Durante el jueves 6 de julio se conoció que la Corte Suprema había recibido un pedido del exparamilitar Adolfo Guevara Cantillo, alias 101, para declarar contra Antonio Zabararín por presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–.
De acuerdo con la solicitud elevada por el otrora comandante del frente Mártires del Cesar de ese grupo paraestatal, tiene pruebas de los vínculos que tuvo el ahora senador de Cambio Radical con estas estructuras; en ese sentido, afirmó que también habría cometido delitos relacionados con corrupción política.
Según lo conocido en primera instancia por W Radio, el exhombre cercano a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, planteó tres condiciones al alto tribunal para entregar su versión. La primera es que sea trasladado a una guarnición militar en Santa Marta, ciudad donde reside su familia. Esto porque actualmente está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).
El segundo requisito es que le sea designado un fiscal y juez especial para que se hagan cargo de su expediente, y el tercero es protección para su familia. Sobre este último punto argumentó que al entregar tales afirmaciones a la Corte, tanto él como sus más allegados estarían expuestos incluso a riesgo de muerte.
De acuerdo con Congreso visible, el senador no tiene investigaciones en curso; sin embargo, en 2021 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una indagación preliminar contra él y tres senadores más, incluyendo Armando Benedetti, por el escándalo de Centros Poblados y otras irregularidades en el Ministerio TIC.
En noviembre de 2021, Zabaraín declaró en versión libre ante esta sección y dijo que nunca se había relacionado con los contratistas de ese consorcio y que tampoco tuvo injerencia en la cartera entonces dirigida por Karen Adudinen para la firma del contrato. “Puedo jurar con biblia en mano que no tuve nada que ver con ese contrato”, sostuvo el senador ante el magistrado Misael Rodríguez.
Así las cosas, la Corte Suprema podría abrir una nueva línea investigativa contra el hoy legislador por el partido de oposición y podría ser llamado para entregar su testimonio, dependiendo de las declaraciones que entregue 101. Por su parte, el congresista indicó en el medio citado que no tenía conocimiento de la solicitud del exparamilitar.
“Que declare lo que quiera declarar. Ni él, ni nadie, puede hacer una declaración en contra mía que me trasnoche”, sostuvo.
En agosto de 2022, Guevara Cantillo fue llamado por la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– para declarar sobre los presuntos nexos entre las AUC y el general (r) Jorge Navarrete, llamado por ese tribunal en enero de 2023 por ‘falsos positivos’ en los que habría estado involucrado. La decisión fue tomada luego de rechazar una petición de nulidad hecha por el compareciente contra la resolución que dejó por fuera de este tribunal sus procesos desde 2004 hasta 2006.
De acuerdo con la instancia de justicia transicional, por una declaración del también considerado testigo estrella en el caso de nexos entre la fuerza pública y ‘paras’ entregada en 2015 a la Fiscalía General de la Nación, debía ser trasladada a esta jurisdicción. Esto porque había mencionado al general retirado Navarrete Jadeth, otrora decano de la Escuela Superior de Guerra por sus presuntos vínculos con las Autodefensas cuando estuvo al mando del Grupo de Caballería N° 2 Coronel Juan José Rondón.
En esa decisión, la JEP también le pidió a Guevara Cantillo trasladar a esta instancia “información adicional para la diligencia de versión voluntaria programada” a más tardar para septiembre de ese año. Para esa época, el compareciente pasó de estar en el Ejército en calidad de capitán a integrar las filas de las AUC en el Caribe colombiano; concretamente, como inspector del Frente Mártires del Cesar, bajo las órdenes de David Hernández Rojas, alias 39.