Por el crimen de la lideresa social María del Pilar Hurtado Montaño, que conmovió al país ya que su homicidio fue perpetrado frente a su hijo menor de edad, le abrieron un proceso disciplinario en la Procuraduría General de la Nación a Fabio Leonardo Otero Avilés, quien fue alcalde de Tierralta (Córdoba) en el periodo 2014-2019, por no brindar las medidas de protección a la mujer.
El ente de control anunció este fin de semana del inicio de la investigación en contra del exfuncionario, ahora candidato en las elecciones regionales, y de quien fuera su secretario de Gobierno, Willingtón Ortiz Naranjo, porque, presuntamente, desatendieron las denuncias de Hurtado Montaño, a quien le quitaron la vida el 21 de junio de 2019.
“Al momento de su asesinato, Hurtado trabajaba como recicladora y al mismo tiempo lideraba un grupo de personas, especialmente mujeres reclamantes de tierras que para ese momento estaban ocupando un lote en jurisdicción de ese municipio, cuyo propietario era padre del alcalde investigado”, recordaron en el Ministerio Público.
La lideresa había recibido amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidas como el Clan del Golfo, donde a través de panfletos le advertían que atentarían en su contra.
Según establecieron en la Procuraduría, tras analizar el material probatorio que se recolectó y los testimonios de personas cercanas a ese grupo armado, uno de los jefes criminales del mismo ordenó el homicidio de la lideresa, que fue ejecutado por un sicario.
“Hurtado era una lideresa social reconocida por esa administración municipal, que ya había asistido oficialmente al menos a una reunión citada por el alcalde, y no una extorsionista, como habrían tratado de hacerla ver sus verdugos para justificar su muerte”, explicaron.
A los dos exfuncionarios, tendrán que responder por omisión, ya que a pesar de que se les puso en conocimiento de las amenazas, no tomaron medidas para proteger a la mujer. El exalcalde Otero Avilés, además, será procesado por un presunto conflicto de intereses por intervenir, por acción u omisión, en una situación en la que estaba implicado su padre por interés particular y directo, por el predio de su propiedad que había sido invadido.
“Las faltas fueron calificadas de manera preliminar como graves, a título de culpa gravísima, ya que estos incurrieron en una desatención elemental de sus obligaciones y funciones”, agregaron en la entidad.
Asesinan a líder social en Huila
Y es que la violencia se sigue ensañando en contra de estas personas que representan a sus comunidades o trabajan por la defensa de los derechos humanos en Colombia. La víctima más reciente fue Armando Mosquera Trujillo, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Mesa Redonda en el municipio de Tello (Huila).
Quien informó del hecho fue el secretario de Gobierno de la mencionada población, dando aviso a la estación de Policía que habían encontrado el cuerpo sin vida del señor Armando Mosquera de 64 años de edad, por lo que se desplazaron hasta la zona para el levantamiento del cuerpo.
El teniente coronel, Henry Alexander Muñoz Pinilla, comandante encargado del departamento de Policía Huila indicó que: “Nuestras unidades de policía judicial e inteligencia adelantan las investigaciones con el fin de obtener material probatorio y lograr dar con los responsables de este hecho”.
Se conoció que la víctima había terminado de organizar un evento para la comunidad (un bazar o baile) y que había salido en su camioneta a encontrarse con alguien y desde entonces no había regresado, ni volvió a contestar el celular.
Luego de varias horas de no saber de su paradero, salieron a buscarlo cuando fue hallada la camioneta abandonada en un paraje rural de la misma vereda y a aproximadamente a kilómetro y medio del vehículo y a orillas de la vía, se halló el cuerpo sin vida, el cual evidenciaba varios disparos.