Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura: “Esperamos que en unos 15 días ya esté instalada la mesa de negociación”

En plena pandemia, por 2019, el obispo de Buenaventura decidió bañar al distrito con agua bendita, pero no por el covid, sino para bendecir a sus habitantes ante la escalada de violencia presentada. Dos años después hizo lo mismo, pero desde un helicóptero. En Colombia este hecho pasó desapercibido, pero lo hecho por el jerarca ya era particular y significaba que, en términos humanitarios, la ciudad portuaria estaba en crisis.

En 2022, monseñor Rubén Darío Jaramillo aceptó el hegoogle noroico llamado de ser mediador y acompañante en el proceso de paz urbano entre Shottas y Espartanos, las dos estructuras criminales más grandes del distrito. Desde entonces, se convirtió en pieza fundamental en los acercamientos, siendo el ‘ángel guardián’ de este laboratorio de paz que atraviesa una crisis por falta de institucionalidad, gobernanza y agilidad en el cumplimiento de condiciones para mermar la violencia.

Cuando se pregunta en Buenaventura por el proceso de paz, lo primero que muchos dicen es “hable con monseñor, él sabe todo”. Justamente, el obispo dialogó en exclusiva con Infobae Colombia desde su casa de Bagnoregio. El futuro de los diálogos, el papel de la administración actual, la instalación de la mesa y la crisis humanitaria del puerto fueron los principales temas.

Infobae Colombia: No solo la Iglesia católica ha tenido una influencia muy importante en la tregua, sino la figura suya. Cuéntenos un poco sobre ese papel suyo dentro del proceso de paz urbano.

Monseñor Rubén Jaramillo (M.R.J): El papel de nosotros como Iglesia siempre es el de ser mediadora y pacificadora. Nosotros no somos negociadores porque no tenemos nada que negociar, no nos toca. El que negocia es el Gobierno y nosotros cumplimos esos dos puntos en todo el país y lo está haciendo toda la Iglesia, no solo yo. Por ejemplo, con el ELN estamos acompañando el proceso (de paz). Con las Gaitanistas –Clan del Golfo– estamos tratando de generar que el Estado colombiano se siente con ellos y que haya un proceso similar al del ELN con ellos. ¿Por qué? Porque en Colombia la Iglesia genera credibilidad y les genera confianza a unos y a otros; por lo tanto no es que la Iglesia se meta a eso, sino que es llamada a colaborar.

Nosotros ante eso lo que hacemos es aceptar pensando, primero, en el bien, salvar vidas y en todo lo que va contra la dignidad humana. Para nosotros, la convicción es que tiene que haber una salida negociada al conflicto y no violenta. Se puede hablar de militarización y de un aumento de la fuerza pública pero es que eso ya se ha hecho y no ha dado tan buenos resultados: ha habido excesos y a veces el remedio sale peor que la enfermedad. Por eso hay que intentar otra salida y es lo que está intentando este Gobierno, pero nosotros no le estamos ayudando a ellos sino al país para que pueda tener una posibilidad de futuro. Eso es lo que nosotros entendemos por paz: de que los jóvenes tengan opción más allá de solamente la cárcel, entrar a una banda criminal, que los maten o no hacer nada. No. Buscamos que tengan condiciones y eso implica muchas cosas, entonces no es simplemente estar sentados mirando que dos actores dialogan, sino proponer y aportar para el mejoramiento de las comunidades.

Eso es lo que hemos hecho en Buenaventura con los Shottas y Espartanos, acompañarlos en una etapa que es de generación de confianza. Eso también es denominado como laboratorio de paz. Creímos que iba a ser uno o dos meses mientras se establecía una mesa de negociación, pero esta etapa se ha alargado desde el mes de septiembre (2022) tratando que estos grupos mantengan la luz de la esperanza y que vean que la salida negociada es lo mejor para ellos y para una sociedad que está demandando paz y rechazando todo tipo de violencia. Porque la comunidad no le está copiando, están hasta aquí –señalando su frente–, y es la propia comunidad donde ellos viven. O sea, son su familia, su gente, sus amigos porque se criaron aquí; las bandas de aquí no vinieron, están aquí, son de aquí, y si dicen querer a su tierra natal deberían tener una muestra de que sí lo están haciendo y es brindando paz a esta comunidad.

