“Las armas de la Nación tienen un propietario, el pueblo”: la polémica declaración de Gustavo Petro que le está creando críticas en redes

En un evento que tuvo lugar en Manaure, La Guajira, el presidente Gustavo Petro hizo una reflexión acerca de las ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Estado, conocidas como ‘falsos positivos’.

En esa reflexión cuestionó que las armas del Ejército, compradas con dinero público, se utilizaran contra “sus dueños”, que según él, son los ciudadanos.

“Hoy las denuncias que salen terribles, tremendas, por la televisión pública, son las confesiones de exmilitares de diferente graduación que fueron llevados a una ignominia por órdenes políticas, disparar contra su pueblo”, empezó diciendo el mandatario nacional a propósito del reconocimiento que hicieron ocho militares ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de ser responsables de 49 falsos positivos en Dabeiba e Ituango.

Y luego manifestó que: “Levantar el arma pública, comprada con dineros públicos, contra los dueños de esa arma que es el pueblo de Colombia, porque las armas de la nación tienen un propietario, el pueblo”.

Además, se fue en contra de la clase política y aseguró que “degradaron a las Fuerzas Militares”. “Políticos que degradaron las Fuerzas Militares se juntan para detener el gobierno del cambio”, y agregó que “llevaron a los hijos del Ejército de Bolívar a dispararle a 6.402 jovencitos inocentes por un pollo, por un permiso, por una medalla, por un decreto que premiaba la muerte y que firmó un hombre de civil y de corbata en un Gobierno que dijo que esa era la seguridad”.

Y aseguró que “el pueblo se ha levantado para nunca más ser gobernado por asesinos y terroristas”. “Los políticos de corbata que llevaron a esa degradación a las Fuerzas Armadas de Colombia andan juntándose ahí asustados, uniéndose para ver cómo se detiene el gobierno del cambio, el pacto del silencio de la oligarquía porque se saben cómplices del asesinato, porque se saben cómplices de la corrupción, porque saben y tienen temor de que un pueblo se ha levantado para que nunca más sea gobernado por asesinos, por terroristas”.

Durante la audiencia pública de reconocimiento de la verdad que adelantó la JEP el pasado 27 de junio, en el que comparecieron ocho exmilitares señalados de cometer 49 falsos positivos en el municipio de Dabeiba, Antioquia, se conocieron los duros relatos de los oficiales retirados que participaron en los asesinatos extrajudiciales cometidos hace dos décadas.

En el evento, al que asistieron familiares de las víctimas, se narraron las circunstancias en que fueron ejecutados por las Fuerzas Militares.

Tal fue el caso del mayor retirado Yaír Leandro Rodríguez, quien ofreció disculpas públicas por participación en los falsos positivos de Dabeiba. Según narró el exoficial “la orden de los comandantes era acabar con la guerrilla, costara lo que costara. Al punto que en la parte rural todo el que vistiera de negro, o todo el que vistiera de blanco y negro, era guerrillero y tenía que morirse”.

Durante su intervención, Rodríguez expresó que nunca pensó en las víctimas, y se refirió al caso específico de Edison Alexander Lezcano Hurtado. “Lamento ser el causante de la muerte de Edison Alexander Lezcano Hurtado, que ya no le pueda cantar los vallenatos en la mañana a su familia”.

Por su parte, el sargento retirado Jaime Coral Trujillo, quien reconoció públicamente haber asesinado inocentes durante su paso por el municipio y esconderlos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, además de fusilar combatientes de las Farc, a pesar de que los guerrilleros se rindieran, explicó en la audiencia cuáles eran los perfiles de las víctimas que seleccionaron para reportarlas ante el Estado como guerrilleros.

“Nos aprovechábamos de las personas vulnerables, con engaños a través de trabajos, les gastábamos alimentos, les comprábamos sudaderas y dependiendo de las personas, si era consumidora, les comprábamos sustancias psicotrópicas”, dijo durante su intervención.

En ese mismo orden, el entonces sargento William Andrés Capera, profundizó que los soldados fueron capacitados para reclutar a las víctimas, tomando ventaja de sus problemas y adicciones. “La mayoría tenían algún problema con las drogas, eran habitantes de calle y eran más fácil de convencer. Se ganaban la confianza por medio de la compra de sustancias, y ellos accedían voluntariamente a realizarse un corte de cabello para simular que eran pertenecientes a un grupo delincuencial”.

Capera fue más allá y detalló cómo procesaban a las víctimas que llegaban hasta el municipio con falsas promesas de trabajo. Según el exoficial, eran trasladados hasta coordenadas específicas que les brindara seguridad a las tropas para ejecutarlos sin mayores contratiempos, luego debían movilizar los cuerpos hasta el punto final donde reportarían el supuesto combate.

“Fui preparado como médico forense. Mi trabajo desde un principio en la escena del crimen de los asesinatos era maquillar la escena, era hacer parecer que era un combate real, y lograr que en el momento que se presentara una investigación, no hubiera un motivo contra de la unidad o en contra del batallón”.

Dentro de los relatos de varios uniformados se conoció que a varias se les disparó en la cara para impedir el reconocimiento del cadáver. Además, trabajaban desapareciendo sus documentos de identidad y limpiando la escena del crimen. Un testimonio que se hizo reiterativo entre los exmilitares que asistieron a la audiencia fue el de la presión ejercida por los comandantes en ese momento.

Incluso, el coronel retirado Efraín Enrique Prada, uno de los líderes del grupo contraguerrilla, aseguró recibir amenazas en su contra de no continuar con las prácticas ilegales. “Pero si no lo hubiera hecho, hoy no estuviera de este lado, estaría del lado de ustedes”, le dijo a las víctimas que escucharon con lágrimas los desgarradores testimonios.

En el evento trascendió que, por primera vez, las víctimas abrazaron a los exoficiales que pidieron el perdón por los actos cometidos. Fue común el arrepentimiento por sus acciones y se comprometieron a cumplir las condenas que le vayan a ser impuestas.