Ordenan la captura de un sargento del Ejército por el asesinato de un dirigente político de la Unión Patriótica

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la captura del sargento Alberto Roa Cárdenas, acusado por el asesinato del líder de la Unión Patriótica (UP) Teófilo Forero Castro, luego de su nulo aporte a la verdad.

A través de un comunicado, firmado por Rodolfo Arango Rivadeneira, magistrado y presidente de la Sección de Apelación, la entidad revocó el numeral primero de la Resolución 840 del 2021 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en la que se concedió el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada a Alberto Roa Cárdenas y que dispuso otras cuestiones.

De acuerdo con la JEP, “por medio de la Secretaría Judicial de esta Sección, orden de captura en contra del señor Roa Cárdenas, la cual debe ser ejecutada inmediatamente. Este ciudadano deberá ser puesto a disposición de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que continúe privado de la libertad en los términos en que se le concedió el beneficio de Privación de la Libertad en Unidad Militar”, dice el documento.

Teófilo Forero Castro, oriundo de Natagaima, Tolima, llegó a la capital del país huyendo de la violencia de su departamento. Siendo obrero, se volvió dirigente del sindicato de Talleres Centrales. Además, fue militante del Partido Comunista desde la década del 50 y llegó a ser el Organizador Nacional de dicha organización política.

Fue asesinado en el sur de Bogotá junto a su esposa Leonilde Mora y su conductor Antonio José Toscano. Los hechos ocurrieron de la capital en la puerta del Restaurante La Brasa Roja, en el barrio Santa Isabel.

Teófilo se dirigía con sus acompañantes a su residencia en vehículo Suzuki en el sur de la ciudad. En el momento que se detuvieron y se bajaron del automóvil fueron acribillados por varios hombres que se movilizaban en un carro y en motocicleta. Ninguno de ellos sobrevivió al crimen.

El eEstado Colombiano fue declarado culpable por el exterminio de 6 mil militantes de la Unión Patrióticanarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Partido Comunista Colombiano, como resultado del proceso de paz entre el Gobierno del expresidente Belisario Betancur y dicha guerrilla, en 1985.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el lunes 30 de enero de 2023 al Estado Colombiano y a los representantes del extinto movimiento político Unión Patriótica (UP), su decisión a favor de los demandantes, quienes acusaron al Estado de haber permitido el exterminio en masa de cientos de militantes e integrantes del partido.

Se estima que más de 6.000 personas, entre integrantes, funcionarios y militantes del partido, fueron asesinadas entre 1984 y los primero años de la década de los 2.000. Varios de ellos a manos de agentes del Estado y grupos al margen de la ley, en lo que Gabriel Becerra, secretario general de la UP, llama “uno de los casos más representativos de genocidio político”.

“Estamos frente a un hecho histórico que tendrá implicaciones para las víctimas, para los sobrevivientes de un partido político que fue objeto de persecución de asesinatos, de desapariciones, de tortura por parte del estado y de agentes paraestatales constituyéndose talvez en el caso más representativo de genocidio político no solamente en Colombia si no en América Latina y en el mundo”, referencia Blu Radio.

El caso fue presentado por sobrevivientes de la UP ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en diciembre del 93 y, desde entonces, el caso permaneció abierto –hasta el lunes– en búsqueda de pruebas que inclinaran la balanza a favor de una de las partes. Es decir, durante más de 30 años, estuvo esperándose una decisión.