El 23 de junio, durante el Foro Farmacéutico de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el exministro de Salud Augusto Galán, en representación del Pacto Nacional por un mejor sistema de salud conformado por pacientes, usuarios, trabajadores y actores del sector salud, leyó una nueva carta que le enviaron al presidente Gustavo Petro. En esta le hacen un llamado al Gobierno para construir una reforma a la salud sostenible e incluyente y aprovechar el receso legislativo para lograr consensos.
“Hacemos un urgente llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, para considerar las manifestaciones y expresiones que se realizan a continuación, las cuales tienen el genuino interés de advertir los riesgos que para los pacientes, usuarios, institucionalidad y sostenibilidad de nuestro sistema de salud podrán materializarse, de ser aprobado el texto que hoy se discute”, se lee en la carta.
En la misiva insisten en la necesidad de construir entre todos una reforma a la salud que signifique un avance frente a lo que existe actualmente y que ofrezca el mejor servicio al que tienen derecho los 50 millones de colombianos que hoy hacen parte del aseguramiento en salud. Los firmantes del pacto también reconocen la necesidad de establecer mejoras basadas en la evidencia científica, en la información transparente y en la participación real y efectiva de todas las personas, sin poner en riesgo la vida de los colombianos.
“Los firmantes hemos hecho el planteamiento de realizar un alto en el camino para revisar el proceso y establecer una mesa de trabajo que concerte una reforma al sistema de salud con objetivos claros, evidencia técnica y un plan que contenga metas precisas que se pretendan alcanzar y cuente con los recursos necesarios para lograrlo; que defina los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud y los mecanismos para protegerlos; que demuestre la sostenibilidad del sistema con los cambios que se adopten; que establezca una transición mediante la cual se asegure para los pacientes y usuarios actuales los servicios que reciben y los protegen, y que para proyectarla, discutirla y aprobarla se asegure como ya se ha dicho, una participación amplia, pertinente y efectiva de los diferentes agentes del sistema de salud”
También advierten que es necesario seguir administrando de manera eficiente el sistema y disponer de los recursos necesarios para atender a las necesidades de salud de la población, lo que implica adicionar recursos al sector. Así mismo le piden al presidente aprovechar el receso legislativo para reconstruir el proyecto de reforma de forma consensuada con todos los sectores:
“Queremos retomar ese mismo espíritu para proponerle que aprovechemos este mes de receso legislativo para, entre todos y sin exclusiones, elaborar un nuevo proyecto de reforma a la salud. Uno que signifique un sistema más eficiente, inclusivo y sostenible. Uno que cierre brechas, com ola atención urbana y rural que ha propuesto acertadamente el Gobierno y ofrezca mejores servicios de atención preventiva en salud”
Esta no es la primera carta para Petro
El pacto nacional está conformado por 62 asociaciones, federaciones y gremios de pacientes, de usuarios, de trabajadores, de académicos, así como exministros y exviceministros de Salud y de Hacienda, que el 15 de mayo ya le habían enviado una carta al presidente Petro con sus preocupaciones por la reforma a la salud.
En mayo, advertían que no es claro que la reforma a la salud presentada por el Gobierno nacional contribuya al progreso en el derecho fundamental y más bien pone en riesgo los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho, entre ellos, la libertad de escogencia de los ciudadanos del asegurador y prestador y amenaza los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que establece la Constitución Política.
Además, dieron a conocer 14 puntos que señalan como preocupantes.
“No resuelve los problemas de cobertura y acceso que se presentan en los territorios. Por el contrario, fragmenta y desarticula los niveles de atención, afecta su integralidad, no garantiza la continuidad de los tratamientos de los pacientes y elimina la función de agencia para el paciente, lo cual se traducirá en barreras de acceso para la población”, es uno de ellos.
Otro es que dispersa funciones de agenciamiento y gestión integral de riesgos en diversos agentes públicos, lo cual crea confusión en los roles y las responsabilidades frente a los pacientes y el sistema.
Además, que no garantiza la sostenibilidad financiera del sistema y, por el contrario, rompe la protección financiera que para el Estado significa la unidad de pago por capitación (UPC).
“Conduce a la estatización total del sistema al concentrar la mayor parte de sus funciones en las entidades públicas y desaparece por completo el aseguramiento en salud, para transitar hacia un sistema público de salud”, advierte.
A su vez, que desincentiva la participación privada en la prestación de los servicios, desconoce los esfuerzos en calidad, avance tecnológico, formación del talento humano en salud e inversión, que ubican a Colombia en un lugar destacado de oferta hospitalaria de excelencia.