El Gobierno se encuentra en proceso de planificar la implementación del programa denominado “Programa especial de dotación de tierras a favor de población campesina para la producción de alimentos”. Este proyecto representa la iniciativa de reforma agraria que está en curso.
El propósito de este programa es proporcionar tierras fértiles a los agricultores que carecen de ellas, así como brindarles acceso a servicios básicos como la capacitación laboral, financiamiento para infraestructura y seguridad social, entre otros. Además, busca impulsar la producción de alimentos en el país.
La forma más adecuada para que se logren los objetivos del proyecto es mediante la venta voluntaria de tierras, sin embargo, existe un borrador del decreto presentado por el Ministerio de Agricultura que plantea un plan alternativo. Dicho plan implica la declaración de ciertas propiedades como utilidad pública y de interés social.
De acuerdo con el borrador, el Ministerio de Agricultura tendrá la facultad de identificar áreas prioritarias para la implementación del programa de restitución de tierras, basándose en criterios como altos niveles de concentración de tierras rurales, baja productividad o alta complejidad. En estas zonas, se permitirá la compra voluntaria de tierras por parte de aquellos que estén dispuestos a vender, pero la Agencia Nacional de Tierras (ANT) también tendrá la autoridad de declarar como de interés social y utilidad pública aquellas propiedades que considere necesarias.
“La Agencia Nacional de Tierras podrá, sin perjuicio de la oferta voluntaria de la que trata el artículo 62 de la Ley 2294 de 2023, declarar de interés social y utilidad pública, conforme a las causales dispuestas en el numeral segundo y quinto del artículo primero de la Ley 160 de 1994, los predios que identifique como necesarios para adelantar el programa”.
Es importante resaltar que la declaración de interés social y utilidad pública es una figura que se emplea en situaciones actuales, como cuando se va a construir una carretera o una central hidroeléctrica, y hay individuos que se niegan a vender sus propiedades. En esos casos, existe la posibilidad de que la persona termine expropiada.
De acuerdo con el documento, la declaración únicamente podría llevarse a cabo en áreas prioritarias, con el propósito de eliminar y evitar la distribución desigual de la tierra o promover la explotación de terrenos que actualmente se encuentran desaprovechados o incluso sin cultivar.
“ANT podrá adquirir mediante negociación directa predios de propiedad privada, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública definidos en esta ley, con el fin de ‘beneficiar a los campesinos, personas o entidades respecto de las cuales el Gobierno Nacional establezca programas especiales de dotación de tierras’”
Ante las preocupaciones, Gerardo Vega, director de la ANT, expresó hace unos meses a través de un comunicado que: “Tenemos que ser tan eficientes en el campo como la eficiencia y las posibilidades normativas que tienen los alcaldes en las ciudades. Bogotá ha comprado 10.500 predios para las obras que necesitan, Medellín 5.000 y pico de predios ha comprado, pero cuando se trata del campo nos ponen con normas de hace un siglo. Eso es lo que no puede seguir siendo Colombia, son normas feudales”
Por ahora, los ministerios y las entidades establecieron un comité encargado de recopilar las necesidades de la comunidad en términos de producción de alimentos y el encargado de seleccionar a los beneficiarios que recibirán las tierras. Estas personas podrían ser familias campesinas, asociaciones, cooperativas e incluso juntas de acción comunal.
Cabe destacar que, en este momento, el proyecto se encuentra en fase de borrador, por lo que es posible que haya modificaciones en el proceso y en la estructura del documento.
¿Cómo va a ser la entrega de tierras a los campesinos?
En cada zona prioritaria del país, la ANT establecerá comités de reforma agraria y comités de beneficiarios, donde se determinará a quiénes se les otorgará la tierra y con qué propósito.
El objetivo no es solo entregar la tierra, sino también garantizar su cultivo y el desarrollo próspero de la comunidad. Según el borrador del decreto, se establece que las entidades gubernamentales deben ofrecer servicios sociales básicos, infraestructura física, diversificación de cultivos, mejoras en la tierra, seguridad social, transferencia de tecnología, comercialización, gestión empresarial y capacitación laboral.
Es por eso que, de acuerdo con los pronunciamientos de las entidades, ellos determinarán que los beneficiarios no solo adquieran la tierra y la trabajen, sino que de ahí surjan nuevos planes de vida para los beneficiarios, tales como economía, educación, el regreso del campesinado al campo, el aporte a la cultura y a la paz.
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