Más de 500 plataformas de derechos humanos alertan sobre las deficiencias de los últimos cuatro gobiernos en materia de paz

En noviembre de 2023, Colombia se enfrentará a una evaluación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, para determinar su desempeño en la protección de los derechos humanos. Para este examen, el Estado deberá presentar un informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones hechas por los 193 países miembros de la organización. Sin embargo, más de 580 organizaciones sociales elaboraron un informe alternativo que indica que el país sigue con la misma tendencia negativa de los últimos 15 años.

Esta prueba a la que se someterá a la Nación es conocida como el Examen Periódico Universal (EPU) y tiene como objetivo evaluar la situación de protección de los derechos humanos en el país. Lo creó la ONU como una herramienta para mejorar la garantía de estos derechos a nivel mundial.

El documento alternativo elaborado también por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), Colombia Diversa y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Paiis) destaca una serie de hallazgos, principalmente durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), y ofrece recomendaciones para la actual administración de Gustavo Petro.

La vocera de la plataforma Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Yomary Ortegón Osorio, habló para Noticias Caracol, en donde recalcó que los últimos cuatro periodos presidenciales de Colombia mantienen una constante en la violación de derechos humanos:

“La situación en Colombia es grave. Es un acumulado de 15 años de los últimos gobiernos, pero lo que más le llamamos la atención a la actual administración es que tiene la oportunidad de cambiar, que identifique los aspectos más críticos en la valoración de los derechos humanos y empiece a actuar”, afirmó.

De acuerdo con el informe alternativo, desde 2018 se registraron retrasos y casos de corrupción en la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc en 2016. Según el documento, hasta el 9 de diciembre de 2022, se reportaron 361 asesinatos de firmantes del acuerdo. Además, se destaca que la Misión de Verificación de la ONU señaló que la reincorporación de quienes efectuaron la rúbrica enfrentarán desafíos considerables, como la inseguridad, así como aspectos económicos y sociales.

Las organizaciones también hablan sobre el trabajo que hace la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Consideran que hay avances y se abrieron, aproximadamente, diez macrocasos:

De igual manera, hicieron énfasis en que a lo largo del gobierno Duque se hizo mal uso de los dineros destinados para la aplicación de los acuerdos. “Durante el empalme con el nuevo gobierno se encontraron graves indicios de distintas formas de corrupción, pues los gastos registrados no tenían ninguna relación con la implementación del acuerdo y agotaron la mayor parte de las fuentes dispuestas para su implementación”, sostienen las organizaciones.

En cuanto al conflicto armado, el informe señala que las recomendaciones hechas por la ONU en 2018 no fueron acatadas por Colombia y provocó que “entre 2018 y 2022 el conflicto armado en el país se intensificara, generando una grave crisis humanitaria”. De acuerdo con la recopilación hecha por las organizaciones, en al menos 15 regiones del país “las comunidades étnicas y campesinas han sido las principales víctimas”.

Adicionalmente, el documento da cuenta de que en los últimos cuatro años el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc expandieron su presencia y control territorial. En ese sentido, las organizaciones piden a la nueva administración nacional que “pueda disminuir progresivamente los recursos para seguridad y defensa e incrementar los recursos destinados a la implementación del Acuerdo y otros programas que garanticen condiciones de dignidad para las comunidades, inclusión social de género y reconciliación”.

Las organizaciones concluyen que a pesar de los anuncios hechos por el gobierno de Gustavo Petro en los 10 meses de gestión, “Colombia sigue teniendo una gran deuda en materia de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el EPU”. Esperan que, con el cambio de posturas ideológicas con las que llegó Petro al poder, se puedan reducir las brechas en todos los aspectos, especialmente en materia de paz.