David Racero criticó a las EPS y le recordaron que su tío, candidato a la Gobernación del Cesar, le debe más de $400 millones al sistema de salud

En medio de las múltiples críticas a la Reforma a la Salud, que propone desaparecer a las EPS, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero publicó un trino comparando a las entidades promotoras de salud con el grupo mercenario pro ruso Wagner, que pelea en la guerra con Ucrania.

El congresista no tuvo en cuenta que su tío, José Luis Mayorca, aún le debe dinero a los oncólogos que trabajaron para su EPS y se lo recordaron.

De acuerdo con lo expuesto por La FM, Mayorca fue uno de los dueños de la intervenida y liquidada EPS Medimás, envuelta en múltiples escándalos de corrupción; el tío del congresista también fue accionista del Centro Nacional de Oncología, que al igual que Medimás fue liquidado.

De este último centro médico, José Luis Mayorca salió debiéndole más de $400 millones de pesos a varios oncólogos por la prestación de sus servicios. La cadena radial contactó al oncólogo clínico Carlos Eduardo Correa Melo, uno de los galenos afectados por el incumplimiento de Mayorca, quien declaró:

“Trabajé desde el 2011 con el Centro Nacional de Oncología. En los últimos tiempos, se fue deteriorando el estado financiero de la empresa, pero nosotros seguíamos apoyando, porque muchos de los oncólogos se fueron retirando y ya en el último año y medio, dejaron de pagarnos nuestros honorarios, porque nosotros trabajábamos por servicios prestados y recibíamos un reconocimiento por actividad (...) Fueron aplazando los pagos hasta que, de la noche a la mañana, fuimos a trabajar y nos dijeron que la empresa estaba cerrada porque se liquidó, se acabó”, aseguró Correa Melo en entrevista con La FM.

El médico indicó que la empresa de salud de José Luis Mayorca le quedó debiendo cerca de $370 millones de pesos solamente a él, deuda que supera los $400 millones de pesos si se le suma lo que aún le deben a sus compañeros médicos.

“Ya llevamos prácticamente tres años sin ninguna respuesta, uno le marca al teléfono que teníamos de José Luis (Mayorca) y siempre lo manda a buzón, nunca ha habido una razón, simplemente silencio absoluto”, agregó el oncólogo clínico afectado.

David Racero ya había sido criticado por culpa de su tío, envuelto en escándalos de corrupción en la salud del país, a quien invitó a las conversaciones para hacerle ajustes a la Reforma a la Salud.

En su momento el presidente de la Cámara de Representantes dijo: “No hay que darle tanta suspicacia al tema, yo he escuchado todas las voces, porque es muy importante escuchar voces que sepan del sistema de salud. Él es médico especialista en oncología, conoce muy bien la dinámica de las relaciones entre EPS e IPS, ese es el centro de debate y fue una invitación en un espacio abierto donde hubo medios de comunicación”.

El pasado domingo 25 de junio, David Racero cuestionó el sistema de salud del país que está en manos de empresas privadas, asegurando que este está en riesgo, así como lo estuvo la seguridad de Rusia tras la rebelión contra Vladimir Putin del grupo paramilitar Wagner.

“Así como se comprende que privatizar la seguridad, contratando mercenarios a lo Wagner, es mal negocio, también, se entenderá que la misma perversión y riesgo social, la privatización de la salud”, puntualizó el congresista del Pacto Histórico.

La afirmación de Racero no cayó bien en muchos sectores y gremios médicos del país, que le reprocharon la burda comparación entre empresas de salud y un grupo armado. Una de las primeras agremiaciones en recriminara Racero fue la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que le pidió respeto al congresista.

“Le pedimos respeto al presidente de la Cámara y que pueda haber un tono de conciliación para escuchar los resultados de las EPS en el sistema de salud”, dijo Paula Acosta, la presidenta de ese gremio, a través de una carta abierta.

Tras eso, Racero borró su primer trino y recompuso la situación tratando de explicar lo que intentó decir en su anterior publicación. “La conversación que se plantea es que la seguridad, como la salud, son derechos y deben ser provistos por el Estado. Cederlos siempre implicará un riesgo en el que los intereses privados pueden llegar a privilegiar los propios beneficios sobre el interés general o de los más vulnerables”, agregó el representante a la Cámara.