Desde el primer día que hablamos dijimos “los acompañamos pero pedimos un signo de paz, o más bien de buena voluntad”. Les pedimos que pararan las muertes e inicialmente accedieron y desde ese momento disminuyeron los homicidios, el índice de muertes violentas bajó bastante. Hubo reducciones del 70, a veces del 90 y hasta del 100%. Fueron ocho meses en los que se reactivó la economía, bajaron también los delitos de alto impacto y las fronteras invisibles se quitaron. Ahora, desde marzo, por unos problemas internos volvió otra vez el conflicto y en este momento estamos en un punto complicado. Pero a pesar de eso todavía son menos –las muertes violentas– que hace un año.

Desde finales de año el Gobierno actual se ha atribuido como un logro de esa administración la tregua entre Shottas y Espartanos y todo lo relacionado con el proceso de paz urbano aún cuando sectores sociales y la Iglesia misma están liderando los acercamientos. ¿Qué opinión le merece eso?

M.R.J.: Que el Gobierno nacional ha tenido mucho que ver con eso. Lo que pasa es que la gente no conoce porque los diálogos han sido privados, no clandestinos. Entonces la gente no entra a los diálogos además porque nadie ha podido dialogar con ellos porque son criminales y normalmente esas conversaciones se hacen privadas. Generalmente son los líderes con el Obispo o con un delegado del Alto Comisionado. Ahí no han entrado empresarios, ni el Distrito, ni militares ni la sociedad civil. Es una cosa de la Iglesia. Ellos (los líderes de las estructuras) se han reunido conmigo y con el comisionado de Paz. Entonces la gente no conoce internamente, pero para poder apoyar estos nueve meses, hubo unas acciones que desde el Gobierno nacional nos ayudaron a gestionar.

Por ejemplo, se hicieron varias entregas de mercados, se están construyendo unas canchas con recursos y demás, pero todo es con gestión de la Iglesia aunque con recursos del Estado, la comunidad internacional y entidades como las cajas de compensación familiar. Algunos puertos han puesto algún dinero para otras obras y en ese sentido cada vez hay más entidades que quieren apoyar el proceso porque saben la importancia que significa el hecho de que el puerto se calme. Sin criminalidad este puerto sería un paraíso por las condiciones, la ubicación, la gente, los recursos. Entonces la gente que sabe eso invierte porque puede que por ahí le suene el palito.

Eso quiere decir que ha visto buena disposición de los privados en contribuir al proceso de paz

M.R.J: Han querido pero no saben cómo. ¿Por qué? Porque todavía no hay una negociación. Entonces en esa fase del proceso unos y otros ponen, pero hasta ahora no ha habido eso, solo gestos de buena voluntad de ellos.

¿Y qué más falta para que haya una negociación?

M.R.J.:Que se instale la mesa. Esperamos que en unos 15 días ya esté instalada acá en Buenaventura.

¿Qué tanto cree que puede influir el cambio de gobierno local luego de las elecciones de octubre en el proceso?

M.R.J.:Es que ese es el origen del problema: la falta de gobernanza y de institucionalidad. Es decir, en los barrios gobiernan son las bandas, son las que deciden quiénes construyen y quiénes no, quién entra y quién no. Ellos son los que mandan, acá el Estado no viene. No hay inversión social, no hay desarrollo, no hay oportunidades. Ahí no hay nada más que hacer. Si hubiera gobernanza nada de eso pasaría, pero acá la gente no denuncia, les da miedo, hay una desconfianza absoluta. Entonces la gente negocia con los bandidos o se van, o los matan y así es muy difícil. Por eso hay negocios que ya no están, porque la gente no aguanta. Trabajar pa’ los bandidos es muy difícil.

Desde hace varios meses volvieron a demarcarse las fronteras invisibles en algunos barrios. ¿Qué tanto puede afectar eso al proceso?

