Descubren fábrica clandestina de cédulas y tarjetas bancarias

Capturan a siete individuos que transformaron su hogar en un centro de operaciones para adulterar documentos de identidad nacionales y extranjeros

Los falsificadores ofrecían una amplia gama de servicios ilegales para aquellos que deseaban ocultar sus registros. Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación capturó a siete individuos que desempeñaban roles específicos dentro una organización delictiva, la cual contaba con “clientes delincuentes” que buscaban abandonar el país, pero cuyos antecedentes penales les impedían hacerlo.

De esta manera, los falsificadores ofrecían una amplia gama de servicios ilegales para aquellos que deseaban ocultar sus registros.

Así, el ente investigador se pronunció ante la captura y explicó que: “La Fiscalía, a través de la Seccional Atlántico, ha desmantelado una estructura criminal dedicada a adulterar documentos de identificación nacionales y extranjeros, así como tarjetas de crédito y débito de reconocidas instituciones financieras”.

“Según la investigación, la organización ilegal estaría conformada por al menos siete personas que fueron arrestadas por la Policía Nacional en dos residencias ubicadas en los barrios Villa Campestre y Las Delicias de Barranquilla”, señaló José Manuel Martínez, director seccional de fiscalías en el Atlántico.

Según las autoridades, varios delincuentes con registros criminales lograron burlar los controles de las autoridades migratorias colombianas al salir del país y evadir la justicia. Esta fuga fue posible gracias a una organización criminal que transformó su sala de estar en una fábrica de documentos falsos.

La Policía y la Fiscalía llevaron a cabo varios allanamientos con el fin de capturar a estas personas y recolectar todas las pruebas necesarias para presentarlas ante el juez de control de garantías.

Básicamente, con estas pruebas se argumentó la necesidad de mantener a los implicados en prisión, considerándolos un peligro para la sociedad.

Ante estas capturas, el director de Fiscalías aclaró después de las audiencias que:

“Estas personas aparentemente se encargaban de ubicar ciudadanos interesados en obtener cédulas de ciudadanía, pasaportes y licencias de conducir, tanto nacionales como extranjeros. Estos documentos eran utilizados para salir del país con destino a Estados Unidos o España”

Adicionalmente, la Fiscalía señaló que durante los registros y allanamientos, “se incautaron 43 licencias de conducir de Estados Unidos, 8 cédulas de ciudadanía colombianas, 1 documento de identificación español, 52 tarjetas de débito y 31 tarjetas de crédito, así como 2 computadoras, 7 teléfonos celulares, 3 datáfonos y 2 impresoras”.

El fiscal a cargo del caso presentó ante los jueces de control de garantías todas las evidencias en contra de los acusados de falsificación y con estas pruebas, que abarcaron desde la logística utilizada para llevar a cabo la falsificación de documentos hasta testimonios de testigos y agentes encubiertos que revelaron el método de operación, lograron sacar el caso adelante.

La Fiscalía imputó delitos como conspiración para cometer delitos con fines de tráfico de migrantes, falsificación material de documentos públicos agravada y violación agravada de datos personales.

Condena por los delitos que cometió esta red de falsificadores

De acuerdo con el Código Penal, los siete capturados por la Fiscalía en Barranquilla posiblemente se verán sometidos a una condena de:

  • Artículo 269F. Violación de datos personales: El que, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho a noventa y seis meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
  • Artículo 287. Falsedad material en documento público: El que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho a ciento ocho meses.