Oficial de Migración Colombia que habría cobrado a extranjero para permitirle el ingreso fue suspendido del cargo

Autoridades de Migración Colombia informaron que se efectuó la suspensión provisional a uno de sus oficiales, luego de recibir la denuncia de un ciudadano ecuatoriano, quien reportó supuestos cobros a cambio de permitir el ingreso al país. Los hechos se habrían dado en el puesto de control de Rumichaca, el principal punto fronterizo entre Ecuador y Colombia.

En el documento entregado por las autoridades migratorias, se cuenta que el oficial habría cobrado la suma de 300 dólares al extranjero, a cambio de permitirle la salida de Colombia hasta su territorio natal, para luego dejarlo ingresar nuevamente al país sin reportar sus movimientos ante Migración. Según se sabe, el hombre permanecería en Colombia de manera irregular, por lo que debía salir ilegalmente para no ser detectado.

Por su parte, el director general de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, informó que “esta investigación hace parte de las acciones que hemos emprendido para reforzar la transparencia de nuestros procesos, lograr el fortalecimiento institucional y mejorar la confianza ciudadana en la autoridad migratoria”.

Dentro de las acciones adelantadas por las autoridades contra el oficial, se encuentra la suspensión al cargo por tres meses, mientras se concluyen las investigaciones. De igual forma, se intenta establecer si el hombre habría cobrado dinero a otros extranjeros y nacionales a cambio de evadir las leyes migratorias.

“Migración Colombia suspende de manera provisional por tres meses a un oficial de migración del Puesto de Control de Rumichaca (Regional Nariño-Putumayo), con el fin de evitar que, de seguir en su cargo, pueda “presuntamente” continuar solicitando dinero a ciudadanos extranjeros que quieran entrar o salir del país sin cumplir con todos los requisitos migratorios exigidos, a través de ese puesto de control migratorio”, informó la institución en un documento.

La entidad también señaló que el trámite se adelantó, teniendo en cuenta la presunción de inocencia del oficial, aunque resaltó que la suspensión provisional es una facultad que puede impartir cualquier operador disciplinario durante la respectiva investigación o juzgamiento por faltas consideradas como gravísimas o graves.

Migración Colombia también recalcó que “la medida implica la no remuneración, siempre y cuando, se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo posibilita la interferencia del autor de la falta, en el trámite de la investigación o que continúe cometiéndola”.

En las últimas semanas también se conoció la decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar por seis años a la funcionaria Daniela Jaramillo Arbeláez, quien suministró documentación falsa para lograr su incorporación a Migración Colombia. Según las investigaciones de la entidad, se logró comprobar que la mujer había informado ser egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, datos que no correspondían con los suministrados por la institución de educación superior, que indicó que Jaramillo no culminó sus estudios en el plantel.

Las pesquisas adelantadas en primera instancia por la Procuraduría Distrital, constataron también que Daniela Jaramillo solo cursó y aprobó 163 créditos, de los 190 exigidos por la facultad, por lo que la institución excluyó su nombre del programa tiempo después de su deserción. Según datos de Migración Colombia, la mujer tenía vínculos laborales con la entidad desde el año 2017, por

Ante las faltas cometidas por la funcionaria, el fallo sancionatorio de la Procuraduría dictaminó que Jaramillo Arbeáez cometió una falta “gravísima, a título de dolo”, por lo que fue apartada de su cargo definitivamente y no podrá ejercer cargos públicos por los próximos seis años.

Con la decisión, el ente de control puso en firme su compromiso con la transparencia y honestidad en el ejercicio de cargos públicos, al igual que envió una advertencia a quienes intenten cometer acciones fraudulentas. Según la entidad, serán castigados con todo el peso de la ley por cometer conductas deshonestas frente al Estado.