M.R.J.:Un robo, una extorsión, una frontera, un desplazamiento o una desaparición genera violencia. No es solo matar, pero nosotros –la Iglesia católica– le estamos apostando a que las cosas se puedan dar por el mecanismo del diálogo y si el Estado logra empoderar, creemos que puede ser una buena opción a futuro.

¿Qué más considera que falta por parte del Estado para que llegue a buen puerto el proceso de paz?

M.R.J.: Que se apruebe la ley de sometimiento. Es fundamental la aprobación del proyecto de sometimiento a la justicia por parte de los grupos delincuenciales porque ese es el marco jurídico y con eso la negociación tendría valor. Mientras tanto esta mesa va a ser más de buena voluntad y de que la sociedad los presione, pero llega un punto en que eso se revienta. Tiene que haber un Estado duro, que diga “o cumplen o vamos por ustedes y les cobramos todo lo que deben”, pero no se les puede dar ningún beneficio jurídico que es lo que le interesa a ellos. Puede haber, eso sí, beneficios sociales y seguramente haya empresarios que decidan apoyar.

Yo creo que el tema es más integral: debe ser jurídico, social, político y económico porque a esos muchachos hay que darles posibilidad de estudiar, capacitarse, crear empresa e impulsar proyectos.

¿Realmente el Distrito de Buenaventura está preparado en materia de orden público para recibir la mesa de diálogo?

M.R.J.: Es que no sabemos dónde va a funcionar porque muchos de los negociadores van a estar en la cárcel, así que habría que ir hasta las cárceles. Puede ser... Es que el lugar no importa, lo importante es que las decisiones de la mesa se respeten. Si se hace aquí o en otro lado no es tan importante, lo que pasa es que el distrito no tiene credibilidad en algún actor –armado– , entonces la gente quisiera, más bien, que no estuvieran, porque no generan confianza; así que no hay una situación en que la Alcaldía sea clave.

¿Usted tiene línea directa con los líderes de las dos estructuras?

M.R.J.: Sí –asintiendo–

¿Y ellos qué le han dicho recientemente sobre el futuro del proceso de paz?

Que quieren hacer una negociación de paz y que quieren que eso salga bien para beneficio de ellos, de sus familias y de la comunidad de Buenaventura; pero tampoco quieren irse del territorio y tampoco quieren dejarlo desprotegido para que venga otro grupo y se apodere. ¿Que llegue otro grupo y los maten? Eso sería peor, que llegue el ELN, o la Segunda Marquetalia, o la –columna– Jaime Martínez –de las disidencias– o los paramilitares y narcotraficantes.

Porque eso es lo que ha pasado: el Estado negocia con un grupo, salen del territorio y ahí mismo llegan otros a extorsionar. Eso es lo más difícil y fue lo que pasó con las Farc, que donde antes estaban ellos ahora hay cinco grupos peleando.

¿Qué tan cierto es que hay integrantes de los dos grupos delinquiendo en zonas rurales del distrito para evadir la tregua?

No, todos están aquí. Los líderes no están aquí, ellos sí se fueron por miedo, pero los demás siguen ahí. ¿Para dónde se van a ir? Tienen Todo Buenaventura. Para el campo no se van a ir porque allá está el ELN y ellos no se van a meter en eso.

¿Qué tan debilitado o fortalecido ve el proceso de paz urbano?

Es que, primero, no se puede hablar de tregua... Bueno, en cierto sentido sí a modo de gesto de paz parando las acciones armadas entre ellos; pero no hubo un acuerdo firmado ni un acto simbólico donde se comprometieran con el Estado colombiano a parar la guerra. De hecho eso es lo que falta y le estamos caminando es a eso. Tambíén la gente quisiera todo ya, y no entienden que son procesos. Primero era acercanos, conocernos, generar confianza entre ellos, demostrar que sí se podía y se pudo; lo que pasa es que esos procesos son largos y todo el mundo quiere eso para ya. Llevamos diez meses en esto y para mucha gente es mucho tiempo, cuando el presidente anunció la Paz Total pensaron que eso era ya. Entonces si a alguien le robaban un reloj o el celular dicen “¿Cuál es la paz de ustedes? Mentirosos”... Ay, Dios.

