Estos son los micos que el Gobierno le colgó al proyecto de adición presupuestal, según la oposición

Al finalizar la tarde del jueves 22 de junio el Congreso de la República aprobó en segundo debate la adición del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023 por $16,9 billones de pesos. Con esta, el presupuesto asciende a los $422,5 billones, cifra 4,2% superior al monto aprobado en la Ley 2276 de 2022 ($405,6 billones).

El proyecto de ley, como estaba previsto desde un comienzo, tiene como fuente principal de financiación el recaudo derivado de la reforma tributaria para la Equidad y la Justicia Social (Ley 2277 de 2022). En este orden de ideas, el ministro destacó que gracias al trabajo conjunto del Congreso de la República y el Gobierno nacional, estos recursos se destinarán a la reactivación económica, en programas de gasto que es viable ejecutar durante el segundo semestre del presente año.

Los recursos adicionales previstos, advirtió el ministerio, son el resultado de la revisión de recursos ciertos para adicionar gastos ciertos, y en este sentido la caída del precio del Brent, la disminución de las importaciones y la desaceleración de la actividad económica son hechos fehacientes de la necesidad de hacer una adición responsable y orientada hacia la reactivación económica.

“La adición es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal”, señaló el ministro Ricardo Bonilla, quien acto seguido advirtió que “en un escenario de desaceleración del crecimiento del PIB, como el que prevén la mayoría de los analistas y el Banco de la República para 2023, es viable aumentar la inversión pública para contener la pérdida de dinamismo de la actividad productiva. Ello es coherente con la regla fiscal, norma diseñada para que la dinámica del gasto público sea contraria al ciclo económico”, indicó Bonilla el viernes 23 de junio de 2023.

No obstante, algunos miembros de la oposición, del Centro Democrático y de Cambio Radical, denunciaron tres micos ante la ciudadanía, que esperan no pasen en el siguiente debate.

Uno de ellos lo denunció la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, con relación a los excedentes que haya en materia de salud en los departamentos y municipios, los cuales podrán ser destinados a estrategias de atención primaria mediante la creación de equipos básicos e intervenciones colectivas.

“Quieren votar a media noche este mico dentro la adición presupuestal. Violan la autonomía regional al tomar recursos de los departamentos y municipios. Además usan los recursos de la salud en hacer política. Hoy el sistema de salud está desfinanciado en 10 billones de pesos”, señaló la senadora Valencia, declaración citada por Blu Radio.

Este mico, para tenerlo en el radar, es una inconsistencia frente a la cual Acemi ha hecho varias denuncias, advirtiendo que el sistema de salud está a muy poco de quedar desfinanciado en Colombia. De hecho, el gremio de las EPS le mandó ayer mismo una carta al Congreso y el Gobierno pidiéndoles que reconsideren el monto de dos billones.

Un segundo mico tendría que ver con dos parágrafos incluidos en el artículo que destina un billón de pesos para el sostenimiento de los sistemas integrados de transporte masivo en el país. Según la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas, estos parágrafos obligarían a renegociar los contratos en perjuicio de los operadores privados que actualmente manejan el sistema en ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga.

A este respecto, la alcaldesa Claudia López dijo este viernes 23 de mayo que las bancadas de oposición al gobierno se quedaron solas a este respecto, lo que es inadmisible.

“Anoche, en el Congreso de la República, por fortuna poco a poco algo va cambiando. En el Senado fue Cambio Radical y el Centro Democrático quienes se quedaron solos con 17 votos y 60 a favor de que sí se renegociara, porque aquí hay gente que entiende. Señores de estos partidos no pueden seguir fregando a la gente. El transporte público lo usa la clase media, trabajadores humildes”, advirtió Claudia López, quien añadió que las mesas de negociación se harán con los entes territoriales, el Ministerio de Transporte y el acompañamiento de la Contraloría General de la República.

Vale referir que, como lo indicó el ministerio, de los $16,9 billones aprobados en la adición, $9,1 billones se presupuestan en inversión; $7,3 billones en funcionamiento y $500.000 millones en servicio de la deuda. De este modo, la inversión totaliza $83,2 billones, 5,2% del PIB, 19,5% más que lo presupuestado en 2022 ($69,7 billones).