El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó el martes 20 de junio de 2023 que abrió un incidente de desacato contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, debido a que no ha cumplido con la orden, emitida por un juez, de ejecutar un plan de intervención especial en la ciudad; más específicamente en el sector de Cúcuta con La Paz.
En su decisión, el tribunal departamental también cobijó a la secretaria de Inclusión Social, Isabel Cristina Cadavid Álvarez, y al comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Carlos Humberto Rojas Pabón.
Además de la directora seccional de Fiscalías, Yiri Milena Amado Sánchez y la directora seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Isabel Cristina Patiño Mejía.
Esta zona, ubicada en el centro de la capital antioqueña, se ha caracterizado por sitio de aglomeración de habitantes de la calle, foco de delincuencia, basuras y explotación infantil, por lo que desde las instancias judiciales le ordenaron al mandatario, tomar medidas en el asunto.
En otras palabras, es una de las llamadas “ollas” o el “Bronx” con las que cuenta la ciudad, en la que se expende gran cantidad de estupefacientes. Desde 2020, en medio de la pandemia del covid-19, este ha sido uno de los sitios que más preocupación genera en Medellín, ante las constantes quejas de la comunidad sobre esta vulneración al espacio público.
Y es que, luego de un año de emitido el primer fallo, en el que conminaba a las autoridades a llevar a cabo este plan, no se ha cumplido con la decisión de la justicia, por lo que se tomó la decisión del tribunal de decretar desacato. En caso de que no se cumpla con la disposición, se contemplan las sanciones consagradas en la ley.
A diferencia de Quintero y estos funcionarios, la medida no cobijó a Carlos Fernando Borja, gerente de las Empresas Varias de Medellín, Emvarias, debido a que no se alegó incumplimientos de esta entidad en sus labores de limpieza.
¿Por qué declararon el incidente de desacato?
En junio de 2022, tanto la Alcaldía Distrital, como la Policía, el Icbf y la Fiscalía habían sido conminadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia a que, en un lapso de cuatro meses, debían desmantelar esta zona. No obstante, ha transcurrido un año sin que se haya ejecutado esta disposición, por lo que fueron nuevamente requeridos por la justicia.
Según reseñó el diario El Colombiano, en 2018 se había acabado con el anterior “Bronx”, ubicado en la céntrica avenida De Greiff; pero fue cuestión de meses para que los 500 o 600 habitantes de la calle se desplazaran a la carrera 54, entre calles 56 y 57, en la zona de Cúcuta y La Paz, como nuevo sitio de aglomeración; pero también de delincuencia, drogas y prostitución.
En la actualidad se calcula que serían más de 1.500 las personas que se encuentran en situación vulnerable, quienes aún no han sido atendidas por estas entidades. Con el incidente de desacato hay una nueva advertencia a Quintero, quien todavía no ha establecido un plan de intervención profunda, que no implique solo un traslado de personas.
El citado diario publicó un informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en el que se señala que el 59% de los habitantes de la calle de la capital antioqueña se concentraban en la carrera Cúcuta.
A favor del mandatario y los demás señalados de no cumplir con el fallo judicial, está que este parece ser un problema difícil de solucionar a corto plazo.
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