Así está la megacárcel que prometieron en el Magdalena: se han gastado $291.000 millones y hace seis meses no ponen un ladrillo

Lo que inició como una solución a mediano plazo de contrarrestar el hacinamiento que presentan las cárceles del país, ahora se ha convertido en un posible caso de elefante blanco en el Magdalena.

Se trata del proyecto carcelario del municipio de Sabanas de San Ángel, que pretende abrir 1.974 cupos para la población privada de su libertad. La advertencia fue hecha en las últimas horas por la Contraloría General de la República, que advierte sobrecostos en la construcción de la edificación.

Según se conoció en el informe, estarían en juego unos 291.497 millones de pesos que fueron destinados para la ejecución de la obra y equipamiento de centro reclusorio, de los cuales más de 275.000 millones estaban destinados a su construcción y otros 16.000 para trabajos de interventoría. El órgano de control informó que el proyecto, al que se le adjudicaron contratos hace más de tres años, hoy se encuentra solo en el 27% de avance.

Además, la Contraloría determinó que para la ejecución de la obra no se hicieron estudios previos para la estructuración de comunicaciones, ni diseños de factibilidad y expansión de la red externa eléctrica. El ente de control también advirtió que el proyecto lleva paralizado más de cinco meses, luego de que se suspendieran labores por inconvenientes en la zona.

Aunque su interrupción inicialmente sería por 45 días por cuenta de la crítica situación de orden público y las condiciones climáticas del municipio, desde el pasado 20 de diciembre de 2022 los trabajadores de las obras no han vuelto al lugar.

En el informe entregado a la Dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el ente de control advierte que, de no reiniciar las labores de construcción en el menor tiempo posible, existe un grave riesgo de detrimento al patrimonio del Estado.

“La prolongada suspensión de la obra (más de 5 meses) genera alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados, para su terminación y puesta al servicio, por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra, así como de las obras ejecutadas hasta el momento” señaló la entidad.

La Contraloría General de la República también emitió una advertencia a la Uspec. Según la entidad “hay una alta posibilidad de que se vea inmersa en situaciones de carácter judicial, por cuenta de las acciones que puedan iniciar el contratista y la interventoría, ante la extensa suspensión del contrato y los daños derivados”.

La situación de la cárcel de Sabanas de San Ángel no sería el único caso en el país en el país. Según se conoció, los proyectos de megacárcel en Pereira y Riohacha también estarían en vilo. En el caso del centro penitenciario del Pilamo, en la capital de Risaralda, su ejecución iría en el 21% y se ha visto retrasada por la crisis que dejó la pandemia y la ola invernal que azotó durante el año pasado al país.

En el caso de la cárcel en La Guajira, tan solo se reporta un avance del 5.35%, la ejecución más baja de los últimos tres años, y su retraso estaría vinculado a ciertas inconformidades de las comunidades indígenas de las zonas circundantes al proyecto, que se oponen a la construcción del centro penitenciario.

En total, serían unos 4.500 cupos para privados de la libertad los que estarían en juego con el retraso de las obras que, según su cronograma inicial, estaban presupuestadas para ser entregadas entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026. Sin embargo, ninguno los centros penitenciarios supera el 30% de avance, por lo que se desconoce la fecha real de culminación de los megaproyectos.