La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha citado de manera obligatoria al alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, a una audiencia de seguimiento sobre las medidas cautelares implementadas en el Cementerio Central de Cúcuta, donde se presume la presencia de restos de personas desaparecidas.
La magistratura ha decidido llamar al mandatario para interrogarlo sobre las acciones y planes adoptados para proteger los cuerpos no identificados y no reclamados que se encuentran en el cementerio.
También se le pedirá información sobre si se ha implementado un plan de mejora de la infraestructura del lugar, un diagnóstico sobre la necesidad de construir un nuevo cementerio y otros asuntos de interés.
La decisión de la JEP menciona la necesidad de indagar si el alcalde tiene conocimiento de inhumaciones irregulares en el Cementerio Central y si se han implementado mecanismos de monitoreo y acciones para proteger estos lugares, especialmente aquellos que han sido salvaguardados con medidas cautelares.
Además del alcalde, la JEP también ha ordenado la presencia obligatoria del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, quien deberá asistir a las dos jornadas de audiencia los días 10 y 11 de agosto. El gobernador deberá responder preguntas relacionadas con las acciones emprendidas para proteger los lugares de interés forense en el cementerio, así como presentar informes recibidos de la Alcaldía de Cúcuta sobre los problemas estructurales del lugar, los recursos asignados y su seguimiento.
Asimismo, se ha citado obligatoriamente al administrador del Cementerio Central de Cúcuta, quien deberá responder a interrogantes relacionados con las acciones para proteger los posibles lugares de inhumación de personas no identificadas, proporcionar inventarios de cuerpos no identificados y responder a otras medidas solicitadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.
JEP evalúa si ampliar o no plazo que pidió Mancuso para entregar información
El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz ampliar el plazo para entregar la información que respalda las declaraciones que dio ante el tribunal de paz el 10, 11, 15 y 16 de mayo.
El 5 de julio, desde la JEP informaron que el jefe paramilitar entregó información en el plazo que le habían dado, pero solicitó una prórroga para ampliar la documentación. Esta será estudiada por el tribunal transicional.
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“La JEP estudiará dicha solicitud y analizará la información presentada por Mancuso Gómez para avanzar en el estudio de su solicitud de sometimiento”, advirtieron desde la JEP
El presidente del tribunal de paz, Roberto Carlos Vidal, dijo que la decisión sobre Mancuso podría conocerse “en cuestión de semanas” y que los magistrados “están trabajando de una manera acelerada para poder dar esa respuesta”, anotó en Caracol Radio.
“Sin duda, en algún momento, esas declaraciones van a ser públicas, tal vez después de que los magistrados hayan tomado la decisión si admiten o no al señor Mancuso. Es una decisión que tal vez esté en cuestión de semanas. Ellos están trabajando de una manera muy célere para poder dar esta respuesta”
Sobre si la información que ha entregado Mancuso, de forma reservada a la JEP, será conocida públicamente, el magistrado Vidal advirtió que “es una decisión que le corresponde a los magistrados, pero es lo previsible”.
También explicó que, por la naturaleza de la JEP, cuya vocación es a tener procesos públicos, estas verdades serán conocidas por el país, “porque son verdades que no atañen solamente a una reserva del sumario; eso es lo que nos diferencia de la justicia ordinaria, sino que son procesos en donde (sic) está en juego la verdad para las víctimas y la verdad para el país”.
El magistrado Vidal también se refirió a la Audiencia de Reconocimiento de Verdad realizada en Dabeiba y Medellín (Antioquia) la última semana de junio en la que exmiembros de la fuerza pública admitieron su participación en los crímenes de Estado, mal llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales —toda vez que en la ley colombiana no existen ejecuciones judiciales—.
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