¿Sí me entiende? Entonces lo que falta es hacer pedagogía. Segundo, esta etapa sigue en pie. La idea es que en 15 días pasemos a la fase sociojurídica pública, en la que va a haber compromisos públicos. Ya no será internamente entre ellos sino directamente con la comunidad y será esta la que va a verificar. Esa es la etapa que estamos buscando.

Pero de todas maneras hay una demora en la instalación de la mesa

Se había demorado esperando la ley de sometimiento, pero como parece que el trámite va a ser largo acordamos buscar un mecanismo para sentar una mesa porque no aguantamos más. Yo ya estoy desgastado en esto, porque no son solo las bandas sino la misma comunidad. Entonces la gente dice “vea, Obispo, ¿Cuál paz?” que porque le robaron la casa o el celular, pero podemos negociar en medio de la guerra y en medio de la paz. En este caso estamos negociando en medio del conflicto, sí, hay disminución de la violencia. Las balaceras asustan mucho a la gente pero es que es complicado. La gente cree que porque están negociando ya hay paz.

La idea es que la ley de sometimiento, cuando entre en vigencia, incluya temas como Jóvenes en paz para que les den un dinero si estudian y trabajan; o sea, que el Estado ofrezca oportunidades y ahí sí el que se acogió, se acogió. Creemos que por ahí es la salida.

Mientras tanto la Iglesia y usted siguen con el acompañamiento a pesar del desgaste que usted acaba de mencionar

Claro, es que esta es una decisión de misión. La misión de nosotros es esa: acompañar las comunidades y facilitar. El día que los grupos no quieran a la Iglesia, nos vamos, pero mientras nos llamen seguimos y el Gobierno ha dicho “necesitamos a la Iglesia” y los grupos dicen “sin la Iglesia no negociamos”. Y nosotros estamos ahí, prestando un servicio, y seguiremos acompañando el proceso, escuchando y tratando de salvar vidas. Eso es lo que nos interesa por ahora.

¿Qué tanto depende el proceso de paz de la Iglesia católica y de su papel como acompañante?

El proceso de paz depende de tener claridad en la normatividad. Cuando se tiene eso hay una ruta y el Gobierno quiere pero no sabe cómo llegar allá. Está tratando con la iniciativa de la ley de sometimiento, pero está difícil, eso no significa que el objetivo no se siga buscando y le estamos ayudando al Gobierno y dándole ideas a ver por dónde nos metemos. Es una construcción y depende que todos nos unamos en el país y esa es la única manera.

Pero si la Iglesia decide desistir del acompañamiento...

Ah no, es que la Iglesia no va a hacer eso. Nosotros no estamos por interés económico o político o por las elecciones o porque nos van a dar contratos, no nos interesa. Estamos con un compromiso de misión que es trabajar por la paz. Entonces no nos van a quitar de ahí, pero si no nos llaman a la mesa no vamos. Incluso, ahora que se establezcan las mesas pueda que la Iglesia no esté. Petro nos dijo que íbamos a estar en todos los procesos, él lo ha expresado y hasta ahora ha pedido que estemos en todas partes. Pero si no nos llaman no vamos y seguiremos trabajando por la paz de otra manera.

Nosotros siempre estamos del lado de las víctimas, porque me interesan ellas, acompañarlas y que no se sientan solas.

¿Los líderes de Shottas y Espartanos le han hablado sobre una supuesta presencia de estrcuturas como el Tren de Aragua o cárteles mexicanos en Buenaventura?

Yo no he escuchado nada de trenes de Aragua. Hay gente que se quiere meter acá al territorio, todos quieren meterse porque Buenaventura es clave, hay intereses. ¿Pero que ellos estén aquí? No, solo están los grupos que hay acá. Claro, la guerrilla y la Jaime Martínez se la pasan en Pueblo Nuevo. El ELN ha estado por aquí en la zona de carretera y por el Bajo Calima, pero todas quieren tomarse Buenaventura.