Con el homicidio de Ángel Miguel Ariza, van 18 firmantes del acuerdo paz asesinados en 2023

Aunque los asesinatos de excombatientes de la desaparecida guerrilla de las FARC se redujo en un 23 %, pasando de 21 homicidios en 2022 a 17 en el presente año, la violencia sigue afectando a los firmantes del acuerdo de paz entre el extinto grupo subversivo y el Estado colombiano, donde la víctima más reciente fue Ángel Miguel Ariza.

Según informaron en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el excombatiente fue ultimado por hombres armados el miércoles 28 de junio, en el municipio de Tame (Arauca), en zona de frontera con Venezuela.

“Este firmante fue asesinado hacia la 1 p.m. luego de que hombres armados llegaran a su vivienda y lo condujeron hacia la manga de coleo del Caserío Flor Amarillo”, informaron en Indepaz.

Agregaron que Ariza Rojas llevó a cabo su proceso de reintegración en el Espacio Territorial (ETCR) de Filipinas, que se ubica en el municipio de Arauquita.

Por este nuevo crimen, se pronunciaron desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz y enviaron sus condolencias a los allegados del excombatiente.

“Repudiamos la violencia y la persecución contra los firmantes de paz. Enviamos nuestro abrazo solidario a la familia de Ángel Miguel Ariza Rojas. firmante de paz asesinado (sic)”, señalaron.

En el comunicado instaron a las autoridades competentes para que tengan celeridad en las investigaciones y puedan dar con los responsables de este nuevo crimen.

“Extendemos también nuestra solidaridad a su organización y a la comunidad de firmantes de paz en general. Instamos alas autoridades judiciales a esclarecer este crimen que constituye una afrenta contra los esfuerzos de paz de la sociedad Colombiana (sic)”, solicitaron.

También les pidieron dar con el paradero de Diana Quiroga, otra excombatiente que está reportada como desaparecida desde el pasado 25 de junio, cuando se movilizaba entre dos localidades de Bogotá.

“El Gobierno nacional sigue comprometido con brindar protección a los firmantes de paz. Exigimos a quienes persisten en
la violencia que entren en razón y se sumen, con coherencia y compromiso, ala construcción de la paz para Colombia. Cada firmante de paz asesinado o desaparecido nos a eja del país que merecemos, un país sin odios, ambiciones ni venganzas absurdas, dondela vida y la libertad sean principios inquebrantables”, concluyeron el comunicado.

Por el crimen de la lideresa social María del Pilar Hurtado Montaño, que conmovió al país ya que su homicidio fue perpetrado frente a su hijo menor de edad, le abrieron un proceso disciplinario en la Procuraduría General de la Nación a Fabio Leonardo Otero Avilés, quien fue alcalde de Tierralta (Córdoba) en el periodo 2014-2019, por no brindar las medidas de protección a la mujer.

El ente de control anunció este fin de semana del inicio de la investigación en contra del exfuncionario, ahora candidato en las elecciones regionales, y de quien fuera su secretario de Gobierno, Willingtón Ortiz Naranjo, porque, presuntamente, desatendieron las denuncias de Hurtado Montaño, a quien le quitaron la vida el 21 de junio de 2019.

“Al momento de su asesinato, Hurtado trabajaba como recicladora y al mismo tiempo lideraba un grupo de personas, especialmente mujeres reclamantes de tierras que para ese momento estaban ocupando un lote en jurisdicción de ese municipio, cuyo propietario era padre del alcalde investigado”, recordaron en el Ministerio Público.

La lideresa había recibido amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidas como el Clan del Golfo, donde a través de panfletos le advertían que atentarían en su contra.

Según establecieron en la Procuraduría, tras analizar el material probatorio que se recolectó y los testimonios de personas cercanas a ese grupo armado, uno de los jefes criminales del mismo ordenó el homicidio de la lideresa, que fue ejecutado por un sicario.

“Hurtado era una lideresa social reconocida por esa administración municipal, que ya había asistido oficialmente al menos a una reunión citada por el alcalde, y no una extorsionista, como habrían tratado de hacerla ver sus verdugos para justificar su muerte”, explicaron.