A juicio los dos militares que no aceptaron responsabilidad por ‘falsos positivos’ en Dabeiba

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 11 de julio de 2022, les imputó cargos a 10 militares por los asesinatos de Estado de 47 personas —los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales— en el municipio de Dabeiba, Antioquia. Ocho de estos aceptaron los cargos y su responsabilidad. Los dos restantes, los coroneles (r) Jorge Alberto Amor Páez y Herley Guzmán Ramírez, no aceptaron cargos y ahora irán a juicio.

Los casos de los coroneles Amor Páez y Guzmán Ramírez están ahora en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP —también conocida como la fiscalía del tribunal de paz—, cuyos fiscales elaborarán el escrito de acusación para llamarlos a juicio. El caso del Guzmán Ramírez llegó a la Fiscalía de la JEP en octubre de 2022, remitido por la Sala de Reconocimiento de la Verdad, mientras que el de Amor Páez llegó el 23 de junio.

Durante todo el proceso, ambos militares se han declarado inocentes por lo que ahora deberán ir a juicio adversarial, como lo contemplan los estatutos de la JEP.

Los ocho militares que sí aceptaron su responsabilidad en los asesinatos de Estado ocurridos en Dabeiba, en cuyo cementerio el tribunal de paz ha adelantado una investigación sin precedentes, exhumando los cuerpos y protegiendo el terreno para garantizar las pesquisas, harán un acto de reconocimiento de responsabilidad el próximo 27 de junio.

Entre 2002 y 2006, en Dabeiba, la Brigada Móvil 11, comandado por Amor Páez, y el Batallón Contraguerrillas N° 79, comandado por Guzmán Ramírez, asesinaron a 47 personas que hicieron pasar por bajas en combate. De estos crímenes de Estado, la JEP vinculó a Amor Páez como responsable de 12 casos, mientras que Guzmán Ramírez fue vinculado a 28 asesinatos.

De acuerdo con lo que la Sala de Reconocimiento pudo evidenciar, las víctimas de Amor Páez son: dos personas sin identificar secuestradas en lugares por establecer; dos jornaleros estacionales de la recolección del algodón oriundos de Barranquilla, que responderían a los nombres de Fredy y Juan Carlos o Juan Alberto, ambos fueron secuestrados en el kilómetro 96 de la vía que conduce a Cambao; Jhon Jarvi Cañas Cano, que fue trasladado desde Medellín el 31 de agosto de 2005; siete habitantes de calle que también fueron llevados desde Medellín hasta Dabeiba; dos hombres afrocolombianos sin identificar y que habrían llegado de Turbo; seis hombres sin identificar, entre los que está un menor de edad, todos trasladados desde Medellín; y un hombre que estaba desempleado, que también llegó a Dabeiba y era oriundo de Medellín.

La JEP advirtió que Amor Páez: “Mantuvo una presión constante sobre su batallón y sobre los suboficiales que él conocía como determinantes de los hechos criminales, con el fin de presentar resultados operacionales y mantenerse dentro de las brigadas móviles con mejores indicadores en el país; saltó la línea de mando cuando lo estimó necesario para garantizar la ejecución de los planes criminales; mantuvo activa la política de estímulos a los autores de los elementos materiales de los crímenes gestionando para sus determinadores viajes nacionales e internacionales con el fin de mantener sólidas sus lealtades”, explicó la JEP.

Amor Páez, además de ejercer presión sobre sus subalternos, también, según la Sala de Reconocimiento, amenazaba a las tropas que no producían los resultados estadísticos necesarios.

La JEP fijó para el 27 de junio la audiencia en la que ocho miembros del Ejército Nacional aceptarán su responsabilidad, de manera pública, por participar en la ejecución de crímenes de guerra y lesa humanidad por desaparecer y asesinar a 47 personas entre 2002 y 2006 que fueron presentadas como bajas en combate e inhumadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba.

A la diligencia judicial fueron convocados el coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas, Hernando Cómbita Salazar (BCG 79); Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26) y dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).

Asimismo, tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y un soldado profesional en retiro del BCG 79: Levis de Jesús Contreras Salgado. La audiencia se dará en el marco del macrocaso nacional (03), que investiga los antiguamente llamados ‘falsos positivos’, con el caso territorial (04) que priorizó la región de Urabá antioqueño y chocoano.

En presencia de organizaciones de víctimas que han participado en el proceso investigativo de la JEP, las instituciones del Estado y la sociedad civil, los máximos responsables deben pasar del reconocimiento escrito que entregaron a la magistratura de la JEP, a uno público ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana.