Seis precandidaturas para la Gobernación del Magdalena tienen serios cuestionamientos e investigaciones

En su más reciente informe, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), presentó el balance de los precandidatos cuestionados que buscarían un aval para participar en las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre. De acuerdo con esa entidad, se analizaron 294 precandidaturas a alcaldías y gobernaciones, de las cuales 88 tienen cuestionamientos.

Uno de los datos que se destaca de este informe es que el 48% de los precandidatos cuestionados que aspiran a lanzarse a las gobernaciones, con el mayor número de candidatos con alguna objeción se encuentran en los departamentos de Magdalena (12%); Antioquia (10%); Caquetá (10%) y Bolívar (7%).

Precisamente, en el Magdalena, Pares determinó que seis precandidaturas a la Gobernación del Magdalena son cuestionadas y resultan controvertidas para las próximas elecciones.

Conocido como El Nene Pérez, de acuerdo con lo que señala el estudio, un informe de La Silla Vacía, para 2016 se le abrió una investigación de la Fiscalía General de la Nación por irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) del municipio de Ciénaga (Magdalena), porque presuntamente se habría quedado con $1.643 millones de pesos en contratos relacionados con este programa.

En 2023, Opinión Caribe expuso que la Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal a título de culpa grave por un supuesto detrimento patrimonial en la celebración de un contrato de prestación de servicios por $95 millones con la Fundación Social Visión Guajira para el apoyo a la gestión en la elaboración del diagnóstico integral del archivo municipal, actualización y ajuste de la tabla de retención documental y la elaboración de instrumentos archivísticos.

En 2023, La Procuraduría General de la Nación profirió a Rafael Alejandro Martínez pliego de cargos por irregularidades en la construcción del Parque del Agua: atrasos en las distintas etapas del proceso, se habían firmado adiciones y prórrogas para aumentar el valor de las cantidades de obra: “se inició con un valor superior a los 8.400 millones de pesos y se culminó pagando la suma de 16.884 millones de pesos, luego de siete prórrogas y cuatro adiciones presupuestales”, comenta Semana.

En 2022, la Procuraduría formuló pliego de cargos a Martínez por presuntos incumplimientos en la construcción de la Megabiblioteca Fase I en la IED San Pedro Alejandrino de Santa Marta; el cargo es de violación a los principios de responsabilidad al no declarar el incumplimiento del contrato por parte de la constructora.

En 2014, Dávila estuvo condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. El Heraldo afirmó que su familia habría recibido $2.470 millones, sin embargo, su familia se defiende diciendo que, en el momento que se comenzó a investigar al entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, resolvieron devolver los dineros recibidos al Ministerio.

En 2018, llegan a un acuerdo con la Fiscalía y aceptan el delito por peculado por apropiación, por esto fueron condenados a 24 meses. En 2020, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la inhabilidad que le impedía realizar el ejercicio de funciones públicas pero la sentencia de primera instancia continua en los demás aspectos. Para 2021, él y uno de los implicados presentaron una denuncia por casación que fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la Corte sigue definiendo si dejar en firme la condena original.

Corrupción al día expuso que Lozano, trabajando dentro de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla que fue liquidada poco después de que salió de su subdirección, habría trabajado en virtud de los compromisos del senador, condenado por parapolítica, Dieb Maloof con los paramilitares para la financiación del Bloque Norte de las AUC.

Por esta razón, la Fiscalía General de la Nación en junio de 2023 habría ordenado investigar a Lozano de la Ossa por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, entre otros, pues Lozano habría desfalcado a la ESE José Prudencio Padilla para financiar el Bloque Norte de las AUC .

Se encuentra envuelta en una investigación del 2018 de la Contraloría a Fonade por irregularidades en la construcción del polideportivo del municipio de Fundación, que sería ejecutado en seis meses y que, para 2020, las veedurías solo habían encontrado el 30% de la obra.

Hace parte de una investigación en la Corte Suprema de Justicia bajo el caso de Roberto José Herrera Díaz, quien fue condenado a principios del 2023, por los punibles de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de servidor público durante 2012-2015 cuando ocupaba el cargo de Representante a la Cámara por el Magdalena como se muestra en el acta extraordinaria de primera instancia expedida por la Corte Suprema de Justicia