Muy emocionado se mostró el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que el Consejo de Estado tumbó la destitución del exsenador Eduardo Merlano, del Partido de La U, que estaba inhabilitado desde el 2014 por intentar evadir una prueba de alcoholemia y defenderse diciendo “¿Usted no sabe quién soy yo?”.
El jefe de Estado se refirió al fallo del alto tribunal, en el que derogó la decisión de la Procuraduría General de la Nación, que le impide a esa institución tomar acciones contra funcionarios que fueron elegidos por voto popular como congresistas, alcaldes y gobernadores.
“Felicito al Consejo de Estado por haber rescatado el control de convencionalidad en Colombia”, trinó el mandatario colombiano en la mañana del sábado 8 de julio.
Petro recordó la destitución que vivió en el 2012 cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo inhabilitó por 15 años por el escándalo de las basuras en Bogotá. En ese momento, Gustavo Petro era alcalde de la capital.
Para aquel entonces, el considerado político de izquierda más exitoso en Colombia se dirigió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir sus derechos políticos. El organismo falló a su favor y esa sentencia se ha utilizado varias veces en el país para defender a los dirigentes que ejercen corporaciones por sufragios, como en el caso del hoy exsenador Eduardo Merlano.
Por eso, el primer mandatario no dudó en diferir con el Ministerio Público y hacerle un nuevo llamado para que acaten el fallo que a él, precisamente, le permitió ser congresista de 2018 a 2022 por el Estatuto de Oposición y que luego lo llevó a ser presidente de Colombia.
“La Procuraduría debe aceptar el cumplimiento cabal de la convención americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra constitución (sic)”, aseguró Petro en su cuenta de Twitter, quien recordó el fallo que le devolvió a él, así como a otros personajes del país, sus derechos políticos.
“Ninguna autoridad administrativa debe eliminar derechos de ningún ciudadano o ciudadana bajo ningún concepto, tales determinaciones solo son competencia de juez penal a través de sentencia”, aseveró el presidente colombiano.
Hay que mencionar que los hechos que llevaron a la muerte política del exsenador Merlano, que atentó contra la Policía en la capital atlanticense Barranquilla, ocurrieron en 2012 cuando las autoridades lo encontraron conduciendo borracho y sin licencia de conducción.
El entonces congresista de la República se negó a que le hicieran una prueba de alcoholimetría con el argumento de que “estaba bien”. El suceso, que quedó captado en video, lo catapultó por la aparente soberbia con la que pedía que no le dieran ese trato al ser miembro de la Rama Legislativa colombiana.
Tras casi 10 años de que se cumpliera el correctivo de no ejercer política, Merlano recuperó su investidura política y deberá, por orden del Consejo de Estado, recibir “los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su retiro hasta el 14 de noviembre de 2014, fecha en la que quedo en firme la providencia que declaró la pérdida de investidura de senador”, señaló el alto tribunal, que le devolvió sus derechos políticos.
“De la condena, la Procuraduría General de la Nación deberá descontar todo lo que el demandante hubiera percibido en el sector público, si a ello hubiere lugar”, dice el fallo del viernes 7 de julio del 2023.
Tal y como el presidente de los colombianos lo mencionó, el Consejo de Estado tuvo en cuenta los argumentos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que advirtió sobre el caso de Petro contra el Estado colombiano: solo un juez penal puede afectar los derechos políticos de funcionarios de elección popular, según el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.