Imputan a policías que se quedaron cargamento de cocaína que debían destruir

Tres miembros de la Policía Nacional fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por quedarse con una importante cantidad de cocaína que fue incautada y debía ser destruida.

El ente investigador anunció recientemente que se logró identificar un entramado ilegal en el que integrantes de la Policía Nacional y otros ciudadanos habrían hecho un acuerdo para apropiarse de un material que fue previamente incautado.

Se trata de un cargamento de clorhidrato de cocaína que las autoridades decomisaron y la Policía tenía orden de destruir.

Sin embargo, en vez de acatar la orden, los tres policías imputados idearon un plan para que una parte del cargamento de cocaína no se quemara y posteriormente comercializarla.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al patrullero en retiro Osley Antonio Triviño Noreña por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y falsedad ideológica en documento privado.

Así mismo, fueron imputados el patrullero retirado Hernán Soto Borrero y al intendente (r) Alexander Sánchez Ramírez el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Al proceso también fueron vinculados los ciudadanos que hacían parte del entramado de corrupción para quedarse con el material.

Los particulares fueron identificados como Juan Ramón Torres Echeverry, dueño de la ladrillera donde se destruiría el cargamento de cocaína, y Pedro José Lozano Fuentes, trabajador del lugar. Ambos son señalados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por su parte, Efraín Antonio Moreno Sánchez, también trabajador de la ladrillera, fue imputado por falsedad ideológica en documento privado y favorecimiento.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el 8 de junio de 2020 dos uniformados recibieron la instrucción de quemar 987 kilogramos de estupefaciente en una ladrillera ubicada en San Pedro, Valle del Cauca.

Sin embargo, en vez de ejecutar la orden al pie de la letra los ahora procesados, al parecer, pactaron con el dueño del establecimiento incinerar la mayor cantidad de los bloques de cocaína y dejar por fuera 97 kilogramos para posteriormente comercializarlos.

Según los elementos de prueba recolectados por el ente investigador, para evitar ser descubiertos, los involucrados decidieron acondicionar los hornos en los que se incineraría el material, de tal manera que parte del alcaloide no se quemara.

En los videos y fotografías que los funcionarios deben aportar como prueba de que los procedimientos se ejecutan a cabalidad, así como en las actas correspondientes que deben entregar acerca de lo que se realizó en la diligencia, quedó acreditada la supuesta destrucción de todo el cargamento de cocaína incautado.

Pese a que los policías tenían todo calculado para evitar ser descubiertos, no contaban con la llegada de una patrulla de Tránsito y Transporte de la misma institución a la ladrillera donde supuestamente se había quemado el estupefaciente.

Los uniformados de la unidad de Tránsito llegaron justo cuando los policías imputados se disponían a retirar los paquetes de cocaína de los que se habían apropiado en un vehículo.

Para evitar ser descubiertos, los miembros de la Policía Nacional abandonaron rápidamente el lugar, pero dejaron en la ladrillera varios bloques del alcaloide que no habían incinerado, así como una motocicleta. El hallazgo llevó a que se iniciara una investigación para establecer por qué había droga intacta en el sitio y eso provocó que finalmente se esclareciera lo ocurrido.

Es de resaltar que, pese al material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, los imputados no aceptaron los cargos; es decir, aseguraron que no son responsables de lo que se les acusa.