El Consejo de Estado emitió en las últimas horas un fallo en segunda instancia que condena a la Nación por un caso de falsos positivos.
El hecho se habría presentado en 2008 en el municipio de Santa Rosa de Osos, en Antioquia, donde José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño fueron asesinados por miembros del Gaula del departamento, tras haber sido señalados como integrantes de una estructura criminal.
Según las versiones dadas en su momento, los hombres habían atacado a miembros de las Fuerzas Militares en zona rural del municipio. Sin embargo, familiares de las víctimas decidieron instaurar una demanda contra el Estado, afirmando que las víctimas debían dirigirse a una finca cercana para realizar labores de campo, pero horas después aparecieron abatidos en Santa Rosa de Osos, un municipio con el que no tenían relación alguna.
A pesar de los testimonios ofrecidos por los allegados, el Tribunal Administrativo de Antioquia dictaminó que la solicitud de las familias no procedía por tratarse de una respuesta de los militares a los supuestos ataques de los hombres.
“Concluyó que se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de las víctimas, en atención a que estaba demostrado que dispararon las armas de fuego encontradas al lado de sus cadáveres en contra de los uniformados del Grupo Gaula, razón que provocó que hicieran uso de sus armas de dotación oficial para defenderse”, se logra ver en el fallo del tribunal.
15 años después de ocurridos los hechos, el Consejo de Estado determinó que la Nación sí es responsable por las muertes de los hombres aquel 11 de enero de 2008. Según informó la corporación, José Luis, Héctor y Carlos Mario fueron sacados de sus viviendas con engaños y luego fusilados cuando se encontraban en estado de indefensión.
El caso, que fue atendido por la Sección Tercera del alto tribunal, determinó que las pruebas testimoniales no concordaban con lo narrado en el informe oficial, por lo que llegó a la conclusión de que dicho enfrentamiento fue ficticio.
“Confirmar la simulación del enfrentamiento armado en el que fueron asesinadas las víctimas y la falsedad de lo consignado en el informe de operaciones y en el radiograma, además, permiten corroborar que efectivamente a los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño les implantaron unas armas de fuego al lado de sus cadáveres”, se lee en la sentencia emitida por la corporación.
Dentro de los argumentos dados por los magistrados de la Sección Tercera, los miembros del Ejército Nacional incurrieron en actuaciones arbitrarias, ilegítimas y desproporcionadas, al asesinarlos y reportarlos como abatidos de un enfrentamiento que no sucedió.
Dentro del fallo se ordena declarar como responsable a la Nación, específicamente al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, por ser los autores de las ejecuciones extrajudiciales de los tres hombres en Antioquia. Ahora el ministerio y la institución deberán reparar a las víctimas por daños y perjuicios, mediante una indemnización a las familias.
Dentro de la condena al Estado, también estipularon los magistrados que el Ministerio de Defensa deberá hacer una publicación en un reconocido periódico local del departamento, retractándose de los señalamientos hechos por las Fuerzas Militares sobre los hombres. “Una nota de prensa con base en las consideraciones de esta sentencia, con el fin de que se rectifique la verdadera identidad de las víctimas directas. Dicho escrito deberá informar que la muerte de los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño no ocurrió como consecuencia de un combate entre el Ejército Nacional e integrantes de bandas criminales o de narcotráfico, sino que fue causado por parte de integrantes del Grupo Gaula Militar Antioquia”.