Se vencen los decretos de cese al fuego entre el Gobierno y diversos grupos armados: qué pasará con la Paz Total de Gustavo Petro

En la búsqueda de la Paz Total, el presidente Gustavo Petro firmó el pasado 31 de diciembre del 2022 un decreto de cese al fuego bilateral con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN); la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o clan del Golfo) y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

Luego de seis meses, marcados por incumplimientos, hostilidades, ataques armados, extorsiones, masacres y secuestros, este viernes 30 de junio termina la vigencia de la orden presidencial que, según indicó la Fundación Ideas para la Paz (FIP), permitió la reducción en un 44% los ataques contra la Fuerza Pública durante los primeros cuatro meses de 2023, si se compara con el mismo periodo del 2022.

Entre los incumplimientos más notorios de los grupos armados está la masacre de cuatro menores indígenas a manos del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc en Putumayo, el pasado 17 de mayo.

De acuerdo con la denuncia de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), los menores habían sido reclutados contra su voluntad y se volaron del campamento, razón por la cual los subversivos los buscaron y los asesinaron frente a su comunidad.

El aberrante crimen que indignó al país produjo que el presidente Gustavo Petro levantara de inmediato la medida de cese al fuego y que desde el Ministerio de Defensa se ordenara reanudar todas las operaciones militares y operativos policiales en los departamentos mencionados.

Según Indepaz, ese reducto de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, es uno de los que más incumplió el acuerdo de cese al fuego. Así mismo es una de las que más integrantes tiene, con cerca de 3.000 guerrilleros en sus filas.

Este reducto de las Farc implementa el reclutamiento forzado de menores para crecer y, además, las poblaciones de Cartagena del Chairá, Pujil, La Montañita y Puerto Rico, en Caquetá, le exigen carnés a los pobladores para dejarlos ingresar a sus territorios y, quien no lo porta, corre el riesgo de ser asesinado.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz estableció que el segundo grupo armado que más incumplió el cese al fuego fue el clan del Golfo, que a través de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, su brazo armado, perpetró extorsiones, masacres y atentados contra los colombianos en la Costa Caribe y el Bajo Cauca Antioqueño.

A principios del año en curso, este grupo armado promovió un paro minero entre Antioquia y Córdoba, como respuesta a la reanudación de las operaciones militares contra la minería ilegal en la región. En medio de las protestas, los integrantes del clan propiciaron disturbios, quema de vehículos e incluso hostigamientos desde las montañas antioqueñas contra la fuerza pública.

Adicionalmente, el clan del Golfo no detuvo sus negocios en el tráfico de drogas, exportando grandes cargamentos de droga a México y aumentando el microtráfico en el país. El grupo delincuencial recluta a menores y los convierte en jíbaros dentro de los colegios, e incluso los induce al sicariato como sucedió con alias Berraquito, un menor de 15 años que ya era cabecilla en una de las estructuras del clan que tiene presencia en algunos municipios del noreste antioqueño.

Lo expuesto anteriormente, sumado a las múltiples masacres, los denominados plan pistola contra las autoridades, paros armados y extorsiones, hicieron que el Gobierno nacional rompiera el acuerdo de cese al fuego con el clan del Golfo y emitiera 265 órdenes de capturas contra sus integrantes en la Costa Caribe del país.

Finalmente, Indepaz estableció que las Autodefensas de la Sierra Nevada y la Segunda Marquetalia fueron los grupos que más cumplieron el compromiso del cese al fuego y redujeron sus acciones hostiles contra la población civil y la Fuerza Pública colombiana.

En cuanto al ELN, el Gobierno desarrolló de manera independiente mesas de diálogo en México y Cuba, en las que se establecieron medidas de cese al fuego, distintas a las decretadas por el presidente Petro a principios del 2023. Pese a los diálogos, el ELN perpetró varios atentados entre los que se destaca la activación de una carga explosiva al paso de una patrulla de la Policía en Tibú (Norte de Santander), que dejó tres personas muertas.

Pese a que en la última mesa de negociaciones entre el Gobierno y el ELN se estableció un cese al fuego, este aún no se ha empezado a implementar y el Ejército continúa con su avanzada contra el grupo guerrillero en varios departamentos del país.

El pasado 27 de junio, los militares entraron en combates contra una estructura del ELN en la vereda Manantial en Arauca, donde fueron abatidos seis integrantes de esta guerrilla e incautaron cuatro fusiles, 18 proveedores, más de 400 cartuchos de diversos calibres, una mira de precisión, tres chalecos multipropósito y más de 15 minas antipersonales, las cuales fueron destruidas de manera controlada en la zona de la operación.

“Habría que tomar decisiones por organización y seguramente también regionalmente diferenciadas, pero no creo que el Gobierno vaya, con la experiencia ya acumulada, a tomar una decisión de conjunto. No debería hacerlo, me parece”, dijo Alejandro Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, en entrevista con Noticias Caracol.

A pesar de que el Gobierno decretó un cese al fuego bilateral, en el primer semestre del año se registraron 46 masacres, que dejaron como saldo por lo menos 147 personas muertas. Así mismo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que en lo corrido del año han sido desplazadas o confinadas por lo menos 5 mil personas a causa de enfrentamientos armados entre el Ejército y la Policía, con el ELN, las disidencias de las Farc, el clan del Golfo y otros grupos armados.

Finalmente, la Policía informó que entre el 1° de enero y el 31 de mayo del 2023 se reportaron 152 secuestros en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Valle y Risaralda. Esta cifra es la peor en el país en la última década.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció el pasado 18 de mayo que desde el Gobierno nacional se están evaluando los mecanismos para extender el cese al fuego decretado desde el 31 de diciembre de 2022; hasta el momento solo se excluiría de la prórroga el clan del Golfo.