La organización Transparencia por Colombia (TpC) advirtió, el 4 de julio, que además de las pérdidas económicas que ha provocado los actos de corrupción, que rondan los 90 billones de pesos entre 2016 y 2020, según Monitor Ciudadano de la Corrupción de TpC, hay que sumar que los ciudadanos que denuncian actos relacionados con presuntos malos manejos, desviación de recursos, abuso de poder o de confianza, entre otros, no tienen garantías para su protección.
El 40% de las personas que acuden al Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac) de TpC —un servicio independiente y gratuito de acompañamiento legal a los ciudadanos que denuncian este delito— afirman sentirse en riesgo por su decisión de elevar una alerta o denuncia por presunta corrupción.
Los denunciantes, según TpC, están poniendo en riesgo su integridad física y su vida, que aunado con los obstáculos jurídicos como la recolección de material probatorio, la falta de comunicación con los órganos de control sobre el curso de la denuncia y el acoso judicial, están provocando daños contra su buen nombre y fuertes impacto sobre su salud mental.
Desde Transparencia por Colombia también han identificado que los denunciantes también experimentan miedo a ver afectada su reputación, temor a sufrir represalias laborales y diferentes obstáculos como la falta de acceso a la información y a ser discriminados.
Transparencia por Colombia ha pedido al Congreso proteger a los denunciantes
La directora de TpC, Claire Launay, advierte que es necesario “ejercer presión al Congreso de la República y a los tomadores de decisión para que se cree una legislación o regulación en Colombia a favor de esta propuesta”, por lo que están impulsando una campaña en la plataforma Change.org
Launay señaló que gracias a los denunciantes muchos casos de corrupción han sido conocidos e investigados, pero que deben “deben existir condiciones favorables para realizar la denuncia y medidas de protección para quienes se atreven a alertar a las autoridades sobre este tipo de delitos”
Al respecto, dijo que la protección integral a denunciantes y alertadores debe cumplir con tres condiciones básicas: primero, permitir el anonimato para evitar revelar la identidad de la persona; segundo, mantener confidencialidad a lo largo del proceso de la denuncia; y tercero, orientar al denunciante sobre los riesgos a los cuales se puede exponer, así como brindarle la mayor claridad con relación a las expectativas de su proceso de denuncia.
“Las autoridades, además, le deben garantizar las medidas de protección física y laboral, asistencia económica y psicosocial, y los mecanismos de defensa en contra de retaliaciones legales que pueda sufrir”.
También señaló la necesidad de establecer canales de denuncia intuitivos, ágiles, seguros y que consideren criterios diferenciales, tanto en ámbitos públicos como privados:
El Congreso tiene una deuda histórica con los denunciantes: TpC
Desde Transparencia por Colombia reparan en que pese a que desde 1997 la Convención Interamericana Contra la Corrupción instó a los Estados miembros a promover medidas de protección a denunciantes, solo hasta años recientes se ha logrado una mayor atención a iniciativas legislativas en esta materia.
Por ejemplo, en 2019, el gobierno de entonces le propuso al Congreso el proyecto de ley Pedro Pascasio Martínez, que contenía elementos importantes sobre protección a denunciantes. Iniciativa que no logró ni siquiera un primer debate en la Cámara de Representantes. Después, en 2020 se radicó el Proyecto de Ley 341 con un capítulo sobre protección a denunciantes que fue eliminado en la primera discusión que tuvo la iniciativa en el Senado.
También señalan cómo el Gobierno de Gustavo Petro ha declarado su compromiso de presentar un proyecto de ley en este sentido, incluso es parte del actual Plan Nacional de Desarrollo. Por lo que, junto a otras organizaciones, elaboraron comentarios y recomendaciones a un borrador de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
Finalmente, dicen esperar que en la nueva legislatura, que comienza el 20 de julio de 2023, se radique este proyecto en ambas corporaciones y se dé inicio a un debate público que garantice la participación de las diferentes voces.
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