36 impactos de bala recibió el vehículo en que se movilizaba una misión de la Iglesia católica conformada por el diácono Fredy Muñoz y el laico Eider Bototo en la madrugada del domingo 2 de julio en el casco urbano del municipio Caldono (Cauca).
El hecho, ocurrido en la camioneta oficial del sacerdote Javier Porras, generó rechazo tanto en autoridades locales como de organismos de cooperación internacional. Momentos después del ataque, la Misión de la ONU en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp/OEA) lamentó lo ocurrido contra las víctimas que regresaban de una vigilia en la vereda La Esmeralda.
Sobre esto, Naciones Unidas condenó el ataque y destacó el papel de la Iglesia en la construcción de paz en los territorios. “Desde la Misión de Verificación rechazamos estos hechos de violencia y nos solidarizamos con la Iglesia católica, fundamental promotora de la construcción de paz y reconciliación”, sostuvo el mecanismo.
De igual manera, el organismo multilateral replicó el llamado de las comunidades en este municipio para que cesen las acciones violentas que afectan a las personas en proceso de reincorporación a la vida civil, liderazgos étnicos y el trabajo de las autoridades indígenas y personas defensoras de derechos humanos tanto en esta zona como en el resto de Cauca.
La Arquidiócesis de Popayán, por su parte, manifestó su preocupación ante el atentado ocurrido después de las denuncias presentadas por el diácono Muñoz (que ordenará como sacerdote en agosto) contra su vida. “Rechazamos enérgicamente este atentado que pudo segar la vida de dos personas que están, desde el evangelio, totalmente al servicio de esta comunidad”. A su vez, recordó a los grupos armados que en la guerra “no todo está permitido” y que en medio del conflicto territorial no pueden perpetrarse actos violentos contra actores civiles y la propia Iglesia.
De igual manera, en la misiva firmada por el arzobispo de Popayán, monseñor Omar Alberto Sánchez, se ratificó la voluntad de paz por parte de la Iglesia católica, así como la búsqueda de procesos de construcción de paz en medio de la conflictividad con grupos armados que se disputan el control territorial, entre ellos el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las extintas Farc, los Comandos de Frontera y estructuras locales.
Las comunidades indígenas del municipio hicieron un llamado al Gobierno nacional y a las instituciones defensoras de los derechos humanos para que “presten especial atención a la comunidad caldoneña que tanto hemos sufrido los efectos del conflicto armado”. También dieron a conocer que las autoridades ancestrales están investigando lo ocurrido junto con las autoridades ordinarias.
“Insistimos en un diálogo ‘hacia adentro‘ como primer mecanismo de acercamiento a un proceso de paz”, manifestaron las autoridades del territorio ancestral del pueblo nasa en Caldono.
El alcalde del municipio manifestó que allí se han hecho 36 consejos de seguridad y sumado a eso indicó en diálogo con La W que la situación territorial “es compleja” y que data de hace varios años cuando diversos grupos armados ilegales llegaron a esa zona para apoderarse de rentas ilegales y cultivos de uso ilícito. Además, enfatizó en que todos sus habitantes viven en constante estado de vulnerabilidad y los integrantes de la Iglesia no son la excepción ante el liderazgo social ejercido.
“Incluso, el padre Javier y el diácono Fredy con su acompañante han sido gestores de paz en nuestro municipio; es decir que, mencionar si están amenazados o no, no sería justo”, dijo José Vicente Otero ante el medio citado. De paso, ratificó el llamado al Gobierno para implementar las medidas correspondientes a la Paz Total en los territorios para frenar la violencia en esa zona del suroccidente colombiano.