Cecilia Elvira Álvarez Correa Glen, exministra del Gobierno de Juan Manuel Santos, será llamada a imputación de cargos por el presunto favorecimiento para la construcción de un tramo del proyecto de la Ruta del Sol, cuando se desempeñó como jefe de la cartera de Transporte, entre septiembre del 2012 y agosto de 2014.

En este tiempo la funcionaria avaló la celebración de unos otrosíes el 3 y 6 al contrato de ‘Ruta del Sol II’, que tenían como objetivo la construcción de unos tramos en la vía Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar).

El ente acusador precisó que “Los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como lo exige la ley’'.

‘’Adicionalmente, está acreditado que el tramo Ocaña – Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato ‘Ruta del Sol II’ y debía tramitarse a través de un nuevo proceso de contratación por licitación pública”, sostuvo la entidad.

Para la Fiscalía General la exministra intentó enmendar la situación por lo que convocó un Consejo Nacional de Política Económica y Social para declarar la ‘Ruta del Sol’ como un proyecto de “importancia estratégica”, Con lo cual se podía modificar el plan de inversión.

“Con su proceder, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), en el entendido de que le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña – Gamarra, adicionado a la ‘Ruta del Sol II’”.

Conforme a lo mencionado por la Fiscalía era evidente el interés particular de Álvarez Correa Glen en la adición del tramo Ocaña-Gamarra, porque previo a consolidarse en la cartera de Transporte fue una ficha de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del proyecto portuario, lo que evidenciaría beneficios económicos para su pareja a la fecha, Gina Parody, quien era ministra en ese entonces.

Por los hechos en mención la titular será imputada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Cabe mencionar que en el mismo comunicado la Fiscalía le archivó la investigación a Gina María Parody d’Echeona. “Al valorar los elementos de prueba, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia no encontró configurado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el entendido de que la exministra no participó en el trámite y celebración del otrosí cuestionado’', argumentó la entidad.

En esta línea, el organismo también desestimó incriminar a Parody por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, ya que el cargo que desempeñaba no estuvo relacionado con el objeto contractual. Finalmente, la Fiscalía afirmó no haber encontrado evidencia que señale que la exministra Parody d’Echeona participara en el actuar ilícito de su pareja.

El lunes 10 de julio del presente año -2023-, la Fiscalía General imputará al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, por los más de 1.6 millones de dólares que entraron a su campaña del 2014, girados por Odebrecht. Así mismo, su hijo David Zuluaga Martínez, comparecerá tras fungir como su gerente de campaña.

Padre e hijo responderán ante un juez de control de garantías, en una audiencia de imputación, donde se reiterarán los delitos que el ente acusador había anunciado hace unos días contra el exministro del expresidente Álvaro Uribe: falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Su primogénito, será imputado por fraude procesal.

La notificación le llegó a Zuluaga en la mañana del martes 4 de julio, enviado por el centro de servicios judiciales del complejo judicial de Paloquemao, en el que, además, están copiados los delegados de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.

Las pruebas que tiene el ente acusador, dirigido por el fiscal Francisco Barbosa, tienen que ver con las grabaciones que se conocieron recientemente en las que Óscar Iván Zuluaga hablaba con el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta, en las que prácticamente confesaba tener pleno conocimiento de que dineros ilegales entraron a sus labores de campaña.

Los más de 1.6 millones de dólares por los que ahora podría ir preso llegaron a su equipo en la segunda vuelta presidencial del año 2014, cuando Zuluaga se disputaba la Presidencia con el entonces candidato Juan Manuel Santos, quien venció en la jornada electoral.

Aunque a Santos también le endilgaron haber recibido dineros por esos hechos, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó las investigaciones en su contra, por lo que de alguna forma salió bien librado, pese a que en los mencionados audios también se menciona su nombre.

Pese a que el CNE también había archivado la investigación contra Zuluaga en el 2017, el caso dio un giro inesperado y de nuevo puso bajo los reflectores al alfil del uribismo en las elecciones presidenciales del 2014 y 2022. De hecho, la misma Fiscalía General ya le había entregado al tribunal material probatorio con indicios suficientes para continuar con la investigación en contra de Zuluaga.

El ente acusador había enviado un oficio con varios documentos que concluían que “Odebrecht destinó la cifra de 1,6 millones de dólares, relacionados con la citada campaña”. Esta suma, según la Fiscalía, fue girada a la compañía Topsail Holding, con base en Panamá, a través de tres transferencias bancarias desde Suiza.