La Contraloría General de la Nación reveló 83 hallazgos administrativos en el contrato suscrito entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade, ahora ENTerritorio). Del total de los hallazgos, 25 están relacionados con aspectos fiscales que representan una incidencia económica de 24.140 millones de pesos.
De acuerdo con el informe presentado por el órgano de control, el contrato suscrito en 2016 entre ambas entidades estipulaba que Fonade asumiría la gerencia de la construcción, interventoría, ampliación de capacidad y mantenimiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria a nivel nacional requerida por la Uspec.
Conforme con el contrato, también se acordó la elaboración del ‘Plan Maestro’ para la infraestructura carcelaria, basado en los diseños proporcionados por la entidad contratante. El acuerdo tuvo un valor total de 384.039 millones de pesos.
La Contraloría, de igual manera, señaló que, además de los 25 hallazgos con posibles implicaciones fiscales, se identificaron 34 hallazgos con presunta connotación disciplinaria y 10 con otras incidencias. Por lo que el órgano de control presentó dos solicitudes de apertura de Indagación Preliminar.
La entidad determinó que a lo largo de los seis años de vigencia del contrato, su eficacia ha sido escasa, lo cual constituye una violación al principio de economía establecido en la Constitución Política. Esto ha provocado que no se logre mitigar la grave problemática carcelaria del país, que era el propósito principal de los recursos invertidos.
También se descubrió durante la ejecución de la auditoría que la Uspec no ha cumplido con la disposición y entrega de los insumos necesarios para el inicio de la ejecución de los diferentes proyectos que fueron contratados, demostrando así las debilidades en la fase de planeación que se debieron asegurar desde un inicio.
Indicios de irregularidades fiscales
La entidad también ha cuestionado la situación de 16 proyectos que fueron priorizados por una sentencia de la Corte Constitucional, los cuales actualmente presentan contratos sin entregar, suspendidos o sin estar en servicio debido a la falta de equipamiento y obras complementarias.
Asimismo, identificaron cinco proyectos prioritarios por la Dirección de Infraestructura de la Uspec, Eron Bellavista, con problemáticas similares. Aunque la entidad alcanzó un avance físico del 98%, no se ha realizado la entrega definitiva debido a la falta de elementos necesarios para su funcionamiento; los proyectos de la Reclusión de Mujeres RM Manizales y la Ampliación Cómbita fueron retirados del Contrato Interadministrativo.
“Durante la ejecución de la auditoría se evidencia que la Uspec no ha cumplido con la disposición y entrega de los insumos necesarios para el inicio de la ejecución de los diferentes proyectos”, dijo la entidad.
En relación con el ‘Plan Maestro’ de Infraestructura penitenciaria y carcelaria, ENTerritorio ha incumplido en la entrega del proyecto, limitándose únicamente a proporcionar 80 diagnósticos de los 133 establecimientos existentes. El ente de control señaló la falta de claridad en la formulación definitiva del plan, por lo que la entidad encontró una presunta incidencia fiscal por un valor de 4.704.175.374 de pesos
Entre las obras que se encuentran inconclusas o sin entregar se encuentran las cocinas en las cárceles de Palmira y Cartagena, las cuales ya fueron terminadas hace más de dos años, pero no han podido ser utilizadas debido a deficiencias en la planificación para el suministro e instalación de los equipos necesarios para la cocción de alimentos. Además, existen obras de seguridad que aún no han sido finalizadas, como la construcción de garitas en la cárcel de Bucaramanga, entre otras.
Encontraron hallazgos con posibles implicaciones fiscales debido a deficiencias en la ejecución del componente de mantenimiento de la infraestructura física de los establecimientos, con un valor estimado de 3.561.676.270 de pesos.
“Igualmente, hay situaciones en las que equipos mecánicos y eléctricos han dejado de funcionar por la falta de mantenimiento preventivo, como se evidenció en las plantas eléctricas del EPMSC Cali, EPMSC Barranquilla El Bosque, EPMSC Bucaramanga, la campana extractora del rancho en EPAMCAS Valledupar y aires acondicionados en EPMSC Florencia”, se lee en el comunicado de la Contraloría.
Además, se detectó que diversas plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales no cumplían con los estándares mínimos de calidad y carecían de los permisos necesarios.