Denuncian detención sin “causa calificada” de 20 colombianos bajo el régimen de excepción en El Salvador

Ingrid Escobar, representante de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario, informó en una rueda de prensa que por lo menos 20 personas de nacionalidad colombiana han sido detenidas “sin causa calificada” bajo el régimen de excepción en El Salvador, el cual, entre otras cosas, permite procesos de captura sin orden judicial.

“Todos [fueron] detenidos como si fueran miembros de asociaciones ilícitas”, señaló la representante en la conferencia de prensa. Sin embargo, el Gobierno de Nayib Bukele asegura que las personas que se encuentran detenidas hacen parte de grupos pandilleros.

El régimen de excepción en El Salvador fue decretado el 27 de marzo de 2022 para enfrentar a las pandillas del territorio. Esto, luego de que se registrara el asesinato de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo.

Desde entonces, el régimen se ha mantenido en vigencia por más de un año gracias a 15 prórrogas. Para abril de 2023 ya se registraban 66.000 detenciones, de las cuales, la gran mayoría habían sido arbitrarias, según informó Amnistía Internacional. Además, en marzo ya se habían registrado por lo menos 5.082 “víctimas directas” del régimen por violaciones a derechos humanos.

En junio de 2023, el decreto de Bukele pasó por su más reciente debate en el Congreso, donde aprobaron una nueva prórroga de 30 días que pone como fecha final del régimen de excepción el 15 de julio.

“Con 67 votos (de 84) queda aprobada la iniciativa del presidente de la República (...) en el sentido se prolongue el régimen de excepción”, expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, de acuerdo con El Comercio.

Andrés Felipe Castañeda, de 31 años, es oriundo de Cartago (Valle del Cauca) y llegó a El Salvador el 15 de noviembre de 2022 con el objetivo de aprender sobre criptomonedas y así poder ayudar a su familia, que permanece en Colombia. Semanas después de su arribo al país centroamericano, el colombiano fue detenido por autoridades salvadoreñas.

“Andrés fue capturado bajo el régimen de excepción el siete de diciembre de 2022 en el municipio de Soyapango, mientras se encontraba desayunando en un comedor de la localidad. Los agentes captores lo acusaron del delito de agrupaciones ilícitas, aun después de que Andrés les manifestara que viajó a El Salvador con la intención de aprender sobre criptomonedas para, posteriormente, invertir en bitcoin y ayudar a su familia en Colombia”, explicó la organización no gubernamental en Twitter.

Su esposa se enteró de su detención luego de que pasaran varios días sin tener comunicación con él, cuando se contactó con un amigo que lo había acompañado en el viaje. “Fue este quien le informó que su esposo había sido detenido acusado de ser pandillero”, explicó Socorro Jurídico Humanitario.

Sin embargo, de acuerdo con un documento emitido por la Policía Nacional de Colombia, Castañeda no tiene antecedentes judiciales, pero eso no ha servido para que lo liberen. Además, “a pesar de que el Consulado colombiano contrató un abogado privado para ejercer la defensa técnica de Andrés, el joven lleva más de seis meses detenido”, aseguró la organización no gubernamental.

Hasta el momento se sabe que Castañeda fue trasladado al centro penal de Jucuapa, sin importar que la Fiscalía no haya podido presentar pruebas en cu contra que lo incriminen de algún delito. Pero, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador habría impuesto como medida cautelar seis meses más de detención para el colombiano bajo la premisa de poder continuar la investigación. Esta decisión implicaría que Andrés Castañeda tenga que permanecer preso hasta 2024.

“La situación es muy angustiante y muy preocupante; el no saber qué está pasando con la persona con quien convives hace siete años, no saber qué decirle a mis hijos que todos los días preguntan por su papá, el pasar la navidad sin saber nada de él”, expresó Alejandra Muñoz, esposa de Castañeda, a la organización citada.

Dijo que su esposo cumplió años en la cárcel de El Salvador y que hasta el momento no saben cómo está; desconocen si está con vida o no. “Nosotros queremos saber cómo está, no solo yo, sus hijos, sus papás, sus hermanas. Él es una buena persona y no merece estar en una cárcel”, enfatizó Muñoz.

Frente a las diferentes denuncias sobre violaciones a derechos humanos bajo el régimen de Bukele, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) alertó al Estado salvadoreño sobre el uso del decreto para combatir el crimen; dijo que es inadecuado. Además, pidió que se restablezcan los derechos de las personas detenidas.

“La Cidh hace un llamado a adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos y garantías suspendidos y reitera su disposición para realizar una visita al país y colaborar técnicamente en la implementación de los estándares interamericanos de derechos humanos”, señaló en un comunicado.