El cuarto ciclo de conversaciones entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciará el lunes 14 de agosto a días de cumplirse el primer año como jefe de Estado de Gustavo Petro. La posibilidad de un proceso de paz efectivo con el grupo guerrillero para algunos miembros del gabinete presidencial es una realidad que se aproxima, aunque para otros sectores es un retroceso en la seguridad.
Precisamente en un municipio al noroccidente de Nariño se evidenciaron a sujetos con uniformes alusivos a la guerrilla de las Farc patrullando e intimidando a los habitantes. Este hecho ha sido resaltado desde la oposición como producto de las salidas en falso y la permisividad que da negociar con grupos criminales.
Aunque no solo se limitan las críticas por parte de opositores. El secretario de Gobierno de Nariño Andrés Zúñiga indicó en una emisora radial que la implementación del cese bilateral de fuego podría limitar las acciones de la Fuerza Pública en la lucha contra la criminalidad y terrorismo.
“Lo preocupante es que se detiene el accionar de las fuerzas militares que han estado de verdad muy atentas. Yo estoy en permanente contacto con los diferentes comandantes y las autoridades militares y de policía, ellos están atentos a que no se cause ninguna afectación contra la población civil porque entonces sí se genera una reacción de la fuerza pública, sin embargo ese decreto hace que, si no hay un disparo, no se pueda reaccionar, todos sabemos que hasta ahora el alto Gobierno no ha puesto los puntos claros sobre cuál va a ser el mecanismo de la paz total”, mencionó el secretario en los micrófonos de La W.
Zúñiga indicó en la emisora que si estuviese implementado en totalidad el proceso de paz total sería diferente la situación, pero actualmente lo que tienen en las comunidades de Nariño es incertidumbre y zozobra mientras las estructuras ilegales transitan con tranquilidad. El secretario recalcó que los uniformados militares y policiales han hecho lo posible, pero necesitan mayor intervención del Gobierno:
“Vemos que el Gobierno ha mirado con indiferencia de manera reiterativa. Se deben tomar las acciones necesarias (...) nos estamos quedando cortos, necesitamos ayuda del Gobierno Nacional porque sí la necesitamos en el departamento de Nariño”.
Mientras hay escepticismo en algunos sectores sociales por el proceso de paz, por parte de la mesa de negociación del Gobierno hay optimismo. En este caso no es el apoyo exacerbado de los políticos más cercanos a Petro, sino de una figura que representa a la oposición.
José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), resaltó los avances que se han desarrollado y en el punto que se encuentran para iniciar con los mecanismos de implementación del cese bilateral de fuego. Tanto Lafaurie, como su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, han sido críticos del proceso, desde su posición conservadora.
Lafaurie, en una entrevista realizada por El Tiempo, aclaró que el secuestro no está permitido, como tampoco ningún otro tipo de acción en contra de la población civil, por lo que se instalarán Veedurías Sociales que comprueben el cumplimiento por parte de la organización terrorista:
“Además de la Iglesia y Naciones Unidas. Pero aún más, se va a constituir una Veeduría Social que también podrá reportar incidentes, como por ejemplo movimientos de tropas o de columnas del ELN no informados previamente de acuerdo con el protocolo, ¿para qué? Para evitar acciones ofensivas (...) La tropa está en todo su derecho de actuar si no se informa. Al final, el sistema de verificación evaluará los incidentes para establecer si constituyen o no incumplimientos al cese del fuego”.
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