Magistrado que investiga el caso del expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal fue recusado

En las últimas horas se conoció un nuevo giro en el caso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está imputado por presunto soborno de testigos y fraude procesal. Los representantes judiciales de las víctimas recusaron al magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz, integrante del Tribunal de Bogotá, quien debe resolver la apelación que interpuso la Fiscalía General contra la decisión de la jueza Laura Barrera, quien precluyó a favor del exmandatario.

Eduardo Montealegre y Reynaldo Villalba, representantes del senador Iván Cépeda y el abogado Miguel Ángel del Río presentaron recusación contra el magistrado Carlos Andrés Guzmán está por dos puntos centrales: está casado con una asesora de la vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera. Además, fue él quien resolvió una tutela a favor de la Fiscalía y del expresidente Álvaro Uribe, y en contra de las víctimas.

Tomando como base el primer punto, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Andrés Guzmán, está casado con Katerine López -miembro de la Fiscalía General de la Nación-, entidad que tiene interés en este proceso. La compañera sentimental del magistrado no es una funcionaria más de la Fiscalía, sino asesora de la vicefiscal general Marta Mancera, quien ha sido fiscal general por designación del titular Francisco Barbosa.

La Fiscalía General ha hecho causa común con la defensa del expresidente Uribe y los dos fiscales que, por delegación de Barbosa, han actuado en el caso para desestimar las pruebas de la Corte Suprema y de las víctimas contra el exmandatario.

Según los recusantes, el magistrado, al estar casado con un miembro de la Fiscalía, debe apartarse del proceso porque esa institución ha hecho pública su intención de no permitir que el proceso contra el expresidente avance, en contra del criterio de dos juezas de la República y de la Corte Suprema.

El segundo argumento se relaciona con el actuar del magistrado Carlos Andrés Guzmán, quien fue juez constitucional en una acción de tutela interpuesta el año pasado -2022- contra la Fiscalía General dentro del mismo caso del expresidente Álvaro Uribe. Guzmán actuó como magistrado ponente en una decisión del Tribunal que secundó la razón a la Fiscalía para que prosiguiera con la segunda preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe.

Para las víctimas, todo esto impide que el magistrado proceda con objetividad e independencia, porque en la tutela ya conoció y decidió sobre aspectos y lo hizo a favor de la Fiscalía y del imputado exmandatario. Además, para los recusantes, si el magistrado resuelve como hasta ahora, se le abriría el paso a una tercera solicitud de preclusión, garantizando, según ellos, la impunidad, porque la Fiscalía General podría seguir “probando” hasta cuando encuentre un juez que le dé la razón o hasta que prescriba la acción penal.

El miércoles 24 de mayo, el expresidente Uribe dio un nuevo relato sobre los hechos ocurridos con el abogado Diego Cadena. En ellos, negó pedirle reuniones con Pardo Hasche y desmintió lo dicho por el exfiscal Eduardo Montealegre. Asimismo, expresó que en la transcripción obtenida de la grabación hecha por el reloj de Monsalve no se hallaron pruebas “para inferir en mi contra”.

“En 2015 comuniqué públicamente sobre una interceptación que me informó Juan Gómez Martínez –exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia–. La Corte dijo a medios de comunicación que el interceptado no era yo sino Juan Guillermo Villegas, con quien tampoco he tenido negocios como por conjetura lo afirmó la juez”, añadió el otrora presidente de la República.

Uribe también se refirió al papel de Iván Cepeda, quien ha intervenido “para desestimar mi reputación”, la presentación de declaraciones “sin verificar” ante la justicia y para efectuar presuntos engaños a la Rama Judicial.

La intervención de Uribe Vélez es la última de la audiencia previo al cierre de la misma por parte de la jueza Barrera. Ahora, será el turno del Tribunal, el cual decidirá si anula la no preclusión o si, por el contrario, determina que Álvaro Uribe se convierta en el primer expresidente colombiano en ir a juicio.