El viernes 9 de junio, el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron el acuerdo de cese al fuego bilateral de carácter nacional y temporal por seis meses. El hecho fue calificado por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, como un hecho histórico, pues nunca esa guerrilla había acordado un mecanismo tan extenso con el Estado.
Al respecto, el funcionario mencionó en su columna de opinión publicada en El Tiempo que en nueve meses de negociación con la guerrilla activa no se habían logrado tantos acuerdos, alcance y procedimientos; sobre eso, calificó que lo pactado en La Habana durante el cuarto ciclo de la mesa de diálogos es “un hito para la apuesta de paz integral del presidente Petro”.
En esa medida, Rueda mencionó en el texto que el proceso con el ELN es un ejemplo de que sí es posible terminar el conflicto armado en Colombia por la vía del diálogo y a través de la atención a la población excluida históricamente. “La paz pasa también por el fin de la estigmatización y persecución política, el respeto por los derechos humanos y la ley internacional. Debemos insistir y persistir en el diálogo: conversar, escucharnos todo lo que haga falta, encontrar salidas para transformar el país, acordar y cumplir”, dijo el comisionado sobre eso.
Por ello, reiteró su llamado a convocar un Acuerdo Nacional, misma iniciativa hecha por congresistas como Iván Cepeda, integrante del equipo negociador del Gobierno nacional.
De otro lado, el alto comisionado resaltó que el cese bilateral con el grupo insurgente permite la eliminación de “la zozobra de la guerra” y la participación de actores sociales y civiles, especialmente quienes padecen la guerra interna en zonas rurales, como campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes; y recordó un informe hecho por la JEP sobre los ceses pactados con cuatro estructuras ilegales: la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), el Estado Mayor Central (EMC) y el Clan del Golfo (antes de su levantamiento el domingo 19 de marzo).
Dicho documento, publicado por la Jurisdicción Especial para la Paz el 25 de mayo, indicó que durante el primer trimestre del año la disidencia de las antiguas Farc y las Acsn cumplieron con el mecanismo.
En ese periodo, fueron registrados 24 hechos violentos entre esos actores armados (y el ELN, con el que no se concretó un cese) y agentes del Estado. Esto, para la JEP, significó una baja casi a la mitad, pues en el mismo periodo de 2022 se presentaron 44 y en 2021, 64.
Vale mencionar que en el informe no se tuvo en cuenta hechos violentos como el ataque a una patrulla de Policía en Tibú y el asesinato del comandante de la estación de El Tarra (Norte de Santander) a manos de un francotirador. En ese departamento hay alta presencia del ELN y algunos grupos residuales de las extintas Farc.
El alto comisionado, en la columna titulada ‘Proteger la vida es proteger el corazón’, dio a conocer que el proceso de alistamiento del cese con el Ejército de Liberación Nacional ya inició, así como la creación de las medidas de verificación. El cese, de acuerdo con lo pactado entre las partes, tiene la opción de extenderse a medida que las conversaciones avancen. Así las cosas, auguró que el objetivo es que ese mecanismo se extienda hasta que la mesa llegue “a feliz término”.
Asimismo, ratificó que el cese no interrumpirá las operaciones adelantadas por la fuerza pública, mismo mensaje que transmitió Cepeda días después de culminado el tercer ciclo en La Habana. “Las Fuerzas Armadas seguirán cumpliendo a cabalidad con su deber durante el cese del fuego, como lo ratificó el general Herder Fernán Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares”, manifestó el alto comisionado.
Finalmente, el funcionario dijo que habrá una recuperación del Estado de derecho en Colombia si se retiran las armas del ejercicio político y de la protección de las economías ilegales y mencionó que “en el corto plazo”, diferentes acercamientos pasen a escenarios de diálogo en mesas de conversaciones de paz.