Luego de que se hundiera en el Congreso de la República el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó el miércoles 21 de junio que el Ejecutivo radicará de nuevo la iniciativa, en la legislatura que iniciará el 20 de julio de 2023.
Desde Ibagué, durante una visita al Complejo Penitenciario de Picaleña (COIBA), Osuna indicó que el proyecto volverá a surtir su trámite, aunque para ello deberán hacerse modificaciones sustanciales.
“Las sesiones ordinarias terminaron, pero el Congreso sigue, el Gobierno sigue. Entonces aquellos proyectos que son prioritarios para el Gobierno del Cambio los volveremos a presentar”, manifestó el titular de la cartera.
En palabras del ministro, la intención es que este proyecto, vital para llevar a cabo lo que se ha denominado la paz total, llegue “más robusto” y pueda ser aprobado por el legislativo. Por ahora, será misión del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, seguir estableciendo diálogos con las organizaciones que demuestren voluntad de negociación.
“Los acercamientos del comisionado de paz con algunas estructuras criminales seguirán al ritmo que el comisionado vaya avanzando. Y en el Congreso de la República seguiremos tramitando el proyecto de ley con esos ajustes que fruto de la deliberación se ha venido teniendo”, afirmó.
Beneficios individuales
Asimismo, Osuna declaró que si bien el proyecto de ley de sometimiento está confeccionado para que sean las estructuras delictivas las que se acojan al mismo, también podría preverse el escenario de que personas que no quieran seguir en una agrupación armada también lo hagan. “Esas leyes ya están vigentes”, remarcó.
Lo que sí es innegociable es que quien quiera verse beneficiado de esta ley, tendrá que confesar sus delitos, además de reparar a sus víctimas y pagar una pena en prisión.
Los encargados de liderarlos en su primer intento, el cual resultó fallido, fueron los senadores Ariel Ávila, de la Alianza Verde, y Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, exguerrillero de las extintas Farc.
El anterior proyecto, que apenas pudo ser radicado en la Comisión Primera del Senado, contemplaba cárcel de seis a ocho años, más cuatro años de pena supervisada. Además de la posibilidad de que los que decidan someterse conservaran el 6% de los bienes que entreguen a la justicia; a manera de incentivo.
Por su parte, los que ya estén cumpliendo su condena, podían pagar 10 años y, del mismo modo, aguardar un lapso de 18 meses de supervisión; lo que se sumaba al periodo de espera para firmar el acta de sometimiento.
Pidió construcción de cárceles a alcaldes
Desde uno de los centros penitenciarios más importantes del país, el ministro de Justicia también hizo un claro llamado a los alcaldes a que se construyan más centros de reclusión, con el fin de combatir la situación de hacinamiento.
“Está la obligación legal, hay un proyecto de Asocapitales para modificar estas cargas, ahí está en el Congreso también. Por ahora, en la priorización de ampliación de cárceles, están Mocoa, Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Riohacha”, manifestó Osuna.
En consecuencia, también le extendió la invitación a los candidatos que buscarán ser elegidos en las elecciones del domingo 29 de octubre que incluyan dentro de sus planes de gobierno estructuras en las que puedan albergar a sindicados; como es la obligación de cada jurisdicción local.
Es por esta razón que, a juicio de Osuna, la ocupación de las cárceles a cargo de la nación ha aumentado.
“El mayor problema de hacinamiento está en esas personas sindicadas no condenadas. Las cárceles nacionales, por convenios, recibimos personas no condenadas; pero hay que recordarles a los alcaldes que entre las obligaciones de los municipios está construir cárceles municipales para sindicados, eso es clave y hace parte de la solución”, puntualizó.