El martes 1 de agosto, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a 25 integrantes del Ejército Nacional que habrían participado en la operación militar llevada a cabo en la vereda Alto Remanso del municipio Puerto Leguízamo (Putumayo) el 28 de marzo de 2022.
En el operativo murieron once personas y otras cinco resultaron heridas. De estas, al menos cinco eran civiles que posteriormente fueron presentadas como guerrilleros abatidos en combate. En ese sentido, los militares presuntamente involucrados serán acusados de los delitos homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en modalidad de tentativa, por lo que también la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento, de acuerdo con un documento conocido por El Espectador.
Dicho expediente también estableció que la audiencia de imputación no se llevará a cabo de manera reservada, aunque será virtual. Un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados profesionales serán los imputados.
Concretamente, los investigados son el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista; el capitán Jorge Erney Mrroquín; el teniente Julián Ernesto Ávila; el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza y los cabo primero Wilmer Leonardo Rodríguez, Wilson Andrés Santamaría Ramos, Cristian Pérez Galindo y Dairo José Arboleda Toro.
Los soldados profesionales que serán imputados en la audiencia de control de garantías son Yeison Rivera Holguín, Carlos Alberto Perdomo Romero, Franky Fabián Hoyos Pérez, Yeizon David Becerra Gutiérrez, Fenancio Noé Anama Escobar, Danilo Quintero Urrea, Wilmer Mosquera Poscué, José Efraín Lectamo Yalanda, Jeisson Rico Soto, Jhon Freddy Hoyos Quiñónez, Róbinson Beleño Herrera, Maycol Mauricio Abril Hernández, José Alexánder Villa Ciro, Luis Ángel Núñez Peña, Santander Licona Ramos, Jhon Félix Badel Correa y Edinson Javier Aguiar.
La investigación cayó en la justicia ordinaria seis meses después de la masacre, luego de la orden de traslado hecha por un juez de la justicia penal militar. Posteriormente, el expediente llegó al despacho del fiscal 150 especializado de Ibagué, Luis Alfonso Cabezas.
Los detalles del operativo
Fue realizado en la mañana del lunes 28 de marzo por hombres que integraban el Batallón contra el Narcotráfico No.3 y murieron once personas que se encontraban en un bazar hecho por los propios integrantes de la vereda. Según el entonces comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, se respetaron todos los protocolos en la operación que, de acuerdo con su versión, no violó el derecho internacional humanitario.
Además, señaló que en las labores de inteligencia hechas durante 15 días se tenían dos blancos identificados: Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias Bruno, y otro sujeto identificado como Managua; ambos cabecillas de la estructura 48 de la Segunda Marquetalia, grupo residual de las extintas Farc al mando de Iván Márquez.
Por otra parte, entre las víctimas del operativo se identificó el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, máxima autoridad del resguardo Bajo Remanso; el presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda, Didier Hernández, y los civiles Ana María Sarrias (esposa Hernández), Jhon Jairo Silva, José Peña, Luis Guerrero, Enuar Ojeda, Alexander Peña, Brayan Santiago Pama, Oscar Silva y Rubén Peña.
A comienzos de junio de 2023, familiares de las víctimas del operativo hicieron un plantón en la sede principal de la Fiscalía para exigir avances en la investigación contra los militares. Durante la manifestación, hubo un diálogo con el fiscal Hugo Tovar, a cargo de la Dirección contra Violaciones a los Derechos Humanos y envió un mensaje de tranquilidad sobre las pesquisas.
Sumado a eso, indicó que el ente de control estaba alistando una solicitud de audiencia de imputación de cargos para acusar a los 25 militares por los delitos ya señalados. En mayo, la Procuraduría también había dado a conocer la apertura de una indagación disciplinaria contra altos mandos del Ejército por presuntas irregularidades en el desarrollo de esa operación.