Casi 90 precandidatos a las próximas elecciones están investigados por corrupción y otros delitos: muchos ya tienen partido

De cara a las próximas elecciones regionales y locales que se vivirán en octubre de 2023 en Colombia, la línea Democracia y Gobernabilidad, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), entregó en las últimas horas un informe que dejaría al descubierto a varios precandidatos a los que se les ha abierto investigaciones por corrupción e, incluso, vínculos con grupos armados.

En total, serían 88 precandidaturas, de las 294 registradas por la fundación, luego de una ardua investigación, las que tendrían cuestionamientos por diferentes irregularidades o delitos. Sin embargo, a pesar de los señalamientos que se les adelantan, estarían buscando reafirmar sus candidaturas a través del aval de partidos políticos, movimientos significativos de ciudadanos y/o coaliciones.

En el informe de la Fundación Pares se logra evidenciar que entre los 88 precandidatos se destacan cuestionamientos como investigaciones judiciales, con 30 casos (34%); 32 aspirantes tendrían en su contra investigaciones disciplinarias (36%); el 43% (38) de los precandidatos cuestionados son herederos y/o líderes de clanes políticos; 19 tendrían relaciones con presuntos hechos de corrupción (22%); el 16% estarían vinculados con nexos con grupos armados ilegales (14%); nueve de los 88 aspirantes son herederos de la parapolítica y otro más tendría nexos con economías ilegales.

A otros ocho precandidatos se le adelantan investigaciones fiscales; un aspirante está siendo investigado por parapolítica y otro es heredero de Odebrecht.

De igual forma, el documento dejó en evidencia que 53 precandidatos estarían buscando su aval en 14 partidos políticos, entre los que destacan el Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical y Partido de la U. Otros 21 aspirantes estarían en la lucha de conseguir su lugar por medio de 21 grupos significativos de ciudadanos, ocho precandidatos entrarían por coalición y otros seis aún no se definen.

La fundación también alertó sobre los cargos que aspiran a ocupar estos precandidatos. Según el informe, 42 aspiran a diferentes gobernaciones, entre las que se destacan las de Magdalena, Antioquia, Caquetá y Bolívar; mientras 46 precandidatos buscan su lugar en 27 alcaldías municipales del país, entre las que destacan Sincelejo, Ibagué, Medellín y Cartagena.

• Dilian Francisco Toro

La precandidata y líder del Partido de la U fue investigada por la Corte Suprema de Justicia en 2012 por lavado de activos. Según Pares, Toro lidera el segundo clan político más fuerte del país y actualmente se adelantan en su contra 16 procesos de carácter privado y un proceso abierto en la Corte Suprema. Actualmente estaría aspirando a ser gobernadora del Valle del Cauca

• Jorge Rey

El aspirante a la gobernación de Cundinamarca estaría involucrado en el escándalo del cartel de “volteo de tierras”, donde se habría cambiado el tipo de uso de varios predios de rural a urbano mediante supuestos sobornos a concejales, alcaldes y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

• Rodolfo Hernández

El precandidato enfrenta actualmente un juicio penal por presuntas irregularidades en contratos para el manejo de basuras que habrían beneficiado a la empresa Vitalogic, mientras ejerció como alcalde de Bucaramanga. Hernández fue inhabilitado por procuraduría para ejercer cargos públicos el 31 de mayo de 2023 y ahora aspira a la gobernación de Santander.

• Alejandro Char

Busca oficializar su candidatura a la alcaldía de Barranquilla y está siendo investigado por su presunta participación en el esquema de corrupción de la costa Caribe, por el que fue condenada Aida Merlano. Además, se le vincula al caso de supuestas coimas pagadas por Luis Enrique Guzmán para construir un hidrotanque mientras Char era alcalde.

• Luis Pérez

El aspirante a la Alcaldía de Medellín fue acusado por alias “Otoniel” ante JEP, de ser cercano al capo extraditado Henry de Jesús López, alias “Mi Sangre”. Además, actualmente mantiene una investigación ante la Fiscalía por unas propiedades a su nombre, que estarían vinculadas al exjefe paramilitar Vicente Castaño, que llevó a las autoridades a indagar por los movimientos financieros de Perez, quien ya fue gobernador de Antioquia.