Ante decenas de personas que sufrieron afectaciones durante el conflicto armado, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, volvió a referirse al proyecto de reforma a la Ley de Víctimas que será presentado ante el Congreso durante la segunda legislatura. Al respecto, reiteró que es una necesidad modificar esa norma que fue sancionada mucho antes de la firma del Acuerdo Final de Paz (2016).
Concretamente, el alto funcionario puntualizó durante el martes 4 de julio que esa ley, a pesar de su eficacia, se volvió obsoleta con el surgimiento de nuevos reclamos a partir de lo pactado en La Habana con las antiguas Farc. “La ley fue muy buena y lo sigue siendo, pero se ha desactualizado”, argumentando sobre esto que fue pensada en las circunstancias del conflicto de hace 13 años que sufrieron transformaciones.
El jueves 8 de junio el titular de la cartera de Justicia y el Derecho anunció que la iniciativa busca, en primera instancia, actualizar la ley actual con el Sistema Integral para la Paz, correspondiente al quinto punto del Acuerdo Final compuesto por los mecanismos establecidos para la reparación de víctimas.
Este sistema, compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV); la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) sí fue incorporado en la Constitución (al igual que los otros puntos del Acuerdo), pero no en la Ley 1448 de 2011. Por ello la necesidad de añadir ese marco a la legislación vigente.
Según el ministro, ese es uno de los cuatro ejes de la reforma a la ley. Además, explicó que las otras metas son acatar las recomendaciones consignadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y superar el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 a raíz de la situación de desplazamiento forzado a causa del conflicto interno.
“En ese sentido, uno de los insumos para reformar esta ley es lo que nos ha venido diciendo la Corte Constitucional desde 2004 en esos numerosos y muy juiciosos autos que expide en evaluación de cómo va la superación del estado de cosas inconstitucional”, agregó el ministro.
Como cuarta medida, Osuna Patiño mencionó que está basada en recoger los conceptos de organizaciones sociales, mesas y plataformas de víctimas, así como de aquellas que no están adscritas a ningún movimiento y son reclamantes individuales. Sobre las fuentes de financiación para reparación (Petro ya había dicho que en aproximadamente 125 años serían reparadas todas las víctimas), el alto funcionario sugirió ser “ingeniosos” y utilizar recursos a partir de, por ejemplo. los bienes incautados a los grupos armados ilegales.
“Seguramente con esto nos podremos tomar mucho más en serio esta ley (...) Si logramos reformar la Ley de Víctimas le cambiamos la cara a Colombia y ajustamos el país a la Constitución”, concluyó.
Dicho concepto del ministro de Justicia fue similar al de la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, que manifestó que a pesar de tener uno de los marcos “más ambiciosos” también existen “los rezagos más históricos” en su cumplimiento.
La Ley de Víctimas estableció los principales mecanismos de restitución de tierras y reiteró que las víctimas del conflicto tienen ese derecho. Para ello, se creó el “Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente” en el cual fueron inscritas las víctimas que fueron desplazadas de sus terrenos. También reconoce la existencia de un conflicto armado en Colombia, algo que no ocurrió en gobiernos anteriores al que sancionó aquel articulado. Sin embargo, no fue incluido el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr) establecido en el Acuerdo Final de Paz.
Sumado a eso, tampoco atiende de forma plena lo proferido en la sentencia T-025 de 2004, pues hasta 2021 esa ley solo estaba cumplida en menos del 20%.