La Dirección de inspección, vigilancia y control de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá anunció que se sancionó a la Fundación para el Desarrollo, Fundesa, organización sin ánimo de lucro mediante la cual funciona la Universidad Sergio Arboleda, con una multa de $14.2 millones, por incumplimientos de las medidas que le impuso la dependencia de la Alcaldía de Bogotá.

En la Resolución 254 del 5 de julio también se menciona que a la par de la organización se sancionó con separación del cargo a su representante legal suplente Jaime Cadena Agudelo, los miembros del Consejo Directivo en calidad de administradores Rodrigo Noguera, Ernesto Lucena (exministro de Deporte en el gobierno de Iván Duque), y la revisora fiscal Mary Bell Núñez.

A su vez, se requirió que el representante legal César Dimas Barrero Escobar convoque durante el mes de agosto al rector de la Sergio Arboleda y a Fernando Solano Villarreal, miembro del Consejo Directivo, para que designen a los miembros faltantes del máximo órgano.

La universidad también debe designar un contador, un representante legal suplente y un revisor fiscal y establecer en los estatutos las conductas que contrarían el cumplimiento de la entidad en la que pudieran incurrir tanto administradores como el representante legal. Para estas acciones se dio un plazo de seis meses, y si no se cumple la institución deberá pagar una multa diaria de $500.000.

La Alcaldía le recordó a la institución de educación superior que cuenta con las facultades para suspender y cancelar la personería jurídica de las asociaciones, corporaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, poniendola como ejemplo.

Dos meses después del acto administrativo, la institución remitió a la Alcaldía el acta de la reunión extraordinaria del Consejo Directivo Fundesa, en la que designó a Rodrigo Hernández Celis, Fernando Augusto Villarreal y Diego Mario Calderón Muñoz como miembros del Consejo Directivo y a Alejandro García Valencia y Marco Gnecco Vieda como suplentes.

En este texto igualmente se informó que se había llegado a un acuerdo de pago entre Fudensa y el exrector de la Universidad, Rodrigo Noguera Calderón.

Fernando Augusto Villarreal, abogado egresado de la Sergio Arboleda, especializado en Derecho de la Empresa de la Universidad de La Sabana y quien fue contratista de la Alcaldía de Bogotá en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y en el Ministerio del Deporte, cuando Ernesto Lucena lideraba la cartera.

Marco Antonio Gnecco Vieda, quien ha sido contratista de varias entidades del Estado como; el Archivo General de la Nación en 2017, la Autoridad Nacional de Acuicultura en 2018, la Agencia Nacional de Minería en 2022 y el Ministerio del Deporte desde el 28 de enero de 2020.

Aunque desde la Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y Control se determinó que la designación de los integrantes del Consejo Directivo principales y suplentes cumplió el requerimiento no consideró lo mismo sobre la obligación de reportar la información contable y financiera.

Con la solicitud se pretendía verificar que el patrimonio de la universidad se usará en pro del desarrollo social de la entidad, para cumplir con la voluntad de los fundadores y/o asociados y evitar que sus actividades se desvíen de las funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios.

Cabe mencionar que en los últimos cinco años (del 2018 a 2022) no se ha aportado la certificación de los estados financieros, ni el informe de ejecución de excedentes del año 2018, así como el informe de ejecución efectiva, gastos, inversiones costos de los excedentes generados durante ese año y que ascendieron a los $1.073 millones.

Con relación al balance de cuentas por cobrar, Fundesa no presentó el informe del avance del proceso de la constitución de la garantía de la cuenta por cobrar a Rodrigo Noguera Calderón por $2.446 millones.

Otras de las inconsistencias fue que no se inscribió el costo del impuesto predial del 2018, tampoco se aportó el avalúo comercial del inmueble Humapo 1, los derechos del Fideicomiso Ranchería ni de los anticipos a contratistas por $800 millones, los cuales según la universidad informó se le habían reclasificado a Rodrigo Noguera.

En relación con la incorporación de normas de conducta de administrativos, integrantes del Consejo Directivo y rectores, la institución en el informe del 28 de abril reveló un proyecto de nuevos estatutos, pero no evidenció que estos se hubieran registrado ante la Cámara de Comercio ni en el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza, por lo que se decidió que no existe ningún registro de los estatutos.

En conclusión, esta nueva sanción a Fundesa se generó por el desacato de las órdenes que buscaban asegurar la viabilidad administrativa, patrimonial y financiera del centro educativo.