitales, que no están disponibles en el país y son utilizados para tratar enfermedades de alto costo o las denominadas ‘raras’ o ‘huérfanas’”, explicó el ente acusador en un comunicado.

En las diligencias de registro y allanamiento adelantadas en Bogotá y Barranquilla (Atlántico), en las que fueron capturadas las 13 personas, también se incautaron algo más de 800 kilogramos de medicamentos. Personal del CTI, con apoyo del Gaula Militar, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y peritos especializados, fueron los encargados de llevar a cabo los procedimientos.

“La estructura, al parecer, obtenía medicamentos vencidos y descompuestos que ingresaban ilegalmente al país, los trasladaba en precarias condiciones y como encomiendas a Bogotá; y les modificaban las fechas de caducidad, lotes de fabricación y registros para darles la apariencia de un producto auténtico”, señaló la Fiscalía.

Estos fármacos alterados eran comercializados en clínicas, hospitales y hogares geriátricos de Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá.