El sistema de salud de Colombia se estaría quedando sin recursos: “La realidad financiera de las EPS es crítica”

Gestarsalud informó que las Empresas Promotoras de Salud están gastando un 7% más de lo que reciben por parte de la Unidad de Pago Capitación, lo que haría que las entidades se desfinancien rápidamente

Las EPS estarían gastando más de lo que reciben por la Unidad de Pago por Captación. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

La Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud), un gremio que reúne EPS del régimen subsidiado, publicó recientemente un documento en el que analiza el estado financiero del sistema de salud de Colombia.

Según deja ver el informe, la falta de recursos para las entidades promotoras de salud podría generar una desfinanciación, pues hasta el momento faltan 1.5 billones de pesos para cubrir el aseguramiento en salud.

“El análisis presentado da cuenta de cómo los efectos de una desfinanciación progresiva y multifactorial pueden afectar directamente la garantía de los servicios de la salud sobre los ciudadanos. Pero no se agota en ese escenario. La realidad financiera de las EPS es crítica y el riesgo es real para todos los actores”, indicó la directora del gremio, Carmen Eugenia Dávila.

La dirigente gremial también resaltó la crisis que presentan las EPS con los servicios que son financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud, para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS).

Según se conoció, las EPS estarían gastando un 7% más de lo que reciben por la UPC, lo que hace que, de acuerdo con el gremio, las entidades estén trabajando a pérdidas. “Los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas por las EPS para gestionar la siniestralidad y optimizar el gasto administrativo y los esfuerzos del Estado por hacer cada vez más inversión en salud”, señala el informe.

De igual forma, el documento advierte que a raíz de la pandemia, las EPS con el mayor número de afiliados pertenecientes al régimen subsidiado han presentado un aumento en la frecuencia de asistencia de los pacientes al sistema de salud. “El cierre del 2022 fue muy difícil, varias EPS no lograron el equilibrio en sus estados de resultados. Es real que el incremento en las frecuencias de uso de servicios y medicamentos no se proyectó en la actualización del Plan de Beneficios del 2022 ni se tuvo en cuenta el mayor uso después de la pandemia”, señaló la directora de Gestarsalud.

Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud. Archivo

De igual forma, el costo de atención se incrementó para las EPS luego de la crisis en salud por la pandemia. “El covid-19 generó en todos los países el incremento de la demanda de algunas atenciones, como las asociadas a cardiopatías y salud mental. Según datos reportados por una de las EPS agremiadas, atender a un afiliado después de la recuperación del covid-19 en el 2022 costó un 43 por ciento más que el costo de atenderlo antes de la pandemia. Si bien el sistema debe responder por esta demanda, es necesario que se evalúen los cálculos y se disponga de una prima o UPC suficiente para garantizar estas atenciones”, informó el gremio.

Carmen Eugenia Dávila también se refirió a los cambios que se tienen pensados de llegar a aprobarse la reforma de la salud que se adelanta en el Congreso de la República. “El contexto actual en el que se plantean tantos ajustes estructurales, incluso el fin del aseguramiento en salud, en medio de situaciones financieras que no son atribuibles a las EPS, obliga a revisar de manera urgente estas reglas, mientras se discute la reforma y se dan las definiciones de fondo”, indicó la directora.

En ese orden, Gestarsalud ya se había referido en días anteriores sobre varios artículos que atentarían contra los usuarios del sistema de salud, alegando que las reformas no atenderían de fondo los verdaderos problemas de las EPS, entre los que resalta el acceso a especialidades. También advierte que, de aprobarse el proyecto, las entidades promotoras en salud desaparecían en un plazo de dos años, y no daría tiempo para hacer una adecuada transición a las gestoras de salud y vida que pretende instalar el Gobierno nacional.