JEP evaluará medidas cautelares por posible fosa con 60 cadáveres en Valle del Cauca

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la magistrada Belkis Izquierdo, determinaron evaluar la adopción de medidas cautelares sobre un sector conocido como ‘La Carbonera’ en zona rural de Pradera (Valle del Cauca) en el que, al parecer, hay una fosa común con 60 desaparecidos asesinados por los paramilitares.

Ante la solicitud que hizo el veedor ciudadano y defensor de derechos humanos, Ricardo Enrique Abella, de adoptar de manera urgente medidas de protección en el lugar, el alto tribunal decidió evaluar dicha petición.

Abella, en compañía del líder social Alexander Gue Giraldo, visitó las cuencas de los ríos Bolo Negro, Bolo Blanco y el cañón del río Bolo Azul y allí, la comunidad le alertó sobre la existencia de la fosa común.

Señala la JEP que en su relato, el líder social referencia que en zona aledaña al sector visitado, un grupo paramilitar asesinó a una familia completa, a la cual le sobrevive “una niña de nueve (9) años” que escapó y hoy no se sabe de su paradero. Reporta que la niña llegó por el río al casco urbano de Pradera y posteriormente “salió del pueblo hoy no se sabe dónde está”. Adicionalmente, indicó que, según la comunidad, “al padre de familia lo degollaron delante de los niños”.

Los magistrados de la JEP solicitaron enviar una comisión de expertos que evalúe el terreno delimitado. Así, se determinó vincular al trámite a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD), así como al Grupo de Búsqueda de la Fiscalía (GRUBE) y a la Procuraduría, para que adelanten en conjunto la investigación correspondiente.

“...que informen, dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de esta providencia, si tienen conocimiento o adelantan procesos respecto de la posible existencia y ubicación de una fosa común en el sitio denominado “La Carbonera”, en el municipio de Pradera. De ser afirmativa la respuesta, se determine fijación topográfica y fotográfica, si obra informe técnico en tal sentido, se sirvan allegar copia del mismo” ordenaron los magistrados de la JEP.

El encargado de identificar las coordenadas exactas del lugar será el Grupo Forense de la Fiscalía de la JEP, que además, deberá considerar la realización de exhumaciones de ser necesario.

El pasado 23 de junio se conoció de una masacre en el departamento de Santander, específicamente en zona rural del municipio de Chipatá, en la vereda Llano de San Juan. Allí fueron encontrados tres cuerpos en alto estado de putrefacción.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, un residente del sector se encontró el cuerpo de un hombre, quien al parecer era su hermano. Según el relato entregado por el familiar, la víctima, al parecer, llevaba más de diez días desaparecida. A pocos metros, fueron hallados los otros dos cuerpos.

Al sitio acudió personal del CTI de la Fiscalía en compañía de la Policía para realizar el levantamiento de los tres cuerpos, dos hombres y una mujer cuyas identidades hasta el momento no han sido reveladas.

Los tres cadáveres, de acuerdo con versiones preliminares, estaban semienterrados y con varias heridas en diferentes partes del cuerpo. Así mismo, según las primeras pesquisas, una de las víctimas era una persona con discapacidad.

Una vez efectuado el levantamiento, los cuerpos fueron llevados a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el municipio de Vélez, donde les practicarán la necropsia para establecer las causas exactas de la muerte y fecha de la misma. Las autoridades siguen adelantando labores para esclarecer los hechos y los posibles responsables de la masacre.