Se habría perdido más de medio billón de pesos de la pensión de los militares, en una posible inversión que nunca dio fruto

De acuerdo con los datos de la Contraloría, tras ocho años, el supuesto edificio que se haría con ese dinero, ni siquiera ha arrancado su construcción

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Foto de archivo. Contraloría investiga detrimento de Cremil. REUTERS/Luis Jaime Acosta
Foto de archivo. Contraloría investiga detrimento de Cremil. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Hacia el 2015, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) cerró un supuesto negocio de la transferencia del dominio de 14 lotes ubicados hacia la calle 100 con carrera 7ª en Bogotá, para la construcción de unas supuestas oficinas que serían entregadas en el 2019, en ese momento el valor de ese terreno exilaba en unos 250.000 millones, pero en el estudio que realizó Asolonjas en 2022 dejó en evidencia que con el tiempo que el detrimento ha aumentado, ya que en la actualidad ese espacio tiene un valor promedio de 543.000 millones.

Hoy ese espacio se encuentra abandonado y el dinero nunca entró a la cuenta de la Cremil; es decir, el fondo tuvo una pérdida de casi medio billón de pesos y este sería uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha tenido que afrontar la institución.

La Contraloría mencionó sobre este tema que el error comienza desde la entrega de los terrenos en ese momento, sin que hubiera una garantía de que se iba a ejecutar el proceso de forma honesta parte del titular del Fidecomiso, que es la Administración América Centro de Negocios, cuyo vocero fiduciario es Itaú, bajo el título de Aldea Proyectos, como lo mencionó la revista Cambio.

“El daño total, real, cuantificable y presente supera los 577.000 millones, que se configura por el menoscabo patrimonial de Cremil, causado por un negocio jurídico mal hecho cuando se transfirieron los derechos reales de propiedad de los 14 lotes sin una garantía real o personal que compensara el riesgo de incumplimiento por parte del fidecomiso. En suma, Cremil transfirió el derecho de dominio a cambio de una mera expectativa. El daño se consolidó y la Contraloría no va a permitir que se juegue con el patrimonio de los retirados, por eso esperamos que el Gobierno tome cartas en el asunto porque todos los anteriores administradores de Cremil estarían implicados”, dijo el contralor delegado para el sector Defensa, Luis Eduardo Parra.

En este sentido, y como resultado de la investigación, la Contraloría anotó que este no se debe solo a la buena fe, sino que también hay que tener otros factores en cuenta como la negligencia, los intereses particulares (hay que mencionar que el fondo no tiene permiso de cerrar este tipo de negocios); es por eso, que como mencionó el medio anteriormente citado: “La investigación vincula a varios gerentes de Cremil y hasta a quienes han participado del consejo directivo de la entidad en los últimos ocho años, pues existen responsabilidades administrativas, fiscales y penales que se configuran en 20 hallazgos identificados”.

A la perdida de los 14 lotes se le suma que las multas impuestas al Fidecomiso no han sido pagadas, ni siquiera ha ido pasadas a cobro coactivo. La situación es preocupante y reprochable, pues una de las conclusiones es que los únicos que perdieron fueron los retirados de las Fuerzas Militares, ya que los intereses del colectivo y los beneficios de sus ahorros se pusieron en riesgo y actualmente los que deben solucionar la situación son las autoridades, que según revista Semana procederán a investigar los implicados de forma individual, además, de buscar la mejor forma de recuperar parte de los fondos perdidos.

“El Plan Parcial tiene vigencia hasta el año 2024, y existe como ya se mencionó, la publicación por parte del Distrito, del proyecto de decreto de modificación del Plan Parcial de Renovación Urbana “El Pedregal”, el cual permitirá la finalización del proyecto y la obtención por parte del CREMIL de las 16.819 m2 de área comercializable de la torre 2 y 289 parqueaderos. Así mismo, CREMIL se encuentra gestionando dentro de los términos legales, la obtención del pago de las multas establecidas en el contrato”, se lee en el comunicado del fondo de pensiones.
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