Funcionarios de la Alcaldía de Medellín cobrarían comisiones por prestar escenarios de la ciudad para conciertos

Detrás del préstamo de escenarios para espectáculos en la capital antioqueña habría un millonario negocio de corrupción

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Estadio Atanasio Girardot durante el concierto de Bad Bunny.
Estadio Atanasio Girardot durante el concierto de Bad Bunny.

Un negocio millonario tendrían funcionarios corruptos de la Alcaldía de Medellín con contratistas de alto nivel por el préstamo de escenarios deportivos de la ciudad para la realización de eventos y espectáculos. Todo habría quedado en evidencia luego de que el concierto de las estrellas de la salsa, previo a la Feria de las Flores, fuera cambiado del estadio Atanasio Girardot al estadio de Envigado, el Polideportivo Sur.

Aquel cambió representa una reducción considerable en el número de espectadores, debido a que el estadio de Medellín tiene una capacidad para 40.000 personas, mientras que la capacidad del escenario de Envigado es de 20.000.

Detrás de esto habría un cobro de 900 millones de pesos a los organizadores, según lo denunció el diario El Colombiano. Ricardo Leyva y John Sepúlveda, los empresarios del evento, explicaron las razones del cambio de locación a ese medio.

Leyva aseguró que se presentaron todos los permisos necesarios a mediados de enero y recibieron el aval del entonces secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, para la realización del concierto en el Atanasio Girardot. Sin embargo, el funcionario pidió 10 palcos y negoció un patrocinio a cambio de 2.000 boletas en oriental baja.

No obstante, mes y medio después la Alcaldía les informó que con anterioridad le habían dado el visto bueno al empresario Fernando Dussan y les sugirieron que hicieran un arreglo con él para usar el mismo montaje en ambos espectáculos, uno el viernes 28 y el otro sábado 29, y compartir así costos de producción. Pero, Dussan les dijo que para poder realizar el concierto en las fechas programadas le debían entregar 900 millones de pesos en efectivo y por anticipado.

Los empresarios rechazaron esta propuesto y procedieron a buscar otro escenario, llegando así al estadio de Envigado. “Ninguno de los que había comprado boletas rechazó el cambio de sede. Vamos a cumplir con nuestro concierto, estamos prácticamente agotados con un aforo de 20.000 boletas, pero el perjuicio mayor será para los espectadores que iban a comprar boletas más baratas, de 50.000, 80.000 o 100.000 pesos y ya no las pondrán tener por la capacidad inferior que hay. Ahora la boleta de menor valor es de 125.000″, le dijo Sepúlveda al diario mencionado.

Con todo esto la afectada es la ciudad de Medellín, pues ya no acogerá el concierto, que esperaba recoger al menos 500 millones de pesos en impuestos y generar numerosos empleos por aseo y logística en el estadio Atanasio Girardot, sin contar con los empleos indirectos generados al rededor del mismo.

Esta situación no sería nueva. De acuerdo con lo establecido por El Colombiano, este tipo de contrataciones se estaría manejando desde el Centro Administrativo La Alpujarra, por Diana Fonseca, encargada de dar la autorización para que se realice cualquier espectáculo en la capital de Antioquia.

Testimonios recogidos por ese medio apuntan a que personas cercanas a esta mujer y funcionarios de alto nivel de la Alcaldía estarían cobrando comisiones ilegales para autorizar la realización de espectáculos en la ciudad. De igual manera, estarían beneficiando a ciertos empresarios para que puedan realizar sus eventos en escenarios como el Atanasio Girardot.

Uno de los empresarios beneficiados, señalados por El Colombiano, sería el empresario Diomar García, que fue favorecido con el préstamo del escenario mencionado para los conciertos de J Balvin, Daddy Yankee, Karol G y Maluma. Además, ya tiene programado para noviembre el concierto de RBD, allí mismo, al parecer a cambio de que el alcalde Daniel Quintero pudiera subir al escenario en el concierto de Daddy Yankee.

De esta forma, Dussan sería otro de los beneficiados; en contraste, un grupo de empresarios se quejó de que no recibe el mismo trato por parte de la Administración distrital.

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