La exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa no aceptó los cargos durante la audiencia de imputación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía habría sido responsable de irregularidades para la firma de contratos en la construcción de la Ruta del Sol II a favor de Odebrecht.
Es solo un delito del que la acusa la Fiscalía, pero le fueron atribuidos con un agravante debido a la posición de ministra que ocupaba cuando ocurrieron los hechos. El fiscal Gabriel Jaimes, delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, señaló que la funcionaria habría firmado dos otrosíes que favorecieron a la multinacional con la extensión de la vía Ocañara-Gamarra.
Además, les cedió el permiso, con una resolución de julio de 2014, de instalar dos nuevos peajes y aumentar las tarifas para pasar por otros cinco.
Álvarez-Correa Glen, quien ocupó el cargo de ministra de Transporte durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, fue determinante para contestar al magistrado Efraín Bermúdez que no aceptaba los cargos, sin tomarse un tiempo para hablar con sus abogados.
El proyecto vial Ruta del Sol II se firmó en 2009 con el consorcio conformado por Odebrecht, Corficolombiana y CSS Constructores. Esta adjudicación, como expuso el fiscal Jaimes, se pagaron coimas que alcanzaron 6.5 millones de dólares que habrían llegado al viceministro de Transporte Gabriel García Morales.
Pero luego durante la construcción, se adicionó un tramo al proyecto inicial de la vía que no estaba contemplado, la construcción de la vía entre Ocaña, en Norte de Santander, y Gamarra, en el Cesar. Este finalmente quedó incluido en el contrato de Odebrecht, pero para la Fiscalía debió realizarse un proceso de licitación pública y no por medio de otrosíes para los que la entonces ministra Álvarez habría dado su aprobación.
Se trata de los otrosíes tres y seis en los que basa la imputación contra la exfuncionaria. “Según sentencias de carácter judicial condenatorio, gracias a la intervención de los señores Otto Nicolás Bula, Bernardo Miguel Elías y otros parlamentarios que fueron contactados por el señor Federico Gaviria, que ya habían participado en corrupción dentro de este mismo contrato, se logró la suscripción de esos otrosíes”, señaló el fiscal Jaimes.
“Se recibió una remuneración del 4% del contrato, cometido que se materializó en el acuerdo ante la Corte Suprema de Justicia el 14 de marzo de 2014 en donde se procedió contra el señor Bernardo Miguel Elías”, agregó el delegado del ente acusador, quien señaló que por esos contratos ya hay condenas y audiencias respectivas contra funcionarios de la ANI.
El ente investigador considera que Álvarez tenía un interés personal para que se construyera la vía en Gamarra porque antes de ser ministra fue parte de la junta directiva de Cartagena II SA, en la que ocupada un cargo de suplente, una sociedad que estaba interesada en el proyecto. Además la familia de su pareja, la también ministra Gina Parody, se vería beneficiada de esa carretera.
La Fiscalía señala que Álvarez Correa sabía que los otrosíes eran inviables porque envió una consulta al Consejo de Estado y era su responsabilidad como ministra. Aún así habría permitido su firma, cree que el ente investigador, porque antepuso sus intereses privados, actuó con conciencia y con un “claro conocimiento e interés en violentar normas”.
“Las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), como lo exige la ley”, señaló el ente acusador.
La ruta no tenía que ver con el proyecto de la Ruta del Sol pero aún así se concedió y se le permitió al concesionario conformado por Odebrecht acceder a dos nuevas estaciones de peaje sobre la vía y el aumento del cobro en otras cinco en funcionamiento para cubrir las cláusulas y aumentar las fuentes de financiación.