El país aún recuerda el fatídico 27 de junio de 2022, día en que más de 50 presos murieron tras un incendio en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca. Luego de un año, las investigaciones del caso continúan, además de las audiencias en donde los familiares de las víctimas buscan justicia, argumentando que algunos servidores del Estado actuaron con negligencia mientras las llamas consumían todo a su paso.
Cabe resaltar que fue en la madrugada de ese 27 de junio, cuando las llamas se expandieron por el patio 8; mientras algunos dormían, otros grupos sostenían una riña que, de un momento a otro, estuvo sumergida en las llamas que dejaron 20 heridos y 57 muertos. Sin embargo, fue hasta el 28 y 29 del mencionado mes cuando se empezó a conocer el efecto de la conflagración.
Sobre el tema, el abogado Jonathan Velásquez, apoderado de un grupo de víctimas, habló con Infobae Colombia y explicó:
“Estamos adelantando el proceso jurídico de más de 20 familias que lamentablemente perdieron a sus seres queridos, podamos resumir el trabajo de este año en tres ejes fundamentales: primero, que la investigación penal que se adelanta por parte de la Fiscalía General de la Nación, en la cual tenemos audiencia de formulación de imputación para el próximo 5 de julio a partir de las 8 de la mañana”.
De igual forma, el jurista explicó que en la audiencia a realizar se indagará sobre el trabajo realizado por parte de tres funcionarios del centro carcelario vallecaucano, además de un bombero que asistió al lugar para atender la emergencia. En este caso, se busca constatar si hubo algún tipo de omisión por parte de los mencionados, siendo este un dato de importancia ante el posible compromiso que tuvieron con los hechos.
“Vamos a tener una audiencia en la cual se va a realizar el procedimiento frente a tres miembros del cuerpo carcelario del INPEC y un miembro de los bomberos, en segundo lugar; el proceso que cursa en la Procuraduría que en este momento es causa de reserva legal y tiene que ver con toda la actuación disciplinaria de las personas que por acción u omisión, pudiesen haber tenido algún tipo de injerencia en eso lamentables hechos”.
Finalmente y como dato no menor, el abogado señaló que a pesar de que se ha avanzado en procesos de conciliación, hasta el momento no hay ningún tipo de acuerdo y las demandas administrativas avanzan en diversos juzgados del país.
Por su parte, Jaime Galvez Giraldo, personero delegado para los Derechos Humanos en el municipio Vallecaucano, explicó en Telepacífico Noticias que, muchos de los heridos salieron de la ciudad luego de su recuperación y cumplimiento de pena, sin embargo, algunas personas aún tienen secuelas de las llamas que incluso, les provocaron discapacidades al punto de estar volviendo a caminar tras varios meses en cama.
“La mayoría de esas víctimas y familiares se han ido para otras ciudades, los que quedaron vivos se han trasladado a otros centros penitenciarios; actualmente hay únicamente tres en condiciones muy precarias de salud, los cuales estuvieron mucho tiempo reducidos a la cama ahora; se pueden parar un poco y caminar lentamente, estamos buscando la consecución de una silla de ruedas y es de la persona que ya está mucho mejor”.
Por el momento y hasta nueva orden, según el personero, se siguen haciendo visitas al centro penitenciario y demás espacios de reclusión en Tuluá para verificar las condiciones en las que se encuentran los presos, argumentando que se busca priorizar sus mínimos vitales y calidad de vida.
“La personería municipal de Tuluá periódicamente hace visitas; tanto al CAI de Agua Clara donde permanecen algunos reclusos, donde la Policía Nacional es la que lo custodia en esos casos y aquí en la cárcel penitenciaria de mediana seguridad de Tuluá, también estamos periódicamente haciendo visitas”, señaló Galvez Giraldo.