No se discutirían las reformas a la salud y pensional en las sesiones extraordinarias en el Congreso

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha sugerido al presidente Gustavo Petro que las reformas de salud y pensiones sean debatidas después de la finalización del periodo legislativo, el 20 de julio, y no durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno en el Congreso del 22 al 24 de junio.

Velasco argumenta que es preferible tomar tiempo para abordar estos temas y así asegurar las mayorías necesarias en el Congreso, evitando que los proyectos se hundan por la prisa. Su objetivo es iniciar el nuevo periodo legislativo con entusiasmo y unidad en el Congreso.

Es importante recordar que, según el Decreto 0999 del 20 de junio de 2023, se convocaron sesiones extraordinarias en el Congreso de la República para discutir la adición presupuestal y un proyecto relacionado con el número de diputados en las asambleas regionales. El presidente Petro había expresado que estas sesiones podrían utilizarse para debatir la reforma de salud y pensiones.

Sin embargo, con el nuevo anuncio del ministro del Interior, los proyectos se estudiarán y seguirán su trámite en el nuevo periodo legislativo, es decir, después del 20 de julio.

Esta decisión se tomó considerando lo sucedido recientemente con la reforma laboral, que se hundió por falta de quórum. Por esta razón, el ministro Velasco prefiere que el estudio se realice después del 20 de julio, cuando el legislativo inicie el segundo período de sesiones ordinarias.

Un día después de la finalización del primer período de sesiones ordinarias del año, en el que el gobierno de Gustavo Petro no logró la aprobación de la mayoría de sus reformas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, convocó al Congreso a sesiones extraordinarias.

Mediante el Decreto 0999 de junio de 2023, se especifica que las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo desde el jueves 22 de junio hasta el sábado 24 de junio.

En estos dos días de sesiones extraordinarias, el Congreso se ocupará de estudiar y aprobar dos proyectos.

El primero es la Ley orgánica 330 de 2023, mediante la cual se adiciona un artículo a la Ley 2200 de 2002 para establecer las reglas que determinarán el número de diputados en las asambleas departamentales del país. Aún se desconoce oficialmente la cantidad de diputados que debe haber en cada región.

Además, se contempla el estudio de la Ley 342 de 2023, que adiciona y realiza algunas modificaciones al presupuesto general de la nación para el año fiscal 2023.

La ley de sometimiento y la reforma carcelaria, otros proyectos clave, también cayeron durante el último día de sesiones legislativas al no contar con el apoyo suficiente y ni siquiera poder pasar del primer debate.

Ley de sometimiento a grupos criminales: esta era considerada la herramienta para hacer realidad la política de paz total del Gobierno y pese a que se alcanzó a radicar la ponencia de la iniciativa nunca llegó a discutirse en la Comisión Primera del Senado. “La ley de sometimiento nunca se discutió en primer debate, porque sencillamente no había mayorías para hacerlo. Desafortunadamente, el Gobierno decidió concentrar su fuerza en los proyectos sociales, sacrificando así el resto”, lamentó el senador Ariel Ávila, ponente del proyecto de ley.

El congresista manifestó, además, que hay actores armados ilegales que desean someterse a la justicia, pero que no existe un marco jurídico para ello, porque la ley no fue aprobada, por lo que el conflicto seguirá prolongándose.

Esta iniciativa no puede ser tramitada en sesiones extraordinarias debido a que no fue aprobada en ningún debate de la legislatura que acaba de terminar, por lo que para hacerla realidad habrá que radicarla nuevamente.

Reforma carcelaria: la denominada ley de humanización de la política criminal y carcelaria corrió con la misma suerte. El proyecto era liderado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que advirtió en su momento que de no ser aprobada la iniciativa, las cárceles del país no darían abasto para recibir a los condenados y sindicados.

Según Osuna, el problema de hacinamiento en las cárceles se debe a que en el país se piensa erradamente que mediante el derecho penal se pueden solucionar los problemas sociales. Por eso, planteaba un modelo de justicia restaurativa, que tenía como núcleo a las víctimas y que estas fueran reparadas moral y materialmente por el victimario según el delito cometido, en vez de centrarse en el castigo.

La iniciativa era muy polémica y tenía propuestas controvertidas, como la de dejar al recluso trabajar de día y cumplir su pena de noche. Al final, el proyecto de ley no fue citado a debate y votación, por lo que también terminó hundido.