Por cuenta del robo de varios objetos de la casa del padre de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, las enfermeras y empleada de Álvaro Ramírez Suárez (Luz Duarte, Lina Marcela Burbano, Cesia Rodelo y Dily Banquett), fueron sometidas, en 2020, a una prueba de polígrafo en el mismo sótano en donde se interrogó a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, exjefa de gabinete en el Gobierno de Gustavo Petro.
El 4 de julio, el abogado de la exvicepresidenta, Víctor Mosquera, confirmó los interrogatorios, advirtiendo que Ramírez ni autorizó ni se le consultó hacer las pruebas con el detector de mentiras.
“La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez no solicitó, ni tuvo conocimiento previo de la realización de dichas pruebas de seguridad, ni de la demás información relacionada en la noticia porque esto fue manejado como un procedimiento rutinario de seguridad. Simplemente, se le informó que una de las enfermeras había reconocido ser la autora de los hurtos continuados y que se había retirado del grupo de enfermería”, explicó el abogado Mosquera a W Radio para explicar lo sucedido luego de la publicación del reportaje de Cambio
El abogado también advirtió que incluso una de las cuatro trabajadoras del padre de Ramírez solicitó que le fuera practicada la prueba del polígrafo: “Por solicitud de algunas de ellas, debido a la desaparición de elementos personales y del armario del paciente que tenían bajo su cuidado y, en aras de esclarecer los hechos, para establecer la plena confiabilidad de todo el equipo de trabajo”.
Una de las enfermeras fue la responsable de los hurtos
Mosquera señaló que, durante los interrogatorios, una de las enfermeras de Álvaro Ramírez reconoció haber hurtado las cosas que se había ido “desapareciendo” de la casa del papá de la exvicepresidenta y que entre las razones para someterlas a estas pruebas fue que se consideraron los robos como asunto de seguridad nacional.
“Se consideró de riesgo nacional debido a que su padre venía a dormir con relativa frecuencia en la casa de la Vicepresidencia cuando ella dormía allá, así como en su residencia personal y él estaba acompañado siempre de la enfermera de turno”, le dijo el abogado a W Radio
El abogado de la exvicepresidenta, quien dijo haberse contactado con el esquema de seguridad de Ramírez de la época -el cual le confirmó que la cuatro empleadas de Álvaro Ramírez fuero sometidas al detector de mentiras, citó, para argumentar los interrogatorios en el sótano del edificio Luis Carlos Galán, adscrito a la Presidencia, el Decreto 1066 de 2015:
“La seguridad de la exmandataria y de su entorno familiar, se reconoce nacional e internacionalmente como un asunto de seguridad nacional y tal como establece el decreto 1066 del 2015, es una de las funciones propias de la protección al presidente y vicepresidente de la República”
¿Cortina de humo del Gobierno Petro?
Mosquera también dijo que la revelación de estos interrogatorios a las cuatro empleadas de Álvaro Ramírez, no es más que un plan del Gobierno de Gustavo Petro para desenfocar de la opinión pública el caso de Marelbys Meza, quien fue sometida al polígrafo y a interceptaciones ilegales de sus comunicaciones luego de que se perdiera un dinero de la casa de Laura Sarabia.
“Rechazamos que el actual Gobierno de Colombia esté filtrando periódicamente a algunos medios de comunicación información tergiversada, parcializada o irreal, con claros propósitos políticos de desviar la atención ante los hechos graves que vienen ocurriendo sobre la actual administración, pretendiendo equiparar y normalizar actos cuestionables que son absolutamente disímiles tanto en cuanto a la naturaleza de los hechos, como en cuanto al estatus Constitucional de la Vicepresidente, persona con altos riesgos de seguridad durante el ejercicio de su cargo”
El abogado de Marta Lucía Ramírez anunció que la exvicepresidenta impondrá las respectivas denuncias ante la Fiscalía por el daño a su buen nombre. Estas denuncias también se harán a nivel internacional. Esto, por recomendación de Mosquera y su firma de abogados:
“Esta firma ha recomendado a la ex vicepresidenta de Colombia y así lo hemos acordado, de acudir a las acciones legales que correspondan tanto nacional como internacionalmente, con el propósito de proteger su buen nombre y reputación de la campaña evidente de desprestigio”
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