El agua llega con heces en el Guaviare: se robaron mas de $30.000 millones destinados a construcción de plantas de tratamiento

En su visita al departamento del Guaviare, el vicecontralor general de la Nación, Carlos Zuluaga, hizo una grave denuncia por irregularidades en un proyecto de potabilización de agua en las escuelas rurales de San José del Guaviare. Según indicó el funcionario, serían más de 33.000 millones de pesos los que se perdieron en un plan que no garantizó el acceso del líquido vital a los niños y adolescentes de este municipio.

Durante un encuentro que adelantó Zuluaga con miembros de la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Salud, el funcionario contó detalles de cómo lograron identificar las fallas de este proyecto, que fue financiado en su totalidad con recursos de Ocad Paz, un órgano del Sistema General de Regalías (SGR) que se responsabiliza de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías en el marco del fin del conflicto armado.

“Si no fuese por una denuncia de la Defensoría del Pueblo que de manera oportuna nos hizo llegar, por el registro fotográfico, por las pruebas médicas de niños que estaban consumiendo agua no apta para el consumo humano, agua con heces fecales, agua sin tratamiento; la Contraloría no hubiese detectado oportunamente la gran irregularidad que ha ocurrido en este departamento”, expresó Zuluaga.

El plan de potabilización de agua en instituciones educativas de San José del Guaviare costó 33.673 millones de pesos, y consistía en la instalación de plantas de tratamiento que hicieran viable el consumo del líquido en más de 85 escuelas de las zonas rurales. Aunque el proyecto se llevó a cabo, según indicó el contralor, “montaron unas plantas de tratamiento que no cumplieron el objetivo”.

Cuenta el informe de la entidad que para la contratación del proyecto se hizo una intermediación innecesaria para adquirir los sistemas de potabilización, que derivó en sobrecostos astronómicos en la compra de equipos que no cumplen con los estándares. Incluso se mencionó que durante la compra de dichos elementos, se pagó hasta 400 veces más su valor sin que se comprobara la funcionalidad de los aparatos que, según dijo la entidad, no sirven.

Las fallas en estos sistemas de potabilización, pusieron en condición de vulnerabilidad a más de 14.000 menores de San José del Guaviare. Muchos de ellos tuvieron que asistir a centros asistenciales por problemas de salud como alergias, brotes e intoxicaciones por el agua que, determinó el ente de control, no es potable.

Esta información fue corroborada por el vicedefensor del pueblo, Luis Andrés Fajardo, quien comentó que en dichas instituciones es frecuente que los niños presenten dolores estomacales, náuseas y vómito después de consumir los alimentos preparados en los planteles. De hecho, según informó Fajardo, existen 58 casos de desnutrición por cuenta del agua contaminada, luego de que varios rectores de los colegios tomaran la decisión de suspender el suministro del líquido ante el riesgo inminente, lo que impidió la preparación de alimentos para los estudiantes.

El informe de la Contraloría también se identificó que son cinco las instituciones educativas que presentan el mayor riesgo de contaminación del agua, mientras que en otras 18 se estableció un nivel de riesgo medio. Dentro de los casos más frecuentes hallados por la Secretaría de Salud del Guaviare, el INS y la Defensoría del Pueblo, se encuentran laceraciones y reacciones alérgicas de estudiantes por consumir agua de los planteles.

Ante la problemática, la Contraloría General de la Nación estableció hallazgos con incidencia fiscal sobre el proyecto que, actualmente, es ejecutado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare – EMPOAGUAS E.S.P. S.A, quienes deberán rendir cuentas ante el órgano de control por los sobrecostos de hasta 400% y la fallida implementación del programa en las escuelas.

“Nosotros adelantamos un proceso de responsabilidad fiscal por la totalidad del proyecto, porque ninguna de las plantas que se instalaron en las instituciones educativas evaluó las condiciones en las que se debía adelantar este modelo de tratamiento de agua potable”, señaló Zuluaga.